Errores que enseñan

PABLO DA SILVEIRA

El senador Jorge Larrañaga acaba de denunciar la existencia de una maniobra que pretende dar un entierro de lujo al programa "ProMejora". Los elementos que aporta sugieren que tiene razón.

El Consejo de Educación Secundaria presentó hace días un proyecto de fortalecimiento de los centros educativos que tiene numerosas coincidencias de lenguaje y enfoque con el "ProMejora". También hay una agenda de trabajo similar. Pero una lectura atenta, muestra que se trata de algo mucho menos ambicioso y menos desafiante para los guardianes del orden establecido. Por ejemplo, en lugar de fortalecer la figura de los directores, el nuevo proyecto concentra el poder en un grupo de inspectores que, desde afuera de los establecimientos, tendrá una inmensa capacidad de influir sobre ellos. Este diseño alcanza para que nunca se produzca una auténtica descentralización ni un real fortalecimiento de la autonomía.

Parecería que, ante el rechazo de las dirigencias sindicales y de algunos grupos políticos cercanos al gobierno, se optó por la estrategia de dejar languidecer al "ProMejora" en lugar de confrontarlo abiertamente, para luego sustituirlo por una versión descafeinada que no ponga nervioso a nadie.

Nada más típico de la mentalidad burocrática.

Ante este panorama, los líderes de la oposición tienen todos los motivos para manifestar su disconformidad. Sin embargo, hay un argumento que no pueden utilizar. Por más irritante que resulte esta nueva jugada de las autoridades educativas, es un error afirmar que se está violando el acuerdo político firmado en febrero. La simple verdad es que aquel acuerdo no dice una palabra sobre el "ProMejora". Hay, por cierto, una expresión de respaldo a un documento que habla de autonomía y fortalecimiento de los centros educativos, pero tampoco allí se lo menciona.

De modo que las autoridades educativas pueden eliminar el "ProMejora" y sustituirlo por otro instrumento que (al menos declarativamente) busque los mismos fines, sin que nadie pueda hablar de un apartamiento de lo firmado por los partidos políticos. Desde luego, los líderes de la oposición podrán argumentar que se está violando el espíritu. Pero esta es una posición mucho más difícil de sostener, porque entran en juego cuestiones interpretativas y porque sólo el tiempo confirmará que el nuevo instrumento no era apto para avanzar en la dirección acordada.

Cuando se hizo público el acuerdo político de febrero, se levantaron algunas voces (por ejemplo, desde esta columna) diciendo que lo firmado era insuficiente y no permitía asegurar ninguno de los avances que pretendía la oposición. La firma de alguna clase de documento parecía haberse convertido en un fin en sí mismo. La evolución de los acontecimientos va en el sentido de aquella preocupación. Mientras el gobierno sigue su comportamiento errático y cansino, siempre sensible a las presiones corporativas, el texto acordado no da a la oposición ningún suelo donde afirmarse para exigir.

Un acuerdo político serio debe incluir un calendario de decisiones concretas, recursos presupuestales previstos, anteproyectos de ley redactados, mayorías parlamentarias comprometidas y el involucramiento explícito de quienes deberán tomar las grandes decisiones administrativas. Si nada de eso existe, es preferible no firmar para no devaluar el instrumento y no tener que lamentar una oportunidad perdida.