La seriedad de las cifras y el Estado

Uno de los signos de modernidad del Estado es el avance en el conocimiento y registro detallado de la vida del país. Pero es un signo que precisa de un rigor y de una exigencia de calidad que, lamentablemente, no siempre se verifican.

Para los Estados Unidos, el mayor conocimiento de su economía, con índices y cifras diversas, se produjo luego de la debacle de 1929. Luego, el fenomenal desarrollo de las estadísticas en Occidente avanzó grandemente a partir de los años 50. En todos los casos, la lógica que sustentó todo el movimiento es sencilla: cuantos más datos precisos se tenga de la realidad y más se conozcan, mejor podrá ser la calidad del debate ciudadano por estar más informado; más argumentados aparecerán los diagnósticos de la realidad; y más pertinentes la implementaciones de las políticas.

Sin embargo, no todos los países logran ese nivel de desarrollo y transparencia. Se sabe que China, por ejemplo, opera sistemáticamente a la baja cuando se trata de informar oficialmente acerca de sus gastos militares, y que, por su tamaño, sus cifras demográficas han sido muchas veces aproximativas. También, las dificultades de India para medir su población con cierto nivel de certeza son graves, y las de algunos países de África subsahariana son importantes, no solamente con relación a los datos de demografía, sino con respecto a sus economías. Más cerca de nosotros, la Argentina de la era kirchnerista ha procesado en estos años una conocida y preocupante involución. Hoy, no hay una sola cifra oficial vinculada a la economía de ese país -crecimiento, inflación, endeudamiento, etc.- que sea creíble.

De esta forma, parte de la seriedad de los Estados, con relación a organismos internacionales pero también con sus propios ciudadanos, se juega en el grado de fiabilidad y profesionalismo con el que se procesan sus cifras oficiales. La constatación de episodios que ponen en tela de juicio esa seriedad en nuestro país debe ser motivo de preocupación.

La señal de alarma fue dada por el lamentable proceso del censo de población que se lanzó en 2011. Allí cuando más y mejor debía ser el nivel de exigencia para disponer de cifras fundamentales sobre la situación social, económica y demográfica del país, en realidad se llegó al escándalo de una implementación hecha con total falta de profesionalismo. Seguramente, eso tendrá consecuencias negativas y por mucho tiempo sobre la calidad de los diagnósticos que hagamos sobre el Uruguay.

Pero en estos años también aparecieron dificultades en torno a las cifras oficiales que describen la situación de inseguridad que sufre la sociedad. Ya hace algún tiempo, la renuncia del sociólogo Rafael Paternain al Observatorio de Criminalidad del Ministerio del Interior por un problema vinculado a estadísticas oficiales llamó la atención de todos. Hoy en día, la divergencia que hay entre cifras oficiales de cantidad de asesinatos en el año 2012 y estimaciones privadas sobre base de información de prensa, es de al menos un 20% (las oficiales dicen que hay menos muertos). Finalmente, las cifras sobre la evolución de los delitos omiten un dato esencial. Ellas describen lo que ocurre sobre la base de los delitos denunciados. Pero, en realidad, bien sabemos que no todos los robos ni los episodios de violencia doméstica por ejemplo, son denunciados a la policía. Entre la cifra oficial y lo que de verdad sucede, media entonces una gran distancia.

Finalmente, hay cifras sobre economía que precisan de una presentación más rigurosa. Se anunció recientemente que UTE estimó en 10 millones de dólares el ahorro por el cambio de horario en el verano. Es menos conocido, sin embargo, el porqué de esa cifra y su forma de cálculo. Se dice, muchas veces en base a estimaciones del BPS, que la economía en negro ha evolucionado a la baja y representa menos de un tercio del total. ¿Es realmente así? ¿Sobre qué bases se calcula un dato tan relevante que, por definición, es tan difícil de estimar? Las preguntas pueden extenderse a la salud -la real prevalencia de ciertas enfermedades-; a la educación -la falta de evaluación de algunos programas-; o al asistencialismo -la incapacidad de medir impactos reales de ciertas políticas sociales-.

Precisamos ser mucho más exigentes con las cifras oficiales. Es una cuestión de Estado.