Se prendió la luz amarilla

HERNÁN BONILLA

En su último informe mensual el Índice Líder de Ceres (ILC) muestra una variación negativa por primera vez en 2 años y nueve meses (luego de la crisis financiera global de 2008 - 2009). Si bien hay que esperar nuevas mediciones para confirmar la tendencia, ya es un dato significativo porque el indicador está elaborado a partir de variables que cambian de signo antes que lo haga la evolución del producto. Por lo tanto es un indicador útil para predecir cambios en la fase del ciclo económico que ya ha demostrado su eficacia en el pasado.

Estamos además frente a un escenario en que por primera vez el gobierno puede encontrarse con un crecimiento anual de la economía por debajo del previsto, lo que razonablemente conlleva una menor recaudación y por lo tanto un deterioro de las cuentas públicas.

La variación del ILC no es la única señal de alerta. Según distintos indicadores y la opinión de expertos la inversión en la construcción, fundamentalmente en Punta del Este, habría disminuido significativamente. Aquí juegan medidas del gobierno argentino, pero también errores propios.

Sin embargo el gobierno actúa como si desconociera esta realidad. En este mes debe preparar la rendición de cuentas en la que según se anuncia piensa aumentar el gasto en unos 150 millones de dólares. Al mismo tiempo votó en la Cámara de Diputados cambios en el régimen de sociedades por acciones al portador y negoció con Argentina un acuerdo para intercambiar información tributaria notoriamente contrarios al interés nacional. Son iniciativas pedidas desde afuera, por y para los países ricos la primera, por un gobierno siempre necesitado de más recursos para sostenerse la segunda.

A eso se suman las contradicciones permanentes del gobierno que comienzan por el mismo Presidente y permean hacia abajo. La remoción del ministro Lescano cuando el día anterior lo había descartado, y más recientemente la de la ministra Muslera cuando la había respaldado el mismo día dan cuenta de esta situación, que no es nueva pero que cada vez es peor.

Hemos vivido en los últimos años una situación absolutamente excepcional que más temprano o más tarde pasará y el país no está preparado para cuando eso suceda.

Hoy vemos en Europa, de Grecia a España o de Portugal a Francia, las consecuencias de gastar más de lo que se puede. La culpa suele caer sobre el gobierno que tiene que hacer el ajuste, cuando el verdadero responsable fue el despilfarrador. Y las consecuencias sociales las sufren los más pobres. El manejo responsable de las finanzas públicas no es un tema pasado de moda ni sólo de interés para insensibles tecnócratas neoliberales, es una de las políticas sociales más eficientes para evitar las crisis, el aumento del desempleo y la pobreza.

El margen de maniobra del gobierno para el macaneo se estrecha a pasos agigantados. Todos los dislates, la improvisación y los mandados de afuera que por ahora disimuló la bonanza ya no serán inocuos. En vez de transmitir nerviosismo e incertidumbre deben comenzar las señales claras de respeto a las reglas de juego y terminar con la política fiscal populista para evitar un aterrizaje forzoso.

La luz amarilla que advierte que no se puede seguir jugando con la suerte del país está encendida. Si el piloto no reacciona es hora de ponerse a rezar.