Guambia

El gobierno que nos gobierna no ha mostrado ser capaz de controlar el delito que, día a día, gana terreno en el país.

En pocos años los uruguayos hemos perdido mucho. Y lo hemos aceptado en silencio, casi con resignación, como algo natural.

Perdimos el derecho a dejar un auto en la calle. Primero nos rompían el vidrio para robarnos la radio. Ahora nos llevan el auto.

Perdimos el derecho de andar por la calle con tranquilidad. Antes solo debíamos cuidarnos de los pungas en el ómnibus. Ahora nos roban en la puerta de casa. A la salida de los colegios. Al salir o llegar al trabajo. Mientras hacemos las compras.

Perdimos el derecho a sentirnos seguros en nuestras casas. Hace rato que no hay cerrojo, reja, alarma o cerca electrificada que nos ponga a resguardo de los delincuentes. Hay copamientos. En los barrios no se ven policías. Y los que delinquen ya perdieron el respeto a la autoridad. Saben que la Policía no llega o llega tarde.

Perdimos el derecho a saber que nuestros hijos y nietos están seguros. Que nadie les va a amenazar por la calle para robarles un celular, o 200 pesos. Que no volverán a casa descalzos, porque alguien le robó sus championes a pleno día. Que no llegarán sin sus libros, que alguien les quitó para comprar droga.

Perdimos el derecho de comer afuera. Porque alguien puede entrar, como a La Pasiva, y emprenderla a tiros contra la persona equivocada. Porque uno puede tener la mala suerte de que el restorán en el que cena haya sido el elegido de esa noche para la plata fácil. Porque una buena velada puede terminar en un velorio.

Y perdimos, hace rato, el derecho a que una competencia deportiva sea justa. Por lo pronto, el Ministerio del Interior es quien decide dónde y cuándo se juegan los partidos del fútbol uruguayo. Lo hace de un modo simple, aunque irracional. El que tiene la hinchada más violenta, los barras bravas más temibles, es beneficiado. Se le hace jugar siempre como visitante en el Estadio Centenario. La Policía no permite que Nacional y Peñarol visiten algunas canchas mientras todos los demás equipos deben jugar en todos lados. Los que no generan incidentes son los más perjudicados por un sistema perverso diseñado para que la Policía la tenga más cómoda.

Si en la zona del estadio de Cerrito, antes de empezar un partido, un policía es agredido, la Policía resuelve que en ese estadio no se juega más. ¿Es razonable? ¿Cuál es el mensaje? A esa zona la Policía no va, porque no es segura. ¿Y entonces? ¿Qué pasa cuando en esa zona no se juega al fútbol? ¿La Policía tampoco entra? ¿Y los vecinos? ¿Quedan desamparados?

¿Hasta cuándo la Policía será quien determine dónde se puede jugar y dónde no? ¿Cuándo volveremos a un sistema en el que cada quien determine dónde desea jugar y la autoridad policial asuma su responsabilidad, que es la de brindar seguridad?

¿O llegará el día en que la Policía establezca que no debemos vivir más en tal o cual zona de Montevideo, porque no pueden garantizarnos que allí estaremos seguros?

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