La lucha de puertos

HEBERT GATTO

Por enésima vez el gobierno argentino suspendió los trámites para el dragado del canal Martín García, solo que esta vez justificó la medida con una ironía cercana al desprecio. Si los comunicados públicos entre países transitan desde la sequedad conminatoria al elaborado lenguaje diplomático, ello no impide al canciller argentino cultivar el sarcasmo paternalista: "Es importante permitir que Uruguay disponga de toda la libertad y apoyo necesarios por parte del gobierno argentino para resolver esas dudas….." ("esas dudas" refieren a denuncias de actuación irregular por parte de la delegación argentina en la Comisión Administradora del Río de la Plata).

Una de las variantes de la hipocresía consiste en decir lo contrario a lo que se piensa, conducta que Timerman maneja sin complejos. Sostuvo que detiene las obras para colaborar con la investigación, cuando en realidad procura castigar a Uruguay, dificultándole la posibilidad de ingresar a sus propios puertos. El canciller ya había amenazado con esta misma medida, forzando al silencio uruguayo, cuando la ambigua denuncia del embajador Baraibar. Ahora, enfrentado al acusatorio dictamen del Tribunal de Cuentas, un organismo pluripartidista independiente del Ejecutivo, de competencia exclusivamente uruguaya y de carácter meramente técnico, ratifica la suspensión. Nos pone en penitencia por nuestra osadía.

Sólo que no lo hace utilizando la hipocresía clásica, más lograda cuanto mejor esconde su verdadera intención, sino su variante menos diplomática, aquella donde los hechos, el contexto del discurso, niega la acción que predica. En lo que constituye un ejercicio de comunicación irónica que, descalifica y humilla al aludido. Cicerón refería que Sócrates, "hablando en forma diferente a la pensada, adoptaba voluntariamente la simulación que los griegos denominaban ironía."

Es un error creer que los kirchneristas aceptaron pacíficamente el fallo de La Haya. Por algo no publican los informes sobre el estado ecológico del Río Uruguay, niegan autorización para la ampliación del puerto de Nueva Palmira, no dragan los ríos comunes o retienen las actas de la CARP. Con ello obligan a Uruguay a ocultar información mediante la odiosa práctica del secreto de estado, una política que contraviene los fundamentos mismos de la democracia al uso en el país hermano. ¿Será entonces por casualidad que al frente de sus tres comisiones binacionales (CARU, CARP y F. Marítimo), coloquen a un oficialista de hierro como Hernán Orduna, decidido opositor a las plantas de celulosa?

Nuevamente Uruguay reaccionó con tibieza e incoherencia. Si bien exigió reanudar las conversaciones sobre el dragado, en el mismo momento envío al Parlamento del Tratado Tributario con Argentina. No se trata, vale repetirlo, de regresar a un nacionalismo decimonónico, ni de tensionar relaciones de familia, sino de avanzar en un regionalismo serio, respetuoso de todos, que permita una integración democrática apegada al derecho. Lo que no se debe hacer es conceder soberanía en aras de amiguismos no correspondidos ni concordancias presidencialistas. Conversar, negociar, y transar, como pide Mujica, es el camino indicado, siempre que ello no suponga hipotecar la autoestima o la dignidad nacional. Todo indica, sin embargo, que vista la forma en que nos tratan, no lo hemos conseguido.