Libertad: investigan a tres guardias por ingresar arma

EDUARDO BARRENECHE

Tres guardias del Penal de Libertad son investigados por ingresar el arma usada para matar al guardia Óseas Pintos. En tanto, una investigación ordenada por el juez Pablo Misa, sobre otro caso, constató contactos entre presos y un legislador.

Un guardia del Penal de Libertad dio datos a integrantes del Departamento de Inteligencia Penitenciaria (DIAP) sobre los nombres y el procedimiento utilizado por los policías para ingresar la pistola a ese establecimiento carcelario, dijeron a El País fuentes policiales.

En la mañana del viernes 20, el guardia Óseas Pintos y un compañero fueron hasta la celda del recluso Eduardo Brasil para trasladarlo hasta la visita. El preso extrajo el arma y disparó en la cabeza de Pintos y a la pierna del otro guardia. Luego fue ultimado por otros policías.

Según las fuentes, tanto los guardias que ingresaron el arma como Brasil fueron pagados por traficantes con el objetivo de desestabilizar el sistema carcelario que cuenta con una elevada tasa de hacinamiento.

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, reconoció que grupos de presos y algunos policías podían tener como objetivo cambiar la actual política de cárceles.

A partir del asesinato de Óseas Pintos, los guardias del Penal de Libertad y del Comcar suspendieron las visitas, lo cual incrementó la presión al sistema carcelario. Dos días más tarde, al mediodía del domingo 22, guardias cortaron la visita en el Centro Metropolitano Femenino y poco después estalló un motín allí. El miércoles 25, unos 1.160 presos del Comcar se levantaron y destruyeron los módulos 4 y 5.

Durante los incidentes resultaron heridos policías y presos. Cinco internos resultaron con lesiones supuestamente provocadas por golpes de la guardia. La golpiza es investigada por la jueza penal Gabriela Merialdo y la fiscal Diana Salvo. Uno de los presos terminó con quebraduras en varios miembros, señalaron las fuentes.

Tanto los policías como los presos ya fueron revisados por equipos del Instituto Técnico Forense (ITF).

Al día siguiente del motín, un recluso fue ultimado de un "puntazo" por otro interno en el Módulo 2 del Comcar, afirmaron guardias de ese penal.

Pese a que el servicio médico del Comcar caratuló la muerte del preso como suicidio, en la interna policial se maneja el caso como un ajuste de cuentas entre reclusos.

Las fuentes señalaron que es poco verosímil que una persona se mate con un puntazo en el pecho y que el arma no apareciera incrustada al cuerpo.

GRABACIONES. El edil e integrante del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Colorado, Andrés Ojeda, presentará hoy viernes una denuncia penal contra el ex coordinador del Área Metropolitana, Eduardo Pereyra Cuadra, por no denunciar la existencia de una supuesta vinculación entre parlamentarios de la oposición y narcos alojados en el Penal de Libertad. En el texto de su denuncia, Ojeda señala que Pereyra Cuadra, en varias oportunidades, dijo que tenía grabaciones y mensajes de textos que vinculaban a un parlamentario de la oposición con traficantes.

Ojeda recordó que Pereyra Cuadra tenía la obligación de denunciar hechos de apariencia delictiva porque era un funcionario público.

La fiscal Diana Salvo solicitó a la jueza Gabriela Merialdo que cite a Pereyra Cuadra para que explique su punto de vista sobre el motín que destruyó dos módulos del Comcar. En el caso ya declararon otros jerarcas del Ministerio del Interior y policías.

Las grabaciones a que hacía mención Pereyra Cuadra se enmarcan dentro a una investigación en curso ordenada por el juez de Libertad, Pablo Misa.

El magistrado dijo ayer a El País que la investigación en el Penal de Libertad comenzó hace unos 45 días y se originó sobre "un hecho delictivo supuestamente menor".

Misa no especificó cuál es el delito ni si son narcos las personas escuchadas por el DIAP. Sin embargo, señaló que no se trata de ingreso de armas ni de drogas al penal.

Por su parte Pereyra Cuadra declinó hacer declaraciones sobre estos hechos.

Sirpa creará nuevos hogares en interior

n La creación de nuevos hogares para alojar a adolescentes con medidas privativas en el interior del país fue anunciada ayer por el presidente del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), Rubén Villaverde.

En una conferencia sobre menores infractores organizada en el Hotel Radisson Victoria Plaza por la Embajada Mujeres de América, Villaverde señaló que ha recorrido los departamentos de Lavalleja, Maldonado, Paysandú y Soriano para buscar lugares para esos centros de baja seguridad, y agregó que un funcionario está dedicado a esa tarea. "La idea es que un menor, que deba cumplir una internación por un delito de escasa entidad, no sea derivado a la Colonia Berro, donde hay internos con otro historial", dijo Villaverde a El País.

Agregó que el sistema actual está al borde de su capacidad. "No tenemos lugar para un colchón más", indicó.

El fiscal de Menores Gustavo Zubía dijo que el actual sistema de minoridad "carece de un formato" porque no establece condenas mínimas para los principales delitos. En tanto, el también fiscal de Menores Gilberto Rodríguez abogó por la creación de un tribunal de apelaciones para adolescentes. En este momento los casos apelados van a un Juzgado de Familia. "El tema de los adolescentes infractores es una materia que debería tener atención", dijo