Los docentes y la educación

HEBERT GATTO

Por dos veces, el Presidente de la República hizo comentarios sensatos referidos a la educación. Primero manifestando su decepción respecto a la posibilidad de mejorar su actual situación, luego, demandando esfuerzos de todos los actores para recuperar las horas de clase perdidas. Su pesimismo parecido a la impotencia, resulta fundado, por más que no asuma la responsabilidad del partido de gobierno en lo que está ocurriendo.

Todos, o casi todos, en el oficialismo, insisten en el mantenimiento de las actuales estructuras y en la eventual mejoría dentro de las mismas. No advierten que los problemas son de muy larga data y tanto la inacción estatal como las trabas corporativas a cualquier transformación -persisten restos de la malhadada reforma Rama-, tienen una presencia constante. Lo mismo ocurre actualmente con el plan ProMejora, el más prometedor de los proyectos de innovación al cual se le acaban de negar los rubros para ampliarlo y consolidarlo, como si se tratara de un experimento aceptado con fórceps al cual se mira con recelo y hasta con secretos deseos de que fracase.

La educación, incluyendo la formación de los propios docentes, requiere una revolución, no una reforma, derogar varias de las leyes vigentes incluyendo la última y fundar un sistema de autonomías a nivel de los centros de enseñanza que habilite a encarar los problemas desde la óptica local, con dimensiones manejables e incluso apelando a mecanismos competitivos. Con las pruebas de ensayo y error necesarias para consolidarlo. Los problemas del sistema no fincan prioritariamente en su manejo central, donde mucho se puede renovar sin desconocer la autonomía constitucional; se plantean en las propias unidades de enseñanza, donde la heterogeneidad de las situaciones desafía una institucionalidad rígida, sin capacidad de adaptación y respuesta. Fundamentalmente ante una estratificación social y cultural extendida, que no se limita a cotos geográficos cerrados, sino que disfrazada e invisible para una burocracia centralizada, se extiende por todo el país.

Todo lo cual es obvio y conocido.

La exhortación del Presidente a recuperar las horas perdidas por las medidas gremiales, que por cierto no sufrieron los concurrentes a los centros privados, es la mejor prueba de la necesidad de reformar, tanto instituciones como mentalidades. Nadie ignora la constitución ni los derechos de los trabajadores a defender sus reclamos a un vida digna, tal como lo hicieron. Pero los derechos no son mónadas aisladas, cada uno de los cuales se ejerce en detrimento de los restantes.

La huelga de los docentes se contrapone al similar derecho de los educandos a recibir una instrucción adecuada y continuada en las mejores circunstancias. Y a la obligación del estado de formar a sus ciudadanos. En tanto las medidas gremiales supusieron un menoscabo de este bien, es lógico que se busque repararlo. Las huelgas cumplen con su cometido, no por el daño que producen (como creen los sindicalistas), sino porque suponen una medida de presión, un aviso que involucra a la población en los reclamos docentes.

Culminados los mismos, con o sin éxito, nada se opone a que se intente reparar los perjuicios que necesariamente generaron. Como se haría en una fábrica o en una oficina. No hacerlo, considerándolos avances del proletariado, es puro desvarío, revelador de una de las raíces de los problemas.