El drama del comercio minorista

El robo o el asalto a un pequeño comercio ya no es noticia entre nosotros. Por desgracia, es un hecho tan común que los medios de comunicación tienden a ocuparse del tema en los casos en que se cometen delitos de sangre. Así y todo, noche a noche los noticieros de televisión muestran a algún comerciante minorista o a un empleado golpeado o malherido relatando con voz nerviosa las circunstancias en que su local fue escenario del delito y los peligros que debió afrontar. Por lo general los entrevistados terminan diciendo que evalúan abandonar su actividad dados los riesgos que corren.

Esta actitud de temor está extendida en el conjunto de los comerciantes según lo revelan los resultados de una "encuesta de victimización 2011-2012" divulgados días atrás por la Cámara Nacional de Comercio.

Un primer dato impresionante que surge de esa investigación es que la mitad de los comerciantes consultados cree que él en persona o su local sufrirán algún tipo de delito en los próximos meses en tanto un porcentaje similar se declara inseguro en su lugar de trabajo. Como consecuencia de ello el 87% adoptó medidas de prevención consistentes en su mayoría en cámaras de seguridad o sistemas de alarma con respuesta, así como en la colocación de rejas o contratación de guardias, a un costo promedio anual de unos 15.000 dólares.

Otra conclusión relevante de la encuesta es que el 85% cree que las autoridades no han adoptado aún las medidas adecuadas para reducir la criminalidad. Los comerciantes responsabilizan al gobierno (30%), al Poder Judicial (28%) y a la Policía (23%). Con relación a esta última insisten en que falta vigilancia y presencia policial en las calles.

También inquieta saber que el 64% de los encuestados dice haber denunciado el delito sin que en la mayoría de los casos la pesquisa policial diera algún fruto.

Coincidentemente con la realización de esta encuesta, pequeños comerciantes afiliados a Cambadu mantuvieron encuentros en distintos barrios montevideanos con el jefe de Policía, Diego Fernández, un contacto personal valioso en donde, con espontaneidad y franqueza, plantearon las quejas a las autoridades con un reclamo unánime para que se aumente la presencia policial y la represión contra la venta de pasta base. Al respecto cabe elogiarles a los jerarcas policiales su disposición a escuchar el sinnúmero de críticas y demandas planteadas en esos encuentros.

De Cambadu precisamente partió una idea que está a consideración del gobierno. Se solicita que los comerciantes víctimas de delitos puedan postergar, sin ser multados, ciertos pagos ante oficinas del Estado como el Bps y la Dgi, una medida indemnizatoria que podría incluir sus obligaciones ante las empresas estatales. Aducen entre otras cosas los mayores gastos que tienen debido a las medidas de seguridad que deben financiar y a las decisiones que les reducen las ventas pero adoptan para mitigar los riesgos, como por ejemplo la reducción del horario de atención al público para evitar los peligros de conservar abierto el servicio por las noches.

Aunque es comprensible que pidan algún tipo de ayuda del Estado es difícil imaginar en qué forma puede definirse quiénes serían los beneficiarios de ese sistema y cómo se calculará la magnitud que deberá tener el auxilio que se les brinde en cada caso. La inquietud está en manos del gobierno que, según se anunció, está analizando el planteo de Cambadu para darle a la brevedad una respuesta.

Según el Observatorio de Violencia y Criminalidad del ministerio del Interior, de las 12.639 rapiñas que se denunciaron el año pasado en la capital, 2.282 se perpetraron en establecimientos comerciales, una cifra que da cuenta de la importancia del flagelo que acosa a los comerciantes. No puede extrañar entonces el nerviosismo que recorre las filas de este gremio que agrupa a almaceneros, baristas y autoservicios a lo largo de toda la ciudad.

Ellos cumplen una valiosa función como comercios ubicados "en las cercanías", vale decir próximos a la gente y constituidos en piezas importantes en la vida cotidiana de los barrios en donde están asentados. El pequeño comercio tradicional, el minorista, es en definitiva una "pyme" que contribuye a dinamizar la economía con su oferta y sus precios competitivos. Corresponde velar por su supervivencia hoy amenazada por una delincuencia que los acosa de manera permanente.