Confusión de roles

Dr. Jorge Grünberg

El sistema político responde a una preocupación generalizada de nuestra sociedad con sus actuales intentos por acordar estrategias para la mejora de nuestro sistema educativo. Ha generado expectativas en los uruguayos la prioridad que los partidos están dedicando a los problemas educativos y la disposición a buscar acuerdos por encima de diferencias partidarias e incluso ideológicas. Sin embargo, el sistema político se equivoca en su enfoque y es poco esperable, como se discute a continuación, que las acciones anunciadas produzcan mejoras importantes y sostenibles, aún si se pueden implementar frente a las resistencias que ya han surgido ante los meros anuncios.

Esto no quiere decir que las iniciativas anunciadas no sean positivas. Mejorar la gobernabilidad, incrementar (aunque modestamente) la autonomía de los centros educativos y crear otra universidad pública en el interior del país son iniciativas valiosas que pueden mejorar el acceso y el rendimiento del sistema educativo. El problema es que el sistema político confunde su rol al invertir su capital de liderazgo en promover iniciativas puntuales a un sistema incapaz de aceptar y mucho menos implementar cambios genuinos y ambiciosos.

Nuestro sistema educativo se ha vuelto rígido, averso a los cambios e indiferente a la calidad. Por tal motivo, las iniciativas tácticas como las que actualmente discuten los partidos políticos tienen escasa posibilidad de concretarse efectivamente y mucho menos de funcionar eficientemente.

El rol del sistema político no es "microgerenciar" el sistema educativo, decidiendo cuáles deben ser las atribuciones de los directores de liceos, si el ciclo liceal técnico se dicta en la UTU o en otra institución o qué carreras se dictan en cada región del país. Para eso deben existir organismos especializados y competentes más allá de que tengan designaciones y evaluaciones políticas.

El rol insustituible del sistema político es crear la infraestructura legal e institucional para el funcionamiento de un sistema educativo moderno con las reglas y valores necesarios para adaptarse a los cambios, mejorar continuamente y ser capaz de responder a las necesidades de la sociedad. El "instinto" de un sistema educativo genuinamente popular y democrático debe ser cumplir su misión con la sociedad y no la autopreservación. La capacidad de liderazgo del sistema político debería concentrarse en promover un sistema educativo dinámico, autoexigente e innovador y que sea ese propio sistema que proponga las iniciativas de mejora.

Uno de los problemas centrales del sistema educativo (y que también tiene en común con la salud y otros servicios esenciales) es la carencia de rendición de cuentas frente a la sociedad, que es quien financia los servicios públicos y quien los necesita. No me refiero a la rendición de cuentas como un trámite contable sino a su importancia como un valor ético imprescindible como complemento de cualquier autonomía. No puede haber autonomía sin rendición de cuentas así como no puede haber rendición de cuentas sin autonomía. Por definición no es posible alcanzar metas de calidad sin rendición de cuentas ya que la calidad implica transparencia, medición y comparabilidad y nada de esto se puede hacer si no se acepta el principio de rendición de cuentas. Nuestro sistema educativo no tiene sistemas efectivos de rendición de cuentas y esto no es fruto de una carencia administrativa o institucional que se pueda resolver creando un procedimiento o un instituto de evaluación.

El problema es que la rendición de cuentas es rechazada por nuestro sistema educativo quien en lugar de verla como un complemento éticamente necesario de la autonomía la ve como una violación de esa autonomía. Este es uno de los problemas culturales y estratégicos que sólo el sistema político puede enfrentar buscando alianzas con la sociedad civil. La sociedad tiene el derecho de que se le rindan cuentas de lo actuado en su nombre y con sus recursos. Este principio es parte de la cultura de una democracia exitosa ya que la evaluación social no puede estar solo expresada a través del acto electoral.

Estos tipos de cambios son los más difíciles de lograr porque implican la modificación de creencias y conductas, y que las personas tengan que salir de su "zona confortable" de premisas incuestionadas y responsabilidades indefinidas. Pero son los cambios fundamentales para lograr transformaciones importantes y sostenibles, y son los que sólo el sistema político puede y debe encarar en nombre de la sociedad.