Blancos acuerdan criterio sobre minería

DANIEL ISGLEAS

El Partido Nacional acordará hoy su posición consensuada sobre la megaminería, sobre la base de un documento común que será considerado y aprobado por el Directorio partidario.

A pedido del gobierno, todos los partidos preparan una definición sobre la actividad de la megaminería a cielo abierto en el país luego de la presentación de propuestas para la explotación de diversos emprendimientos.

En el caso del Partido Nacional, la comisión que se formó recibió dos propuestas. Una es del diputado Álvaro Delgado (Aire Fresco) y la otra es de su colega de Unidad Nacional José Carlos Cardoso. Básicamente, se diferencian en que la iniciativa del primero pone el acento en el ordenamiento territorial y el desarrollo sustentable, y en la protección del medio ambiente, mientras que la de Cardoso lo hace en el aspecto tributario.

Uno de los elementos centrales que plantea Delgado es que los controles medioambientales y de desarrollo sustentable sean previos a la concesión de los permisos para los emprendimientos de megaminería, incluyendo en ellos la previsión de medidas y obras de rehabilitación de los sitios que se verán afectados.

A su vez, plantea garantizar con auditoría externas (ambientales, económicas, sociales, territoriales, etc.) la gestión y ejecución de los emprendimientos mineros.

El documento común que considerará hoy el Directorio blanco define a la minería de gran porte como los emprendimientos donde haya una producción anual con un valor superior a los US$ 100 millones, una afectación territorial de más de 400 hectáreas y una inversión también superior a US$ 100 millones.

EN EL CÓDIGO. También se propone incluir a la minería de gran porte en un capítulo específico del Código de Minería para que sus disposiciones alcancen esa actividad.

Una de las propuestas de Cardoso es aplicar a los emprendimientos de megaminería un régimen tributario especial, con una tasa adicional progresiva al impuesto a la renta empresarial (IRAE) para que se llegue a una tasa de imposición efectiva cercana al 50% de la renta obtenida. El sistema impositivo uruguayo para la actividad minera se ubica en la actualidad, considerando el canon de minería (5% sobre valor de ventas), el IRAE (25% sobre rentas fiscales) y el impuesto a la Renta de No Residentes (7,5% sobre la distribución de las ganancias), en el entorno del 35% de tasa efectiva para altos niveles de rentabilidad, y entre 45% y 50% para bajos niveles de rentabilidad.

Este esquema de tasas adicionales progresivas asegurará tasas efectivas mayores sobre la rentabilidad del negocio. Cuanta más rentabilidad dé el emprendimiento, mayor participación tendrá el Estado uruguayo en el porcentaje de la renta, según la idea de Cardoso.

En el documento se establece además que la actividad de megaminería no será beneficiaria de subsidios ni devolución de impuestos.

También se incluirá una disposición por la cual, a los efectos tributarios y de los permisos mineros correspondiente, los emprendimientos de megaminería se considerarán personas físicas, personas jurídicas, o grupo económico.

De acuerdo con el documento de los nacionalistas, con el producido del canon y de los impuestos aplicados anualmente a la minería de gran porte se constituirá un fondo financiero para inversión con proyección de largo, mediano y corto plazo, para lograr un efecto intergeneracional de los beneficios de esa actividad industrial.

Rurales presentes

Grupos de productores rurales afectados por los proyectos mineros se harán presentes hoy frente a la sede del Directorio del Partido Nacional, para manifestarse durante la sesión en que se considerará el documento común que los blancos presentarán a la comisión multipartidaria que estudia las propuestas finales en torno a la minería de gran porte.

Política de estado y consenso

Cuando se vio enfrentado a la posibilidad de que el país recibiera una gran inversión por la explotación de yacimientos mineros, sobre todo por parte de la empresa Aratirí, el presidente José Mujica lanzó la idea de hacer una consulta popular. De inmediato recibió numerosas críticas de la oposición y también de una parte de los sectores productivos. Luego, en agosto, el Poder Ejecutivo decidió cambiar la estrategia y promovió la creación de una comisión para estudiar todo lo relativo a la actividad minera a gran escala en el país. El presidente José Mujica encomendó su coordinación a un hombre de su confianza, el exsubsecretario de Economía y Finanzas Pedro Buonomo. E invitó a participar a los partidos políticos que aportaron referentes técnicos y legisladores. Inicialmente, la comisión tendría un plazo de sesenta días para expedirse. En ese ámbito, los partidos han ido logrando avances. En una de las últimas reuniones de la comisión multipartidaria, el gobierno presentó la idea de que la actividad vinculada a la megaminería tenga un sistema de gravámenes mediante franjas similar al del IRPF, con tasas progresivas. Y que a medida que empiecen a aumentar sus ganancias se vaya aumentando la tasa. La propuesta está a estudio de la comisión.