Plunagate: irrefutable

RICARDO REILLY SALAVERRI

Antes. Eramos "la Suiza del Plata". "La Atenas de América". Cuando como contraste escuchábamos hablar de "las republiquetas bananeras" centroamericanas nos parecía, razonablemente, que se trataba de algo extraño y lejano. Ahora somos "la primera república marihuanera del mundo", de acuerdo con la intrascendente opinión internacional del The New York Times.

Y de ser -seleccionando con cierta subjetividad personal- la patria de Artigas, Lavalleja, Oribe, Rivera, Leandro Gómez, Batlle y Ordóñez, Washington Beltrán, Luis Alberto de Herrera y Wilson, personalidades que no merecen espacios en las escuelas públicas, cuando no se llueven y funcionan, ni en los libros de estudio nos transformamos en un clavel del aire. Conducidos los destinos nacionales por una mediocridad en la que no abunda natura y falta Salamanca. En la que el manejo de las relaciones exteriores no es más de profesionales de la diplomacia sino de "embajadores itinerantes", una suerte de amigos incondicionales del presidente que tienen más aptitudes para gritar en la tribuna y hacer turismo gratis (pagos por nos los contribuyentes) que para intervenir en el manejo de nuestros intereses externos más vitales.

Así llegamos a la vergüenza del ingreso de Venezuela al "merconada", y a la del manoseo y papelón permanente de nuestras relaciones con Argentina. Hemos retrocedido como Estado nacional a los orígenes de las luchas por la afirmación del ser nacional. Falta entregar la bandera y firmar un acta de sumisión. Todo encontró justamente principio en las declaraciones hechas públicas por uno de estos "embajadores itinerantes", un tal Baraíbar, a quien se le ocurrió decir a voz en cuello públicamente que había un ofrecimiento de soborno de parte de la empresa encargada del dragado en la zona del canal Martín García. Lo que ningún profesional de la diplomacia hubiese jamás hecho. Y, así, estamos adonde estamos. Callados. Y esperando que nos pidan que cedamos en esto o en aquello, para entregarnos al mandato ajeno por el imperio de afinidades ideológicas, cuyas características más salientes son -Elisa Carrió dixit- la corrupción y el fascismo.

Como vivimos en un país en el que al gobierno no se le puede creer nada porque miente por principio y borra a cada rato lo que escribe con la mano, y que además considera que la política está por encima del Derecho -goza en tal sentido de la incondicional compañía de Hitler, Lenin, Mussolini, Fidel Castro y otra gente buena- pasan circunstancias impensables. Una de ellas, ahora que hemos conseguido un aislamiento aéreo de la región y del mundo casi total, por tomar un hecho más que esperamos la justicia competente analice severamente, se sabe que la garantía de 178 millones que nuestro Estado -léase el pueblo uruguayo- le dimos a Campiani y asociados, mediante un aval extendido ante el Scotia Bank de Canadá, para la compra de siete aviones, no tiene "norma legal habilitante". Así lo constató el Tribunal de Cuentas de la República (El País, viernes 3 de agosto de 2012, pág. 7).

O sea, que es impostergable que se proceda a interrogar a los responsables de la firma de dicho aval y disponer las medidas que administrativa y judicialmente correspondan, ante un hecho ilegítimo que de ser tal cual se viene de plantear, es de inusitada gravedad.