Hipocresía sindical

El ambiente educativo se vio sacudido en los últimos días por la renuncia de José Olivera, secretario general de la Federación de Profesores de Secundaria (Fenapes). Esta salida, que podría ser seguida de otras, va más allá de un simple episodio interno en la vida de un sindicato. Olivera estaba al frente de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza (CSEU), que es el principal interlocutor gremial del Codicen.

La renuncia se da en el marco de un fuerte conflicto interno entre comunistas moderados, comunistas combativos y otros frenteamplistas que no son comunistas ni moderados. El tema que desató la tormenta parece una simple cuestión de agenda: Olivera es partidario de lanzar una huelga docente antes del 27 de mayo, mientras otros prefieren postergarla para después. ¿Por qué es tan importante la cuestión? Porque el 27 de mayo son las elecciones internas del Frente Amplio.

Lo curioso es que estos señores que luchan entre sí por una decisión tan claramente ligada a la agenda interna de un partido político son los mismos que defienden la autonomía de la enseñanza y exigen que los políticos "no se metan".

El episodio muestra una vez más que, en realidad, la política está muy metida en la enseñanza. El régimen de autonomía solo deja afuera a los políticos que dieron examen en las urnas y, por lo tanto, son legítimos representantes de la ciudadanía. Pero quienes quedan adentro, supuestamente portadores de un aséptico saber técnico, están tan politizados y partidizados como ellos. La diferencia es que no están controlados. El efecto final es que aumenta la capacidad de influencia de ciertos grupos políticos muy bien organizados, independientemente de cuál sea su caudal electoral.

En realidad, no hay nada de raro en que la enseñanza se politice. Cualquier ámbito donde exista la posibilidad de controlar, ejercer influencia y movilizar grandes sumas de dinero mediante decisiones administrativas está destinado a convertirse en objeto de puja política. No se trata de ninguna anomalía sino de algo meramente humano: donde hay poder, hay disputa por ejercerlo.

La respuesta más sana ante esta realidad es hacer explícita la puja por el control político, convertir a las decisiones en objeto de debate público y someter a quienes ocupan cargos a un estricto control ciudadano. Justamente por eso, en todos los países democráticos la enseñanza está en manos de un Ministro de Educación que responde ante el Parlamento.

Nosotros, en cambio, seguimos aplicando un régimen de autonomía que es hijo del derecho fascista, mantenemos un sistema de consejos que escapan al control parlamentario y transformamos al Ministro de Educación en un espectador de lujo de lo que ocurre en la enseñanza. El resultado no es que consigamos mantener a la enseñanza a salvo de la politización y de la partidización, sino que las pujas políticas ocurren a espaldas de los ciudadanos y bajo un espeso manto de doble discurso.

Por supuesto, los dirigentes político-sindicales que están involucrados en estas luchas intestinas niegan que la política tenga algo que ver con el asunto y tratan de "enemigos de la enseñanza pública" a quienes lo mencionan. Pero cada día está más claro que los verdaderos enemigos de la enseñanza pública son ellos. A nuestra enseñanza pública no la están atacando desde afuera. La están destruyendo desde adentro.