Las cuentas públicas subestiman registro de déficit en 1,5% del PIB

Horacio Bafico / Gustavo Michelin

Para cumplir con lo comprometido en el presupuesto y asegurar una política fiscal responsable, las cuentas del gobierno deberán registrar un superávit adicional del 1,5% del PIB en el próximo año. Esto se debe a que las grandes emisiones de deuda en Unidades Indexadas (UI) y en pesos a largo plazo que se realizaron en el último año modifican sustancialmente las reglas de juego en el cómputo de intereses. Por lo tanto, si la meta oficial es lograr un déficit del 1,0% del PIB, entonces cuando se analicen las cifras oficiales se debería observar un superávit de 0,5% del PIB.

La deuda en UI y en pesos pasó a representar el 49% del pasivo total que tiene el Gobierno Central en títulos y en préstamos de organismos internacionales al cierre del tercer trimestre del 2012. Esa participación al cierre del 2010 era tan solo 32%, por lo tanto pasó en muy poco tiempo de un tercio a la mitad del total. Como simultáneamente aumentó la deuda del gobierno, la importancia absoluta de lo que debe en moneda nacional adquirió en los cinco últimos trimestres un nivel muy grande y actualmente se ubica en el orden de $ 185.000 millones (US$ 9.500 millones).

ENGAÑOSA. La contabilidad que sigue el gobierno y que se analiza mensualmente tiene como criterio registrar los intereses cuando se pagan. Este criterio contable lleva a una distorsión de la realidad cuando se procura ver el resultado de la gestión del gobierno si la deuda pública no genera pagos de intereses hasta el vencimiento.

Vale la pena explicar con un ejemplo esta situación que coincide con la que actualmente utiliza el gobierno para emitir sus letras de tesorería. Si al gobierno le prestan $ 1.000 y se compromete a devolverlo dentro de tres años, no paga intereses en ningún momento hasta el vencimiento del título en que los cancela todos juntos. Por ejemplo, si la tasa es 10% esto hace que al final pague $ 1.331, o sea, que por intereses acumulados en los tres años hay una suma igual a $ 331. En este caso, a pesar que se originó anualmente una obligación a pagar, la contabilidad de las finanzas públicas no registró el pago de intereses durante los tres años. Como resultado se cargó con un fuerte pago de intereses a las finanzas públicas al vencimiento.

Algo similar ocurre cuando la deuda es emitida en Unidades Indexadas. La tasa de interés de la deuda en UI al cierre de 2011 era en promedio 4,3%. Esto quiere decir que el tenedor de estos títulos de deuda recibe anualmente intereses a esa tasa por los pesos prestados ajustados por la inflación del año.

Lo que no se registra en las finanzas públicas es el efecto de la indexación en el capital que se adeuda. Esto hace que cuando venza el título, el gobierno de turno deba realizar un sacrificio mayor para hacer frente al compromiso. Si consideramos que la inflación para este año es 7,5% entonces en el 2012 los $ 1.000 del ejemplo generaron una obligación al vencimiento igual a $ 75. Este reajuste de la deuda no se mide a los efectos de evaluar la seriedad fiscal del gobierno en 2012 pero es una obligación que se comprometió y ocurrió en ese año.

CUENTA. Ha llegado el momento que la participación de la deuda en UI y en pesos es tal que hay que tomar en cuenta este efecto contable de otra forma. No hacerlo podría llevar a gastar en este año parte de los recursos que se van a necesitar en el año siguiente o cuando venza el título.

También es necesario considerar estos intereses devengados porque las operaciones de canje de deuda del último año generaron obligaciones que se le acumulan al próximo gobierno. Si no se toman en cuenta se podría llegar a la situación injusta de afirmar que un gobierno es más cuidadoso en el manejo financiero que el otro y puede ser justamente lo contrario.

La magnitud involucrada es grande. Un primer número se puede apreciar viendo el stock de $ 185.000 millones de deuda en moneda nacional del Gobierno Central a finales de marzo de 2012. Del mismo, la parte en UI llega a $ 160.000 millones, por lo que si la inflación prevista para los siguientes 12 meses es de 7,5% entonces hay un conjunto de "intereses" no registrados en el próximo año por $ 12.000 millones. A esta cifra se le puede sumar la correspondiente a las letras de tesorería que vencen en más de un año que son $ 25.000 millones y generan una carga de intereses anuales del orden del 10% que no se registra contablemente.

Sumando los dos conceptos se llega a aproximadamente $ 14.500 millones (más de US$ 740 millones al tipo de cambio actual). En comparación con un PIB proyectado para el año en US$ 49.000 millones, representa una carga de intereses devengados y no registrados del 1,5% del PIB. Esto se podría solucionar computando en cada ejercicio una previsión igual a la indexación.