Entre la marihuana y el macaneo

IGNACIO DE POSADAS

En agosto coincidieron una conferencia del expresidente Gaviria sobre los problemas de la droga y el envío de un proyecto de ley referido al tema. Prima facie, daría la impresión de que hay enormes coincidencias entre Gaviria y gobierno, tanto en el diagnóstico como en las medidas a ser tomadas. Una mirada más detenida reduce las afinidades a los pasajes más flojos de los comentarios de Gaviria. Este ocupó la mayor parte de su conferencia en señalar problemas, dejando para el capítulo "soluciones" las formulaciones más vagas, abiertas y dubitativas de su rico y muy colombiano repertorio lingüístico.

Gobierno y Gaviria, parten de la misma premisa, la guerra contra la droga ha fracasado. Para el gobierno es una afirmación evidente, que no requiere de esfuerzo probatorio. Gaviria, en cambio, cita algunos elementos a título de comprobación (que no es lo mismo). Fracasó porque:

1) Hoy hay más consumidores. 2) Hay más presos por la droga en EEUU y 3) Hay más violencia en México. Los tres "hay" son indiscutibles. Pero no puede inferirse de ellos el fracaso de la lucha contra el flagelo. El argumento cae en dos falacias: la clásica del post-hoc ergo propter hoc (si viene después, tiene que ser consecuencia) y la de generalizar. Hay casi tantas guerras contra la droga como países en el mundo y todas son diferentes: algunas tendrán más éxito que otras. Pero además, ¿quién sabe si hoy no habría muchísima más droga aún que la existente si no se la combatiera? Imposible de probar. Ergo, imprudente de afirmar.

A la premisa del fracaso, Gaviria contrapone políticas seguidas en algunos países europeos, que van en la línea de permitir el consumo regulado y controlado de la marihuana. Esas experiencias habrían resultado en reducciones de niveles de violencia, sin un aumento en el consumo general. El fondo del asunto, para Gaviria, está en considerar la droga no como un delito, sino como un problema de salud, de donde se seguiría que, en vez de prohibirse se debe regular y controlar.

Hasta aquí, todo bien. Ahora, ¿a dónde debería llevarnos esto? Las respuestas son algo vagas. Gaviria concluye que los países deben embarcarse en procesos de prueba y error, pero bajo el signo de la regulación y de estrictos controles ("las políticas contra el consumo de drogas deben seguir en pie"). No explica el expresidente por qué una lucha de regulación y contralor va a tener más éxito que una de prohibición. Pero, al menos y aun dentro de su falta de concreciones, Gaviria no abraza la mera legalización. En síntesis, sus planteos son interesantes pero no concluyentes.

El gobierno, en cambio, difiere de ambas posturas. El proyecto se compone de doce páginas de argumentaciones que desembocan en tres incisos. Falta en la Exposición de Motivos lo que debería ser el cerno de la justificación de la norma: que la marihuana ni hace mal, ni crea adicción, ni facilita el comienzo del consumo de drogas, ni el pasaje a sustancias más duras. En ausencia de todo esto, el tinglado resulta muy enclenque. En cambio, abundan afirmaciones, algunas absurdas, otras huecas o incomprensibles. El combate a la droga habría producido "la inundación de las cárceles", "una suculenta reserva de mercado", un negocio brillante "sin impuesto alguno". En su lugar hay que establecer políticas "desde un enfoque plástico", privilegiando "la descentralización y municipalización de la política de drogas", con un "papel protagónico de Intendencias, Alcaldías, Juntas Departamentales de Drogas…", todo conjugado "con un fuerte clivaje en los lazos sociales solidarios…" y sin olvidar (faltaba más) "un enfoque de género", la "integralidad (el) equilibrio y (la) transversalidad". Haciendo un gran esfuerzo, en las 12 páginas se pueden encontrar tres afirmaciones que podrían aspirar a sustentar una norma jurídica sobre el tema :

- que la guerra contra la droga fracasó. Al igual que Gaviria, el gobierno no prueba tan rotunda afirmación.

- Que hay consumos de drogas que no serían dañinos (el proyecto las describe como "recreativos o medicinales"). Tampoco aquí hay mayor precisión ni prueba.

- Que si la venta de marihuana es ilegal, quien la quiera consumir debe ir a parar a manos de proveedores, hampones (de donde se seguiría que los hampones no venderían más marihuana luego de instalado el monopolio .

Pero lo más singular no está en la exposición de motivos sino en el artículo único, criatura de aquellas. Aquí la disparidad con Gaviria es total: lo que aquel tiene de genérico y difuso, el proyecto lo tiene de decidido, al tiempo que las recomendaciones de contralor y regulación son sustituidas por un cheque en blanco al Ejecutivo.

Solución a la uruguaya: monopolio estatal. El mismo Estado que ha resistido todo intento de cambio, que no puede manejar ni la seguridad, ni la educación, ni la salud, ni el ferrocarril… se lanza al negocio de la marihuana y como es tal la tranquilidad que da por su eficiencia y probidad, todas las precauciones enfatizadas por Gaviria se sustituyen por un salomónico segundo inciso: "el Estado ejercerá toda otra actividad material que resulte necesaria… etc.", sin otra limitación que su propia voluntad ("en el término y condiciones que… fije la reglamentación"). No puede decirse que sea un cheque en blanco. Más bien la entrega de la llave del banco.

A la violación del sentido común, siguen otras a principios constitucionales y jurídicos, pero ¿a quién le importa eso a esta altura? Contradice el artículo 3 del Decreto ley 14.294, no modifica expresamente la normativa penal y no se sabe a dónde irá a parar el nuevo monopolio: acaso al Ministerio del Interior? O engrosará las actividades de Ancap?

No dudo que los legisladores tomarán debida cuenta de las mayorías especiales que la Constitución exige en sus ar- tículos 85 y 189. ¿O habrán pasado de moda?

Tiene razón Gaviria de que es un tema muy grave y que se lo debe estudiar y debatir. Pero antes de tirarse al agua. El planteo del gobierno no es serio pero sí muy riesgoso