Impuesto a la tierra "puede concentrar aún más la tenencia"

VALERIA GIL

La Facultad de Agronomía cuestionó en la Comisión de Hacienda de Diputados la efectividad del impuesto a la tierra. Según los catedráticos, no es seguro que el tributo reduzca los niveles de concentración, sino que al contrario puede exacerbarlos.

Una delegación de la Facultad de Agronomía, que concurrió a la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja el miércoles 19, cuestionó la eficacia del Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR).

El decano de Agronomía, Fernando García, advirtió que en un intento por desalentar la concentración de la propiedad "se puede aumentar la concentración de la tenencia". A consecuencia de ello, los pequeños productores "corren el riesgo de salir de su rol productivo, en la medida en que puede serles más interesante arrendar su tierra que desarrollar algunas actividades a las que se dedican", según indica la versión taquigráfica de la comisión a la que accedió El País.

"A mí me preocupa muchísimo más la concentración de la tenencia que la concentración de la propiedad, y este proyecto no ataca eso". Es más peligrosa la tenencia, el uso real de la tierra, sentenció el decano de Agronomía.

Los catedráticos entregaron a los legisladores un informe técnico acerca del ICIR en el que se reconoce que "existe una duda razonable sobre el impacto final del impuesto que se crea. No es seguro que este instrumento límite los niveles de concentración o, por el contrario, pueda incluso exacerbarlos aún más".

Según la Facultad de Agronomía, se puede producir un aumento en los impuestos que puede afectar a un sector de empresas de base familiar amplia (a veces de segunda generación y de carácter nacional), para quienes "el impuesto le dificulte mantener la actividad y la distribución interna de los ingresos". Ello, "puede alentar la venta, la cual terminará una vez más en las opciones extranjerizantes o más concentradoras".

El profesor Pedro Arbeleche, que encabeza el grupo de Agronegocios, remarcó durante su exposición que "los montos de este impuesto afectarían relativamente poco y, en consecuencia, no deberían impedir que los grandes grupos que concentran tierra o pretenden hacerlo, se limiten".

Arbeleche explicó que "es muy baja la imposición como para que el mecanismo funcione de esa manera (desestímulo a la concentración). Tengamos en cuenta que hoy en Uruguay una hectárea con índice Coneat 100 puede rondar los US$ 3.000 o US$ 4.000. Entonces, un impuesto de US$ 8 es prácticamente ínfimo", aseguró.

Dentro de los temas ausentes y en los que el país debiera avanzar en legislación, los catedráticos citaron al proceso conocido internacionalmente como "Land Grabbing". Así se denomina a las compras o arrendamientos a largo plazo de enormes superficies de tierra por países poderosos (China y países árabes).

Además, los catedráticos plantearon que "la degradación de los suelos y el riesgo de la sustentabilidad de largo plazo debieran considerarse en cualquier aproximación moderna sobre el control e imposición de los recursos productivos de base natural".

Por otra parte, la Facultad de Agronomía cuestionó el uso del índice Coneat dentro del ICIR como indicador de productividad. "La imposición sobre extensiones de superficie considerando el Coneat, como única variable de diferenciación, no evita otro tipo de sesgos inconvenientes, que se pueden derivar de la diversidad productiva", indicaron los docentes.

Alerta de forestales

La Sociedad de Productores Forestales alertó a los legisladores sobre la "incertidumbre" que genera el cobro de un impuesto a la tierra. "Por un lado, generamos las condiciones para ser atractivos como país y seducir a las inversiones; pero una vez que están instalados, modificamos las reglas y aplicamos impuestos que son bastante onerosos", dijeron.