UTU amenazada

PABLO DA SILVEIRA

El Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley que, de ser aprobado, modificaría radicalmente la fisonomía de la actual UTU. Los cambios que se proponen son en el mejor de los casos erróneos, y en el peor parecen formar parte de un operativo político.

El proyecto introduce tres grandes modificaciones. La primera consiste en colocar dentro de un mismo organismo a la enseñanza técnico-profesional de nivel medio y a la de nivel terciario, así como "la formación continua, acreditación y certificación de competencias" (primer inciso del artículo 4°). Aunque aquí no se dice de manera explícita, otro inciso del mismo ar-tículo sugiere que el adjetivo "terciario" incluye a la formación universitaria.

Organizar las cosas de este modo es una mala idea. La actividad universitaria tiene una lógica que no se parece a la requerida para hacer funcionar la enseñanza media. No se trata de mejor ni de peor. Simplemente, las prioridades, los enfoques y los métodos son diferentes. Poner los dos niveles bajo un mismo órgano de gobierno implica el riesgo de que alguno de ellos quede relegado o sea sometido a la lógica del otro. No por casualidad, nuestra enseñanza secundaria, que empezó siendo una "sección" de la Universidad de la República, terminó por independizarse de ella. Parecería que ahora queremos recorrer el camino inverso.

La segunda novedad consiste en separar lo que hoy es UTU del resto de ANEP y convertirla en un ente separado. La propuesta luce como un caso típico de falsa descentralización. La nueva Universidad del Trabajo dejaría de depender jerárquicamente del Codicen, pero estaría dirigida por un Consejo Directivo que centralizaría todas las decisiones. Ese órgano acumularía las potestades que hoy tiene el consejo desconcentrado que maneja la enseñanza técnico-profesional, más las actuales potestades jerárquicas del Codicen en relación a ese consejo.

Por esta vía no se avanza hacia la única descentralización que realmente importa en la vida educativa, que es la que traslada poder de decisión a los establecimientos.

Una cosa es descentralizar y otra es crear chacras. Y eso es lo que probablemente ocurrirá en este caso, porque al mismo tiempo se crean las condiciones para un debilitamiento del control ciudadano. Los legisladores (que en nuestro sistema son los únicos que tienen alguna capacidad de control) ya no tendrían que estudiar solamente el presupuesto y las definiciones estratégicas formuladas por Anep, sino también las del nuevo ente.

Los esfuerzos por tener una idea de los logros y fracasos que se están obteniendo también se duplicarían. Al mismo tiempo tendrían que seguir ocupándose de todos los demás asuntos que caen en sus manos. Mientras tanto, los sindicatos de la enseñanza estarían más cerca de las autoridades y tendrían una mayor capacidad de presión sobre ellas.

Este riesgo aumenta con la tercera novedad que incluye el proyecto. El Consejo Directivo que gobernará el nuevo ente estará integrado por un consejero propuesto por el Ejecutivo con venia del Senado, un representante de los docentes y uno de los estudiantes. El representante de los ciudadanos queda en minoría ante los representantes corporativos.

Y como es altamente probable que estos últimos sean también militantes políticos, una eventual salida del gobierno no le impedirá a la izquierda seguir controlando el ente.