Las ocupaciones

MARTÍN AGUIRRE

La agria sensación de decrepitud pudo venir de varios lados. De la visión del venerable edificio pensado para ser un faro de la cultura, hoy solitario, enchastrado de grafitis y rodeado de rejas para espantar a los vagabundos. De la imagen de dos señores cargados de años intentando agredirse entre el revuelo de mates, bufandas palestinas y cámaras de televisión. O de los discursos posteriores, repletos de consignas heroicas y amenazas huecas, que intentaban dar un cariz de lucha ideológica a lo que parece más bien un choque minúsculo entre dos individuos con historias personales demasiado entrelazadas. Algo que, lejos de ser un episodio puntual y descartable refleja muchas de las contradicciones que genera uno de los temas que más ha calentado las relaciones laborales en estos dos períodos frentistas; las ocupaciones sindicales.

Desde que, a días de asumir el gobierno, Tabaré Vázquez derogó un decreto que permitía pedir el desalojo de empresas y fábricas ocupadas por conflictos gremiales, el tema ha motivado una dura polémica pública que sigue sin saldarse con un acuerdo que deje medianamente satisfechas a todas las partes. La medida de Vázquez generó en un inicio una explosión de ocupaciones, algunas con episodios violentos. Un emblema de esa situación fue lo ocurrido en la curtiembre Naussa, cuando su propietario quiso recuperarla por la fuerza, generando una tormenta política y sindical.

El propio Vázquez intentó subsanar el problema con otro decreto en 2006 que preveía una serie de pasos para habilitar la ocupación gremial, pero el mismo no logró demasiado éxito ante un sector sindical que se sentía legitimado a usar una medida de presión tan poderosa. La polémica se agravó cuando el hoy presidente Mujica, ante la ocupación de oficinas públicas, también intentó limitar estas prácticas. Pero en el discurso que usó para justificar esa medida, señalando que los edificios públicos sirven a todos, mientras que las empresas privadas solo buscan el lucro y sacar dinero a los trabajadores, lejos de apaciguar, avivó el fuego de la discusión.

Tampoco colaboró la OIT, que en diferentes pronunciamientos ha expresado posturas contradictorias acerca de si las ocupaciones son una medida válida y legal, o un atropello a los derechos de patrones y demás trabajadores no huelguistas.

El eje del debate está justamente en el choque entre distintos derechos consagrados por la Constitución Nacional. Por un lado el derecho al trabajo y a la propiedad privada. Y por otro el derecho a la huelga y a la sindicalización. Los sindicatos afirman que la ocupación es una "extensión" del derecho de huelga, algo que ratifica de manera no exenta de polémica el decreto impulsado por Vázquez en 2006. Sin embargo, esa postura no encuentra demasiado respaldo en la Constitución, por lo cual últimamente los empresarios afectados han apelado con sucesivo éxito a la justicia para resolver este tipo de casos. Algo que ha molestado al gobierno y que ha llevado al ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, a decir que "es un mal camino".

En algunas definiciones previas, la OIT ha sostenido que las ocupaciones solo pueden ser un instrumento de último recurso ante el peligro de que las empresas sean "vaciadas" por sus dueños, amenazando así el cobro de créditos laborales por parte de los trabajadores. Así mismo se ha dicho que se debe respetar el derecho a trabajar de quienes no desean hacer huelga, y de los patrones que quieran acceder al lugar. Nada de esto es reconocido por los sectores gremiales, que han usado la ocupación como forma de presión, incluso para ramas enteras de actividad a la hora de negociar convenios colectivos, como ha sido el caso de los metalúrgicos.

Una palabra clave se suele mencionar a la hora de dar respaldo legal a las ocupaciones: que las mismas deben ser "pacíficas". Sin embargo eso parece difícil de ver en la práctica, donde una ocupación implica en los hechos una situación de violencia original, ya que se basa en impedir a otra persona una acción totalmente legítima, la de trabajar o la de usar su propiedad privada. Algo que parece contrario a la base de la acción de huelga que es un "no hacer", o sea que nadie me puede obligar a trabajar cuando yo no lo deseo. ¿Por qué renunciaría un empleado que quiere trabajar a su derecho de hacerlo, o un patrón a su deseo de ingresar en un predio propio si no es por una amenaza de violencia?

Por encima de estos aspectos abstractos, lo que más choca de estas situaciones de tensión laboral extrema es que ocurren en un país con una economía con números positivos y con el desempleo en mínimos históricos. Y que para justificarlas, se utilicen argumentos ideológicos que parecen sacados de discursos de barricada de hace 50 años. Algo que lleva a pensar hasta dónde esa imagen de los dos señores envejecidos peleando a las puertas de un edificio en decadencia no es un reflejo demasiado real del debate político en el Uruguay de hoy.

La frase I

"La Constitución garantiza varios derechos, entre ellos el trabajo, la huelga y la propiedad, pero no establece cuál va primero". (Ministro de Trabajo, Eduardo Brenta)

La frase II

"Los empleadores tienen derecho a que se les permita ejercer una actividad lícita, y a que se les proteja su trabajo y propiedad" (Ministro de Tribunal de Apelaciones, E. Ettlin).

El dato

En el primer semestre del año 2012 la conflictividad laboral fue un 70% más alta que en igual período del año anterior y también a la registrada en el 2010.