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Salud. Reclaman financiamiento para las nuevas prestaciones exigidas
Las mutualistas no firmarán los contratos de gestión con el Ministerio de Salud Pública el miércoles 9. Afirman que la Junasa "está cerrada al diálogo" y entienden que no pueden asumir nuevas responsabilidades sin el adecuado financiamiento.
Hace casi un mes, las mutualistas entregaron a la Junta Nacional de Salud (Junasa) una propuesta sobre los contratos de gestión que deben cumplir las instituciones en los próximos tres años, pero no encontraron respuesta a sus planteos. El diálogo entre el sector mutual y el presidente de la Junasa, Luis Gallo, está roto.
La Junasa elaboró un documento que contiene las nuevas exigencias asistenciales que deberán cumplir las mutualistas en los próximos tres años, para en contrapartida recibir un pago por los afiliados del Fondo Nacional de Salud (Fonasa). Frente a estas nuevas obligaciones, el mutualismo advierte que se encuentra ante un problema de "desfinanciamiento" y por lo tanto se negará a votar el documento, que será sometido a discusión el miércoles 9.
Eduardo Zaidensztat, asesor de la Coordinadora de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva, dijo a El País que el 11 de octubre le entregó a Gallo un informe técnico encargado por la Federación Médica del Interior (FEMI) y otras seis mutualistas, en donde se plantean las dificultades para poner en práctica los contratos de gestión propuestos por el Ministerio de Salud Pública (MSP).
"Nos preocupa que hasta el momento el presidente de la Junasa esté cerrado al diálogo. ¿Por qué no se escucha a las instituciones. ¿Por qué no se escuchan a sus equipos técnicos?", se preguntó Zaidensztat, ex director de la Dirección General Impositiva (DGI).
El asistente del sector mutual señaló que "hay muchas personas que trabajaron en la elaboración del informe que no fue tenido en cuenta, "porque hoy lo que quiere la Junasa es imponer algo en contra de la salud del sistema".
DESAJUSTE. Según los informes técnicos realizados por las mutualistas, el pago que hace el Ministerio de Salud Pública por las cápitas (monto que se paga por cada afiliado en base a las variables edad y sexo) no se ajusta a los costos reales de la atención. "En varias de estas franjas la institución recibe menos plata de lo que es el costo asistencial. Esas franjas (de atención a los adultos y las personas de tercera edad) están en rojo", explicó Zaidensztat.
Según el asesor de las mutualistas, en los últimos tres años se produjo "un desfasaje entre los haberes y egresos de la mutualista, lo que implica una merma de los ingresos de más del 3,5%".
En los últimos tres años el sistema privado creció un 25% en cantidad de socios, eso supuso a su vez un esfuerzo económico adicional para sostener la calidad de atención.
Zaidensztat explicó que para invertir en infraestructura se requiere financiación por parte del Poder Ejecutivo. "Nos dicen que esa financiación estará disponible recién en enero de 2013. Nosotros entendemos que los dos millones de uruguayos que se atienden en el sistema mutual no pueden esperar que las inversiones empiecen a hacerse dentro de 14 meses. Por eso, solicitamos que se hagan cargo de esta financiación a partir de enero de 2012", indicó el asesor.
El desfasaje entre la atención que se brinda en las mutualistas y lo que se percibe por el Fonasa es del 6,22%. Este porcentaje surge de la diferencia entre los costos que tiene la asistencia a los afiliados y los recursos que se reciben por parte del Estado.
Sin embargo, esto no supone que las instituciones estén en déficit porque tienen otros ingresos como venta de servicios y afiliados particulares, advirtió Zaidensztat. A futuro, si se proyecta la situación financiera del sistema mutual, se constata una situación deficitaria debido al desfasaje entre los ingresos y egresos, y recién se solucionaría en el año 2016. "Nosotros entendemos que hay instituciones que están hoy con problemas económicos, se necesita mejorar en tecnología y en infraestructura, pero no podemos esperar al 2016. Lo que se está pidiendo acá es que el sistema sea sustentable, si queremos tener calidad de asistencia se necesitan recursos", aseguró.
Según Zaidensztat, "no es posible aplicar una política de subsidios a cargo de la economía de las instituciones, porque eso atenta contra la viabilidad y sustentabilidad del sistema mutual en su conjunto".










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