Señales ingratas

El tamaño de los países no tiene nada que ver con su calidad institucional o con la rectitud de sus dirigentes. Sirve en todo caso de envoltura para cubrir ciertas desviaciones en la gestión pública. Los dos vecinos geográficos del Uruguay son países grandes, pero en ambos se han destapado casos ingratos, que contaminan el sistema democrático y lo convierten en rehén de irregularidades cometidas por figuras cercanas al poder. Eso revela la pérdida del viejo espíritu de servicio y el deterioro de una escala de principios que sostenían la honorabilidad del régimen. Ahora esas normas siguen figurando en el discurso de la casta política, pero se han evaporado de la conducta de unos cuantos jerarcas.

A partir del mes de mayo, seis ministros del gabinete brasileño debieron abandonar sus cargos bajo acusaciones de tráfico de influencias, soborno, encubrimiento o malversación de fondos, el último de los cuales produjo otra dimisión el sábado 3. Pero el lunes 5 un séptimo secretario de Estado fue denunciado en la prensa por haber recibido 1.200.000 dólares de clientes de una consultoría fundada por él, regalo que habría embolsado a cambio de favores. En muchos gobiernos puede darse el accidente de un ministro corrupto, pero siete ya es una cifra apabullante que enturbia la imagen del gobierno a un grado con escasos antecedentes conocidos. Y sin embargo no son los únicos escándalos en el panorama de ese país.

Porque "unos 37.000 millones de dólares fueron desviados de las arcas públicas entre 2003 y 2010 a raíz de casos de corrupción", indicó el 23 de octubre un diario carioca, citando datos de la Defensoría General de la Unión, que es un organismo estatal encargado de cobrar a los deudores. El informe agrega que solo pudieron recuperarse 845 millones, es decir un dos por ciento de todo lo robado. Pero a eso se añaden las declaraciones formuladas el 11 de noviembre por el jefe del narcotráfico de la favela Rocinha de Río de Janeiro. Al ser interrogado, el hombre confesó que "la mitad del dinero que ganaba iba para el arreglo con la Policía". Esa coima fue estimada por el detenido en unos 30 millones de dólares anuales.

También se cuecen habas en la Argentina. La apropiación de fondos públicos llevada a cabo por la Fundación Madres de Plaza de Mayo -entidad humanitaria sin fines de lucro- ocupó este año los titulares de la prensa y demás medios de comunicación, aludiendo al provecho personal que algunos integrantes de la Fundación extrajeron de los 765 millones de pesos otorgados por el Estado a ese grupo para financiar su plan de viviendas populares, proyecto que se convirtió en un buen negocio para algunos abanderados de la asistencia social. Pero las Madres no son un caso aislado en ese país, donde el jefe de Policía de San Isidro fue destituido el mes pasado al descubrirse que le pasaba datos -a cambio de dádivas- a una banda de secuestradores de ese suburbio porteño. Cabe agregar que la venalidad ya había empujado otras destituciones en la fuerza bonaerense y federal de esa misma Policía.

El aprovechamiento indebido de los fondos públicos puede producirse de muchas maneras y a menudo goza de la impunidad que brinda una ventajosa ubicación en la trama política. Se supo por ejemplo que desde el año 2003 hasta noviembre de 2011 se han incorporado a la administración pública argentina 919.544 nuevos empleados, lo cual equivale a 295 por día y a 12 por hora, representando un dos por ciento de la población total del país. Un número tan descomunal de nombramientos, tanto a nivel nacional como provincial, no puede ocultar el papel que el clientelismo, el interés electoral, el amiguismo y las presiones sectoriales juegan en esa inagotable prodigalidad, cuyo peso económico recae sobre el bolsillo de los contribuyentes. También eso refleja la adulteración de un sistema que dice funcionar en defensa de los derechos y libertades del ciudadano, aunque en realidad antepone el oportunismo, el acomodo y el despilfarro, en los que consta la magnitud de una defraudación.