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Editorial  | OPINIÓN

Otra definición importante

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LUIS ALBERTO LACALLE

Hasta ahora la expresión presidencial de mayor fama y de no menor importancia era "como te digo una cosa que te digo la otra". Definición personal de carencia de rumbo y de relativismo en cuanto a normas de conducta, de pragmatismo puro y de navegación sin otra brújula que la de la oportunidad o el compromiso con el ocasional interlocutor. Definición que se trasladó rápidamente a la gestión de gobierno, a la que imprimió el sello de la incertidumbre y el vaivén que lo han caracterizado.

El Presidente Mujica tiene a su favor la tranquilidad de que advirtió a tiempo que esa era su característica. Cuando termine este nefasto período de gobierno tendrá la perfecta excusa, "el que avisa no traiciona".

Ahora surge otra sentencia mujiquesca de mayor trascendencia porque explica y fundamenta muchas peligrosas y radicales definiciones y porque anuncia un panorama inquietante. Se trata de una frase simple, de una definición tan corta como profunda en su sentido . "Lo político está por encima de lo jurídico", ha afirmado el mandatario.

La ocasión fue internacional, la justificación de la actitud de nuestro país sacrificando al Paraguay para dar entrada a Venezuela en el Mercosur, violando varios tratados y rompiendo, a sabiendas, la estructura jurídica que sostiene las relaciones internacionales. Se ha afirmado siempre, que al derecho de gentes, al derecho internacional le falta una condición esencial para que su estructura se completara. Era y es la falta de "imperium", es decir la capacidad coercitiva que tienen las normas internas de los países, susceptibles de ser impuestas en su cumplimiento por la autoridad.

Ello no existe en las relaciones entre países. Por ello es que se debe ser muy celoso en la intangibilidad de las normas internacionales, especialmente cuando de países pequeños se trata. Sin hacerse demasiadas ilusiones pero sabiendo que es el camino correcto, las naciones sin poderío material deben de cuidar y de contribuir a perfeccionar las normas de derecho internacional. No hacerlo, no intentarlo, es someterse en plenitud a la ley de la selva, al dominio de los poderosos.

Nuestro país así lo entendió desde siempre, sin perjuicio de que su política exterior debió también de regirse por una política de alianzas que mejorara nuestra fortaleza ante la magnitud y la presión de los vecinos. Todo ello se fue por la borda en Mendoza y en el último acto de la farsa que culminó en Río de Janeiro. Grave responsabilidad le cabe al Presidente Mujica en este abandono de posiciones, en esta reculada ante los poderosos del continente. Sin embargo, no queda en ese episodio la justificación utilitaria de que lo político supera en jerarquía a lo jurídico. Está en el fundamento y en la cúspide de una definición filosófica de este régimen de gobierno que es preciso ir marcando, aunque más no sea, para levantar una voz de alerta, que siempre incomodará a los pacatos y que parecerá demasiado dura a los cortos de vista pero que está enraizada en nuestras convicciones.

La teoría del acto de gobierno como justificación de la acción del poder sobre la juridicidad es de cuño bonapartista, del segundo Imperio. En nuestra América ha sido justificación suficiente para muchas aventuras extralegales, para saltearse la legitimidad de ejercicio democrático del gobierno. En este período son varias las circunstancias en las que se ha puesto en práctica o se la ha proclamado como el objetivo de algunos sectores el Frente Amplio.

Así es que se afirmó que la Suprema Corte debía de tener en cuenta extremos de carácter político para sentenciar. Todavía estamos lejos de los sucesos comunes en esta materia que se han vivido en Argentina, Ecuador o Venezuela, pero el solo hecho de mencionar esta teoría nos debe de poner en guardia.

Otro tanto cabe decir del intento de partidizar las Fuerzas Armadas, convocando a sus oficiales y personal subalterno a ponerse divisa. Modelo bolivariano al que sin rubores nos vamos acercando, trayendo actos políticos izquierdistas al corazón del sistema de enseñanza militar, por boca de los integrantes de un ejército que ha anunciado que si Chávez pierde la elección, el poder no se entregará.

Lo político partidario invade las mentes infantiles y adolescentes, con textos de enseñanza oficial que falsean la historia e incorporan a las imágenes cotidianas del estudiante al Che Guevara y al Presidente Vázquez, en una violación sin precedentes del laicismo. Violar a sabiendas la Constitución en materia electoral es pecado mortal en un país como el nuestro en que tanto costó conseguir las garantías del sufragio. Pues bien, a pesar de que se les advirtió en ese sentido, los legisladores el Frente Amplio ignoraron la mayoría de dos tercios que impone la Constitución en esa materia y votaron, con mayoría simple, la creación y la elección de los municipios. Con este antecedente, ¡cuidado con las próximas iniciativas!

Lo jurídico es el estado de derecho, es el sistema de derechos y garantías que nos permite vivir en una sociedad civilizada. Esos derechos nunca se pierden de un día para el otro, sino más bien en un declive, en cuotas. No todos lo advierten a tiempo. Esta vez hemos sido advertidos por el Presidente. Que nadie se haga el distraído o se rasgue las democráticas vestiduras ante estas líneas…

El País Digital
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