Aristas de un macabro suceso

Ya estábamos los uruguayos suficientemente espantados con las 51 muertes violentas ocurridas en el país en lo poco que va del año, cuando el shock se intensificó con la noticia de los crímenes perpetrados sobre personas absolutamente indefensas, por dos enfermeros, más la complicidad de una enfermera. Hasta la fecha han reconocido 15, aunque según sus propias declaraciones, no pueden precisar ni el número exacto, que seguramente ha de ser mucho mayor, ni la fecha en que comenzaron a decidir, aparentemente por su sola cuenta, quién debía vivir y quién morir.

El macabro episodio que ha acaparado completamente a la atención pública en el correr de la semana, presenta una serie de aristas que van desde lo político a lo moral, desde lo administrativo a lo policíaco, desde la confianza en la medicina y todos quienes están relacionadas con ella, hasta el descrédito y razonables temores, más allá de lo injusta que sea cualquier generalización.

Desde el punto de vista político, es inadmisible que ante la barbaridad de lo sucedido, no haya habido hasta ahora desde el poder alguien que se haya hecho cargo de tamaño escándalo y falta de contralor. Por el contrario, lo primero que se escuchó de parte de autoridades como el vice presidente Astori o el subsecretario Briozzo, fueron manifestaciones de defensa corporativa, insistiendo en que los controles se cumplían y no habían fallas. Otros muy afectos a la verborragia, como el Presidente, hacía mutis por el foro o el Ministro aducía como exculpación, que recién se enteró de lo que pasaba en la sala de un aeropuerto cuando esperaba que lo invitaran a abordar rumbo a uno de esos tantos viajes a los que se muestran tan afectos la mayoría de los integrantes del gobierno. Del actual y del anterior, como si estos periplos no los hubieran criticado duramente cuando los que gobernaban eran otros.

Pasa que se encuentran inmersos en reescribir la historia a su conveniencia, en bucear en el pasado de manera parcializada, (los derechos humanos que importan son solo los de los sediciosos) además de empeñarse en sacrificar la dignidad del país en foros internacionales, (caso Gelman) jugando más en el bando de los acusadores que en el de la defensa, en lugar de ocuparse con seriedad y eficacia de lo que hoy sucede.

Mientras se sigue esperando la renuncia del Ministro Venegas, a la que deberían seguir la de otros varios involucrados, vale la pena recordar otros momentos. Un gesto que haga ver que el Ejecutivo se hace responsable de la mala gestión de la cartera que debe controlar el funcionamiento de la salud, y no solo la pública sino la privada, máxime cuando a partir de la reforma no se puede ni hacer un baño, sin la autorización de la Junasa o no se autoriza el ingreso al país de tecnología moderna y probada en el mundo o el de nuevas vacunas, con argumentos inverosímiles y retrógrados

Cuando era Ministro del MSP, el Dr. Alfonso Varela en el 2003, se clausuraron tres laboratorios luego de constatarse que expedían resultados de exámenes clínicos sin haberlos realizado. A raíz de esta grave situación, el titular de la cartera le presentó su dimisión al Presidente, por más que no fuera él, el encargado de recoger los análisis en persona. Por su parte, la bancada de senadores del Frente Amplio, había anunciado (que diferencia), una moción de censura al Ministro.

Dejando de lado lo que corresponde a la investigación al Ministerio del Interior, cuyo subsecretario, Jorge Vázquez es justamente licenciado en enfermería, por lo que bien debe conocer del tema en cuestión, hay otros aspectos relacionados con estos hechos.

Así como en la educación, la renuncia del secretario de la Federación de Profesores, José Olivera, fue una evidencia más de cómo la política y sus luchas de poder intestino priman sobre los intereses idóneos, incidiendo en su mal funcionamiento, lo mismo se da en Salud Pública en detrimento de su gestión. La rivalidad entre el Ministro, del Partido Comunista, y del Subsecretario, del MPP, cada uno con sus "chacras" y sus pujas, no contribuyen en nada a la calidad del sistema. Otra consecuencia negativa del criminal suceso, sería un retroceso en el avance cultural que supuso la ley de Voluntad Anticipada del 2009, que da a las personas el derecho a dejar establecido su derecho a oponerse a tratamientos médicos que prolonguen su vida en detrimento de la calidad de la misma.