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Mientras aprende a compartir las cosas buenas y malas de la comunidad en que vive, el hombre también descubre de cuantas maneras puede desvirtuarse esa organización colectiva. Porque igual que los seres vivos, los sistemas políticos pueden gozar de buena salud o caer enfermos. Esa diferencia permite medir sus grados de fortaleza o debilidad, calcular sus posibilidades de futuro y distinguir entre dolencias inofensivas o contagiosas. Como puede observarse en un repaso a la historia de los pueblos, un sistema político -es decir, el cuerpo de normas que rige un estilo de vida, un ejercicio de la autoridad y un manejo del Estado- no es infalible ni perfecto, pero tampoco es indestructible. Puede enfermarse y comenzar un ciclo de decaimiento cuando sólo respeta la letra de las leyes pero no su espíritu, cuando antepone el interés de la casta dirigente a las necesidades del bien público, cuando las iniciativas oficiales se desprestigian por la torpeza de su aplicación, cuando un servicio comunitario es inutilizado por la maraña burocrática o cuando los valores a defender figuran en el discurso pero no en la práctica.
Claro que la enfermedad de un sistema puede tener etapas incipientes, donde la afección apenas asoma en un marco de estabilidad y concordia, pero no debe olvidarse que en ese período -como en el origen de tantas lesiones físicas- lo que surge con síntomas menores y poco alarmantes, puede desarrollarse hasta constituir una crisis mayor que compromete a la totalidad del organismo y es capaz de condenar al cuerpo que la sufre. Por eso el ejercicio de la política, como garantía del sistema que representa, debe estar atento ante la aparición de indicios que pueden delatar una dolencia mayor, debe combatirlos sin perder tiempo y sobre todo debe cuidarse de no cometer el error de atacar al mensajero que los anuncia, maniobra en la que incurren algunos países regionales cuya legalidad es más aparente que real.
En el caso uruguayo, lo que puede afectar la marcha de la democracia, la imagen de las funciones que cumple y la relación de los ciudadanos con el sistema -es decir, la enfermedad incipiente- consiste por ejemplo en los contrastes entre la proclama verbal de los gobernantes y la insegura aplicación que tiene en los hechos, como ocurre con tantos emprendimientos impostergables y sin embargo aplazados: el refuerzo de vigilancia para enfrentar una desbordante inseguridad, la reparación de decenas de locales de enseñanza inhabitables, o la oleada de pobreza callejera que desmiente las estadísticas oficiales sobre su reducción.
Los síntomas también radican en el pesado mecanismo del Parlamento y en la sensación de ineficiencia (o en el debate inconducente) que transmite ese poder, habitualmente estancado en más deliberaciones que conclusiones y más enredado en el juego político que en los reclamos del entorno. Al descubrir que las declaraciones de los jerarcas no se reflejan en la realidad que invocan (y mucho menos la resuelven), el observador comprueba los quebrantos del sistema y los riesgos que puede correr si esa tendencia persiste o se acentúa.
Dicho camino de la política nacional se extiende a la gestión municipal en el caso montevideano, que es la más ineficaz y abrumada de promesas incumplidas en la historia departamental.
Porque allí la quinta administración a cargo de la coalición de gobierno no ha sabido, no ha querido o no ha podido solucionar los desafíos que encara, desde la terrorífica circulación de carros hurgadores hasta la falta de semáforos en las esquinas, la escasez de alumbrado, la educación vial de peatones y motociclistas, entre otros temas igualmente pendientes en cultura, espacios verdes, arbolado callejero o limpieza de la capital.
La consecuencia de todo ello es la pérdida de credibilidad y de prestigio en la conducción de los asuntos públicos, incapaz de devolver al ciudadano la confianza en el sistema y dar al contribuyente la respuesta que merece por los impuestos y demás cargas que paga. Sólo restaurando los valores maltrechos y la vitalidad operativa, puede defenderse la salud del sistema e impedir que con el tiempo deba ser trasladado del ambulatorio al CTI.






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