Jueves 27.12.2012, 03:04 hs | Montevideo, Uruguay.

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JULIA RODRIGUEZ LARRETA

Luego de conocida, el 6 D, la resolución de la Cámara Civil y Comercial que extendió la medida cautelar solicitada por el grupo Clarín, suspendiendo la aplicación del artículo 161 de la ley de medios hasta que haya sentencia definitiva, para poder quedarse frente al televisor, había que tener buen estómago. La sarta de falsedades que se escuchaban contra los jueces, contra la Corte, contra la prensa, contra el grupo Clarín, desde la boca de periodistas a la orden, y hasta de labios del propio Ministro de Justicia, el Sr. Alak, quien ha llegado a advertir que se estaba frente a un atentado contra la Constitución, fue algo que daba asco.

Una alucinante demostración del estado de fanatismo y prepotencia que cunde en la esfera de gobierno, donde la misma Presidente fue la encargada de convertir esa instancia judicial, en una tragedia de ribetes homéricos.

Como parte de una propaganda infernal, (pagada con los dineros de todos los argentinos), se llegó a declarar entre otras barbaridades, que el mítico 7 D, armado como tal por ellos mismos, marcaría el verdadero inicio de la democracia argentina. Una burda estrategia de desinformación que indudablemente apunta a crear un falso dilema entre la gente, dado que los embates para amedrentar y presionar a la justicia se encuentran en las antípodas de lo que es un régimen democrático y republicano.

Ocurre que a Cristina Fernández no hay nada que le moleste más que la independencia de los poderes, en este caso el de la Justicia, ya que al Legislativo, por el momento lo tiene dominado numéricamente, entre la representación kirchnerista y algunos adláteres.

La ambición de poder absoluto, del famoso "vamos por todo", es de una marcada afinidad con el reciente visitante presidencial llegado desde el Ecuador, a quien le hemos visto afirmar que él como Presidente, es el Estado. Es el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Y ahora, al ser recientemente homenajeado por la misma Universidad de La Plata, que galardonó a Mujica, a Evo Morales y a Hugo Chávez, Madres de la Plaza, declaró que todos los medios de comunicación deberían ser estatales.

Por más que a la ley de medios el Ejecutivo la haya adornado con la premisa de democratizar la información y facilitar el pluralismo, basta recorrer los canales, pasar el dial o leer como encararon esta noticia ciertos periódicos, para darse cuenta que lo que busca el gobierno es contar con un oligopolio público- privado, que no incomode, ni con las noticias ni con la opinión, y con cadenas de televisión a la orden, para hacer uso y abuso como acostumbra.

Si bien esta historia no ha terminado y faltan todavía otras etapas, los jueces firmantes de la Cámara, María Susana Nujarieta y Francisco de las Carreras han mostrado que no están dispuestos a dejarse manipular por el gobierno, poniendo en evidencia su independencia de criterio y su coraje, (no todos lo tienen) ya que de seguro, el hecho tendrá consecuencias políticas.

En otra sentencia, los magistrados rechazaron a su vez, otro de los embates orquestados desde la Casa Rosada, la recusación masiva a los jueces de la Cámara Civil y Comercial.

Mientras desde el oficialismo parece que se quiere instaurar la idea de que el gobierno está siendo víctima de una especie de golpe judicial -bastante novedoso por cierto- llega el turno de entrar a escena, del juez Horacio Alfonso, a quien la Suprema Corte le indicó, al igual que a la Cámara, que se expidiera sobre la causa antes del 7 de diciembre, para evitar que haya una situación de denegación de justicia.

Pero el magistrado se supone que no dictará sentencia hasta después de la feria, ya que ha argumentado que ha sido muy poco el tiempo, 2 meses, para estudiar el expediente y resolver si Clarín tiene o no razón al plantear la inconstitucionalidad de dos artículos de la ley.

A consecuencia de lo ocurrido, la avanzada cristinista no podrá entrar a los dominios de Clarín, al menos por ahora. Ya la Afsca reglamentó que el Estado puede quedarse con los bienes necesarios para la explotación, sin necesidad de expropiación, ni pago de indemnización.


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