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Pablo Da Silveira
Las comisiones multipartidarias que trabajaron durante las últimas semanas acaban de presentar dos documentos de política educativa. Uno de ellos define una estrategia de fortalecimiento de los centros educativos como camino para avanzar hacia una mayor calidad y equidad. El otro propone medidas para el fortalecimiento de la educación técnica y tecnológica. Los textos resumen los acuerdos a los que llegaron los cuatro partidos con representación parlamentaria.
Felizmente se trata de documentos serios y dignos de atención. Esto marca una gran diferencia con el informe presentado en diciembre por la Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública. Aquello fue un verdadero fiasco: casi cien páginas de palabrerío inútil que aparentaban ser un documento cuando apenas eran una suma de textos presentados por tres organismos que no habían coordinado nada. Ahora, en cambio, nos encontramos con dos documentos breves y sustanciosos, que permiten entrever un real esfuerzo de entendimiento y una preocupación por llegar a propuestas concretas con plazos de ejecución.
El contraste debería conducir a los jerarcas del MEC, ANEP y la Universidad de la República (es decir, a quienes integran la comisión de pomposo nombre) a pedir perdón por habernos hecho perder dos meses en un momento crucial para nuestra enseñanza. Desde luego, eso no va a ocurrir. Pero de todas formas es bueno anotar lo que acaba de suceder: los partidos políticos vienen de mostrar una flexibilidad, un dinamismo y una capacidad de llegar a resultados que contrastan con el bloqueo, el anquilosamiento y la incapacidad de gestión de las principales instituciones que gobiernan la educación.
El lado bueno de esto es que, una vez más, el Uruguay revela tener un sistema de partidos vivo y capaz de generar acuerdos. El lado malo es que el bloqueo institucional y el perfil inapropiado de muchas de las personas que ocupan cargos de alta dirección en nuestra enseñanza son obra de esos mismos partidos.
La crisis que sufre nuestra enseñanza está enfrentando a las dirigencias políticas con las consecuencias de sus peores decisiones. La última de ellas es la pésima Ley de Educación que tenemos, pero hay otras igualmente malas que vienen de lejos (por ejemplo, haber puesto toda la enseñanza pública en manos de un ente autónomo que no responde ante el Parlamento).
Los nuevos documentos marcan un rumbo esperanzador. Eso es especialmente cierto respecto del que define una estrategia de fortalecimiento y autonomía de los centros educativos. El camino que se propone está en línea con el conocimiento experto más acreditado y puede aportar soluciones de corto plazo a los peores problemas que enfrentamos. El documento relativo a la enseñanza técnica contiene una propuesta interesante, pero que demorará muchos años en concretarse y más todavía en dar frutos.
La pregunta ahora es cómo operativizar estos acuerdos. Y la triste verdad es que los obstáculos son formidables. Por una parte, es casi un hecho que las corporaciones van a oponerse, y la última Ley de Educación les da toda la fuerza que necesitan. Por otro lado, si las autoridades de ANEP no hacen suya la agenda, no existen canales institucionales para obligarla. A esto se agrega la necesidad de que la izquierda se renueve culturalmente y revise su noción de auto- nomía. Mucha cosa para tan poco tiempo.






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