La Corte Suprema trata ley Arizona

Washington | La Corte Suprema de Estados Unidos anunció que examinará la controvertida ley de Arizona, que criminalizó por primera vez la inmigración ilegal y que ha sido parcialmente suspendida por la Justicia.

Arizona decidió recurrir a la Corte Suprema después de que el Departamento de Justicia obstaculizara su ley ante los tribunales y ahora, la máxima instancia judicial deberá examinar la constitucionalidad de la norma. La Corte emitirá una sentencia durante la actual sesión judicial, que termina en junio.

Esta ley fue promulgada en abril de 2010 y rápidamente provocó polémica porque exigía, por primera vez en la historia de Estados Unidos, que la Policía estatal detuviera a las personas sospechosas de no tener papeles. El gobierno federal rápidamente apeló la norma, que fue imitada de una forma u otra por Carolina del Sur, Utah, Georgia, Indiana y Alabama. Este último Estado aprobó una ley aún más dura que niega el acceso al agua y electricidad a quienes no puedan demostrar su residencia legal.

Los asuntos migratorios son prerrogativa federal en Estados Unidos, pero los defensores de esas leyes argumentan que los Estados tienen derecho a detener a los indocumentados en su territorio para luego traspasarlos a las agencias encargadas de su deportación.

La proliferación de normas de control de la migración amenaza con provocar una explosión de casos de deportación y un caos legislativo, advierten expertos.

Estados Unidos cuenta con unos 11 millones de indocumentados y en Arizona, el Estado que más cruces ilegales soporta en toda la frontera con México, viven unos 400.000 extranjeros sin papeles en regla, según cálculos del Centro Pew Hispanic. "Aunque nadie puede negar que Arizona soporta el peso del impacto de la inmigración clandestina, el gobierno federal ha ignorado durante largo tiempo los llamados de socorro", destacó el Estado en su recurso ante la alta Corte.

"Arizona no puede pretender que quiere "cooperar" con el gobierno federal y al mismo tiempo continuar con su propia estrategia de rechazo a las políticas y prioridades federales", argumentó el Departamento de Justicia. AFP