Lo jurídico y lo político en TV

ANTONIO MERCADER

A Lucía Topolansky le preocupa que los adolescentes uruguayos intenten imitar a Antonio Banderas en una película en donde salta con una moto desde un segundo piso y sale ileso. Le preocupa también las telenovelas basadas en "celos extremos y donde hay homicidios" porque eso, según ella, podría inspirar asesinatos de jovencitas como el ocurrido en Las Piedras tiempo atrás.

Ingenuamente, la primera senadora de la República cree que la televisión causa efectos directos sobre la audiencia. Es decir, a quien ve un asesinato en la pantalla le pueden entrar ganas de matar a su suegra. Adhiere así a la teoría de los efectos directos de la comunicación desmentida por la realidad y por los estudios académicos.

El problema es que razonamientos tan simplones como el de Topolansky no rondan sólo en su cabeza sino que parecen guiar al gobierno en su afán de controlar los contenidos de la TV. Aunque lo de la marihuana opacó las otras medidas anunciadas para reducir la inseguridad, no se puede ignorar la amenaza oficial de implantar una "mayor regulación sobre el uso de las imágenes de violencia en los medios".

Esa regulación apunta en especial contra los noticieros, ubicados en la mira de los incipientes censores desde aquel asesinato del pizzero captado por cámaras de vigilancia y largamente divulgado por los canales. Como primera medida se aprobó un decreto que los incluyó en el horario de protección del menor, lo que permitirá que a posteriori un funcionario pueda sancionar a los responsables de un noticiero por pasarse de la raya.

Quién traza la raya y qué criterios la rigen es algo que ni José Mujica ni su elenco logran explicar entre sus cada vez más frecuentes gruñidos contra los informativos.

Pero el gruñido no es ley ni norma de derecho, aunque convengamos que asusta, puede intimidar y engendrar la autocensura, ese enemigo jurado de todo comunicador. ¿Eso se busca?

Quizás Alberto Breccia, secretario de la Presidencia, tuviera las respuestas cuando en nombre de la seguridad pública anunció que se prepara un decreto "aún más amplio" de protección al menor que contendrá normas para promover los derechos de los menores y definir conceptos como "violencia excesiva" y "crueldad innecesaria" en escenas emitidas a través de los medios, según explicó.

Al igual que Topolansky, Breccia parece creer que hay una relación directa entre las imágenes de TV y los crímenes. Un alumno de primer año de Ciencias de la Comunicación podría citarle, por ejemplo, la teoría de la catarsis, aquella que descree de los efectos negativos de tales imágenes y que, por el contrario, considera que sirven para que el espectador descargue sus peores instintos y se comporte pacíficamente.

Es cierto que al respecto prosigue la discusión teórica y que el desfile de episodios delictivos en los noticieros termina por desagradar a cualquiera. Pero es una verdad redonda como un queso que el combate al delito no se libra en las pantallas de TV sino en las calles por lo que nada justifica aumentar la presión sobre los medios.

Un gobierno cuyo presidente empezó diciendo que la mejor ley de prensa es la que no existe hoy proyecta su sombra sobre la libertad de expresión. ¿Será que en este asunto no hay ingenuos y que lo que realmente buscan es aplicar el aberrante principio enunciado por Mujica según el cual lo político prevalece sobre lo jurídico?

Habrá que estar en guardia.