La baja productividad en el sector público condiciona suba de salarios

HORACIO BAFICO/GUSTAVO MICHELIN

En un entorno equilibrado y sostenible a lo largo del tiempo, los aumentos de salarios deben estar acompañados por mayores niveles de productividad, situación que no parece ocurrir en los últimos años para los sueldos del gobierno central.

Los números de la economía en el 2011 comienzan a invitar a un nuevo debate centrado en el valor que devuelve el Estado por los impuestos pagados. En términos económicos, a la justicia se le denomina eficiencia, entendiendo a esta como la obtención del objetivo planteado al menor costo posible. En el caso de la retribución que recibe el trabajador por su esfuerzo, lo eficiente (o justo) es que el salario esté vinculado con la productividad, es decir el valor de la riqueza que generaron esas horas de trabajo que se pagan con los impuestos que pagan todos los ciudadanos.

Si por algún arreglo institucional, por ejemplo un decreto, se fijan los salarios del sector privado en un nivel superior al de su productividad, la reacción de los empresarios será la de adoptar tecnologías poco intensivas en mano de obra. En definitiva habrá un bajo nivel de empleo, sólo tendrán trabajo aquellos cuya productividad es tan alta que justifica los elevados niveles salariales decretados. A nivel del sector privado el mercado laboral funciona más o menos eficientemente y cuando hay distorsiones muy grandes, se ajusta por cantidad. En el caso del sector público este ajuste por cantidad no es tan claro. Por lo pronto los funcionarios del Estado tienen un estatuto muy particular, en el cual no operan los ajustes por cantidad. No obstante sus peculiaridades, es importante que los salarios públicos no se aparten de la productividad. Si así fuese la sociedad toda estaría soportando un sobrecosto, situación no eficiente, lo que disminuye el ingreso disponible para destinar a otras actividades seguramente más eficientes.

A pesar que la inflación en el año está superando en tres puntos porcentuales la utilizada por el gobierno para ajustar los sueldos a comienzos del año, el promedio de todo el 2011 registrará una nueva ganancia real de los salarios del Gobierno Central. En los nueve primeros meses del año el índice de salarios públicos se incrementó 3,8% en relación a igual período de 2010, situándose en un nivel que supera las cotas que se utilizan como referencia para considerar que operó una recuperación de lo perdido durante la crisis de comienzos del siglo.

Para distinguir entre crecimiento y recuperación se puede tomar el 2008 como referencia, ya que en dicho año el nivel alcanzado es relativamente igual al que regía entre 1998-99. El promedio del 2011 se ubicará aproximadamente un 14% por encima del nivel del 2008 o del período previo a la crisis. La pregunta es si la productividad de los funcionarios que forman parte del presupuesto del gobierno central ha tenido un aumento similar.

La medida de la productividad no es una tarea sencilla. En particular, a nivel del sector público se llevan a cabo una infinidad de tareas que no son fácilmente cuantificables. No obstante ello, el gobierno a lo largo del tiempo ha hecho un esfuerzo por generar indicadores de gestión y está transitando hacia una forma de trabajo con evaluaciones objetivas de desempeño y cumplimiento de metas.

Muchos de los indicadores son difíciles de cuantificación pero hay otros como ser los de cantidades que son más fáciles.

Una evaluación sencilla y rápida para ver el grado de aproximación a un crecimiento de la productividad del 14% sería analizar los índices de cantidades más relevantes en los rubros de gasto más intensivos en mano de obra: educación, salud y seguridad.

En el caso de la educación pública la matrícula de la Anep cayó 1,6% en los tres últimos años, por lo que las ganancias de productividad deberían provenir de la calidad en la educación. No es precisamente lo que indican las pruebas de evaluación y los indicadores de repetición.

Para la salud, tampoco hay una ganancia de productividad contundente en el número de personas a atender. En efecto, los usuarios de Asse eran 1,3 millones en 2007, bajaron a 1,2 millones en el 2008 y se mantienen en dicha cifra en el 2010. En el mejor de los casos un aumento muy leve en el orden del 1%. Los indicadores de calidad aquí podrían estar aportando señales de incremento en la productividad pero muy lejos de lo que han sido los aumentos de salarios.

El tercer caso a considerar es el de la seguridad. Sin entrar en lo que son las evaluaciones de la opinión pública, que pone este problema en el primer lugar de las preocupaciones, se puede recurrir a los números de denuncias. En este sentido los datos del Observatorio presentan cambios de metodología en el 2009.

Con la metodología actual se observa que la cantidad de denuncias en el primer semestre del 2011 fue un 21% superior a la del mismo período en el 2009. A su vez, el año 2009 registra una mejora de apenas el 6% en relación al 2008. Por lo tanto hay un empeoramiento del orden del 15% si se mide la gestión por una reducción en la cantidad de denuncias.

La pregunta queda abierta a profundizar la medición de la productividad de los servidores públicos y la eficiencia de los responsables de gestionar dichos recursos humanos.

En todos los casos, la holgura que existía al partir de sueldos deprimidos por la crisis se terminó. Cada peso que se pague en sueldos en el sector público tiene que tener una contrapartida en mejores servicios para cumplir con un criterio elemental de justicia.