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Prostitución VIP. La jueza Gatti enviará esta semana el pedido de extradición a Argentina
RENZO ROSSELLO
Si bien aún no llegó el pedido formal de extradición a Argentina, el abogado uruguayo que defiende al empresario Leandro Santos comenzó a diseñar con él su estrategia. La investigación avanza en paralelo sobre otros posibles involucrados.
Mientras se procesa por canales formales el pedido de extradición del representante argentino de modelos Leandro Santos, la Dirección General de Crimen Organizado e Interpol continúan investigando el caso de prostitución VIP. Otras ramificaciones de esta red constituyen ahora el foco de la investigación que desarrolla esta unidad especializada de la Policía, tales como la posible participación de otros empresarios del país vecino en estas actividades.
El abogado Jorge Barrera, designado en Uruguay para defender a Santos, viajó esta semana a Buenos Aires para entrevistarse con su cliente y diseñar la estrategia que seguirán una vez que el empresario argentino deba comparecer ante la jueza especializada en Crimen Organizado, Graciela Gatti. De momento, Barrera se excusó de formular cualquier tipo de declaración en torno al caso, aduciendo que "primero queremos ver en qué términos se formula el pedido de extradición por parte de la doctora Gatti".
La magistrada especializada había librado hasta ahora tan solo la orden internacional de captura contra el agente de modelos, pero la solicitud de extradición supone una presentación argumentada y extensa sobre las razones por las que ordena la detención en calidad de indagado en una causa que lo vincula con actividades de los otros dos uruguayos ya procesados, el seudo relacionista público José Miguel Acosta, y R.R.D., titular de un servicio de acompañantes, ambos remitidos por proxenetismo y trata de personas. Santos espera en libertad el inicio formal del proceso de extradición, sobre el que deberá entender un juez federal argentino, quien podrá o no compartir los argumentos de la jueza uruguaya.
Fuentes de la Dirección de Crimen Organizado de la Policía Nacional indicaron a El País que, en tanto se sustancian estas instancias a nivel judicial, los investigadores siguen la pista de otros posibles implicados.
En esa línea, por ejemplo, había quedado vinculado el conocido contratista de fútbol Pablo Bentancur, que declaró la semana pasada ante la jueza Gatti en calidad de testigo. Bentancur aparecía varias veces mencionado en el expediente que contiene numerosas escuchas telefónicas entre los directamente involucrados. Del mismo modo, los investigadores de Crimen Organizado procuran establecer qué papel les cupo a varios empresarios argentinos contactados por los ya procesados y por Santos, a quienes se les ofrecieron los servicios sexuales de jóvenes modelos.
"Todavía no hay nada concreto como para presentarle pruebas a la jueza y dar lugar a otro pedido de extradición", precisó una fuente de la investigación consultada por El País.
El caso volverá a ventilarse en estrados judiciales a partir de este lunes, posiblemente, cuando la jueza Graciela Gatti estampe finalmente su rúbrica en la solicitud formal de extradición que, vía Cancillería, se hará llegar a la Justicia Federal.
Fuentes del caso indicaron que es posible que Santos acepte que algunas de las modelos que representa hayan ejercido la prostitución con clientes de alto poder adquisitivo, pero esgrimirá que esta actividad no es ilegal ni en Argentina ni en Uruguay. El abogado argentino Cúneo Libarona ya había anticipado esta línea argumental en declaraciones a la prensa.
La Operación Blanca arrancó con una denuncia formulada por tres jóvenes modelos en 2010. Desde entonces un equipo del Departamento de Vigilancia de la Dirección de Crimen Organizado e Interpol comenzó a seguir los movimientos de José Miguel Acosta, conocido en el ambiente como "El Negro Miguel". La investigación se consolidó a partir de noviembre de 2011 cuando Acosta y su "socio" eventual, R.R.D., comenzaron a ser seguidos, filmados e interceptados telefónicamente por los agentes de Vigilancia. De ese modo se logró establecer que Acosta reclutaba a jóvenes que se postulaban como modelos para terminar ofreciéndolas como prostitutas VIP. El empresario Leandro Santos fue vinculado en ese contexto.










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