El miedo a la calidad

Jorge Grunberg

Existe un amplio consenso sobre que nuestro país no podrá prosperar sin una mejora integral de nuestro sistema educativo. Esta mejora requiere una política de estado basada en amplios acuerdos que permitan las reformas e inversiones necesarias en el largo plazo. Por definición, una política de estado debe basarse en consideraciones racionales y no ideológicas para trascender la rotación de gobernantes.

Lamentablemente, en nuestro sistema universitario persiste una tensión constante entre la ideología y la razón, en especial en la relación entre la universidad estatal y las privadas. En los últimos días, los uruguayos escuchamos con perplejidad que autoridades de la universidad estatal opinan que es urgente "aprobar una norma legal que regule … la enseñanza terciaria privada (para ofrecer) garantías adecuadas". La implicancia es que urge controlar la calidad de las universidades privadas (donde estudian 20% de los alumnos) pero que no existe una necesidad similar respecto a la universidad estatal (donde estudian 80% de los alumnos y donde se gasta 100% de los fondos públicos). ¿Es esta una posición intelectualmente coherente, basada en la razón e inspirada en la búsqueda del bien común? ¿O es una posición ideológica, inspirada en la protección de intereses corporativos?

Coincidimos en que nuestro país necesita un sistema de evaluación de la calidad de la educación universitaria para evitar un proceso de deterioro similar al que sufrió la educación secundaria. Pero, como indican las recomendaciones de los organismos especializados, un sistema efectivo de evaluación de calidad debe evaluar externamente a todas las instituciones con los mismos métodos y medidas. Evaluar solo algunas instituciones o evaluarlas con distintas varas, es solo una simulación de un mecanismo de aseguramiento de la calidad y en el fondo una defraudación a la confianza pública.

Nuestro país actualmente carece de un sistema efectivo de evaluación universitaria. Las universidades privadas son evaluadas por el Ministerio de Educación y Cultura pero a través de mecanismos que apuntan más a aspectos formales que a resultados académicos. Las instituciones universitarias estatales no tienen ningún sistema de evaluación de calidad externo obligatorio. El primer paso hacia una mejora del sistema universitario debe ser lograr una convergencia entre los mecanismos de evaluación de calidad de las instituciones universitarias estatales y privadas. Con un sistema integrado de evaluación universitaria, la sociedad uruguaya tendría información completa y comparable sobre el funcionamiento de las instituciones que financia o autoriza, las familias y los propios estudiantes tendrían información sobre la calidad de los aprendizajes y lo más importante es que las propias instituciones tendrían información útil para mejorar la calidad de su enseñanza.

La creación de un sistema efectivo de evaluación universitaria es resistido desde algunos sectores, estatales y privados, que rechazan la obligación ética de rendir cuentas a la sociedad que los financia o autoriza. La evaluación no es un ataque a la libertad de educación ni una restricción a la autonomía, es un derecho de la sociedad. La diferencia relevante es entre la excelencia y la mediocridad y no debemos permitir que grupos ideológicos del signo que sean, desvirtúen lo que debe ser un esfuerzo nacional de mejora educativa transformándolo en un conflicto artificial entre público y privado.

Es interesante notar que mientras la creación de un sistema de evaluación común a todas las universidades encuentra grandes resistencias, en los últimos años se ha producido una sorprendente convergencia entre la enseñanza universitaria estatal y privada en aspectos académicos. Por ejemplo, las carreras de ingeniería y arquitectura de la universidad estatal redujeron su duración a una duración similar a la de las mismas carreras en las universidades privadas. Similarmente, a partir de 2012 las carreras de contador público y economista reducirán su duración a cuatro años, otra vez convergiendo a la duración de estas carreras en las universidades privadas. En los últimos años la universidad estatal comenzó a dictar carreras que solo existían en las universidades privadas como la licenciatura en comunicación visual o la maestría en administración de empresas (es-ta última con un precio igual o mayor al que cobran las universidades privadas). La universidad estatal rediseñó sus planes de estudios en base a "créditos académicos", una reforma importante y positiva, vigente desde hace tiempo en algunas universidades privadas. En algunos casos la universidad estatal irá más allá de lo que hacen las privadas ya que permitirá el ingreso de estudiantes que no hayan culminado la secundaria y la obtención de créditos académicos por pasantías laborales (la ley vigente no permite estas valiosas innovaciones a las universidades privadas).

La conclusión de estas observaciones no es que la universidad estatal adopta prácticas académicas de las universidades privadas porque éstas sean mejores. Las universidades privadas también han incorporado prácticas de la universidad estatal en muchos casos. Lo importante de esta convergencia de prácticas académicas entre el sistema universitario estatal y el privado, que hubiera sido impensable hace unos pocos años, es que demuestra que el cambio positivo es posible cuando la sociedad civil transmite elocuentemente sus reclamos, cuando el principio ordenador es la razón y no la ideología, y cuando la meta es la mejora del servicio para los ciudadanos y no la acumulación de poder.

Las querellas ideológicas o corporativas no deben actuar como una pantalla para esconder nuestro miedo a la calidad. Así como podemos sentir al unísono en la pasión deportiva, debemos poder actuar unidos para la mejora educativa sin que nos separen las ideologías, ya que de la misma manera que los goles no son de izquierda ni de derecha tampoco lo son las ecuaciones diferenciales o la Ley de Lavoisier.