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Por desavenencias, solo una candidata tuvo el apoyo mínimo
DANIEL ISGLEAS
La ausencia de acuerdo político para integrar la dirección del Instituto de los Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, un organismo creado por ley en 2008, obligó a la Asamblea General legislativa a postergar tres semanas la decisión sobre cuales de los treinta y dos candidatos serán finalmente ungidos.
De todos, apenas la abogada Ariela Peralta -directora del Programa para la Región Andina, Norteamérica y el Caribe del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, con sede en Washington- logró en esta instancia superar los 2/3 de apoyo requerido en la Asamblea (88 votos) para formar parte del organismo, recibiendo la adhesión de 111 legisladores de todos los partidos políticos.
Ayer, en la Asamblea General hubo dos votaciones. Los legisladores recibieron una nómina con los treinta y dos nombres disponibles y debían estampar una cruz al lado de cinco de ellos.
Tras dos votaciones el recuento mostró la incidencia del desacuerdo porque ninguno de los otros candidatos no solo no alcanzó los 88 votos necesarios sino que ni siquiera se acercó.
Los más votados fueron Juan Faroppa, con 64 (primera votación) y 66 votos (segunda votación), a quien apoyaron los legisladores oficialistas; Mirtha Guianze (63 y 65 votos), votada solo por el Frente Amplio; Guillermo Maciel (57 votos y 32), que tuvo el respaldo de blancos y colorados; Juan Raúl Ferreira (con 51 y 32 votos), votado por blancos y colorados; Marcos Israel (con 47 y 28 votos), apoyado por los tres partidos de la oposición; y Mariana Blengio (50 votos y 32 votos), quien recogió la adhesión de blancos y colorados.
El bajo registro en la segunda votación se debió a que la bancada del Partido Nacional, menos el diputado Javier García, se retiró de sala antes de votar. Pero en la próxima instancia, que será el martes 8 de mayo, bastará con que haya mayoría absoluta de integrantes de cada Cámara, es decir 50 diputados y 16 senadores, en total 66 votos, para que se defina la integración del Instituto de Derechos Humanos.
Al exponer los motivos de su posición, todos los partidos dejaron establecida su voluntad de seguir negociando para la búsqueda de un acuerdo definitivo, aunque en los hechos es algo bastante improbable. El Frente tiene resuelto no bajar la candidatura de Guianze, fiscal con trayectoria en casos de violaciones a los DD.HH., quien es resistida por la oposición.
Blancos, colorados e independientes apoyan, sin embargo, al ex subsecretario de Interior Faroppa, en tanto la izquierda acompaña la candidatura de Ferreira.
Tanto el diputado García como el senador colorado José Amorín (Proba) destacaron en sala que es necesario un amplio acuerdo político para el éxito de la gestión del Instituto, tal como ha ocurrido desde que se nombró con apoyo de todos los partidos el Comisionado parlamentario del sistema carcelario.
García apuntó que si la integración del Instituto nace con el segundo mecanismo, es decir con el apoyo solo del Frente Amplio, "su legitimidad política, que es la base de sustentación representativa de todo el sistema político uruguayo, va a ser bien distinta y las posibilidades de desarrollo también van a ser bien diferentes".
El oficialismo, por intermedio de la senadora Mónica Xavier (PS), apuesta a lograr el máximo apoyo posible al conjunto de candidatos. "Hasta último momento vamos a estar negociando", dijo la legisladora.





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