Alabama pone en práctica la más dura ley migratoria

ALABAMA | AP, AFP Y ANSA

La Policía de Alabama aplica desde ayer estrictas medidas estipuladas por la ley migratoria, considerada por muchos la más dura de todo Estados Unidos. El gobierno del presidente Barack Obama se opone y prepara una ofensiva legal.

Las autoridades podrán interrogar a personas sospechosas de estar sin permiso en el país y mantenerlos detenidos sin derecho a fianza, además las autoridades pueden revisar el estatus de los estudiantes en escuelas públicas, dijo el gobernador Robert Bentley.

Estos dos aspectos clave de la nueva ley de Alabama fueron ratificados por una juez federal el miércoles. El gobernador dijo que partes de la ley entrarán en vigor de inmediato. "Intentamos aplicarla ya", señaló.

La jueza de distrito, Sharon Blackburn, escribió en su fallo de 115 páginas que algunas partes de la ley respaldada por republicanos entran en conflicto con las leyes federales, pero otras no.

Entre las disposiciones que permanecen sin cambio, al menos temporalmente, hay varios elementos clave que permiten calificar a la ley de Alabama como más rigurosa que las legislaciones similares aprobadas en Arizona, Utah, Indiana y Georgia. Otros jueces federales ya las han rechazado total o parcialmente.

Hay tres demandas contra la ley de Alabama, incluida una impugnación del gobierno del presidente Barack Obama. Se prevé que la decisión de Blackburn será apelada.

John Carroll, exmagistrado federal que ahora es rector de la facultad de leyes en la Universidad Samford, dijo que el fallo de Blackburn fue en su mayor parte consistente con las decisiones en otros estados con excepción de permitir en Alabama la ley de "detener y preguntar", que autoriza a la Policía a solicitar los documentos migratorios de las personas.

Varios dirigentes del sector agrícola temen que la ley los perjudique al alejar a los trabajadores hispanos que son vitales para levantar las cosechas en todo el estado.

El tema de la inmigración en Alabama se volvió polémico durante la última década a medida que la población hispana del estado creció en un 145%, a unos 185.600 residentes.

La jueza Blackburn aseguró que la ley federal no le prohíbe al estado obligar a las escuelas a verificar la situación migratoria de los estudiantes y reportar las estadísticas generales al estado, pero el efecto inmediato no está claro porque las clases ya comenzaron. Alabama fue el primer estado en incluir una previsión de este tipo, por eso la decisión de Blackburn podría servir como un anteproyecto que permita a otros adoptar leyes similares.

"Es una ley horrenda y un fallo escandaloso", dijo Frank Sharry, director ejecutivo de la fundación America`s Voice Education, al recalcar que solo el gobierno federal puede solucionar el sistema de inmigración.

Ali Noorani, director del Foro Nacional de Inmigración, afirmó que el fallo marca "un día triste para el país" y lamentó que "Alabama siga haciendo historia con caminos errados".

El fallo tenía en vilo a los 11 millones de indocumentados, en su mayoría hispanos, que viven en Estados Unidos y que temen una expansión en el país de medidas similares.

Reacción de Obama. Según se supo ayer, el gobierno demócrata estadounidense está ampliando su ofensiva contra las leyes estaduales anti-ilegales y está preparando causas judiciales en los casos de Utah, Georgia, Indiana y Carolina del Sur, siguiendo la estrategia que ya lleva a cabo en Arizona y, por supuesto, Alabama.

Según indicó ayer el diario Washington Post, los abogados de la Casa Blanca están ya revisando los estatutos en aquellos estados.

"No recuerdo ningún momento en la historia en el cual el ministerio de Justicia haya desafiado de manera tan agresiva las leyes estaduales", dijo al diario el experto Jonathan Turley, de la Universidad de Georgetown.

La posibilidad de que la ley se aplique de manera completa en Arizona se está dirigiendo hasta la Corte Suprema, pero el fallo de Blackburn representó un serio traspié para la estrategia del gobierno federal y fue aprobada el mismo día en que Obama justificó ante inmigrantes hispanos por qué no cumplió su promesa electoral de mejorar las leyes migratorias.

El mandatario dijo que sus iniciativas son bloquedas por la oposición republicana en el Congreso y que espera que en pocos años un latino sea presidente de Estados Unidos.

El Washington Post afirmó que el gobierno se encuentra "bajo presión" para intervenir en casos como el de Carolina del Sur, donde una ley similar tiene fecha de entrada en vigor para el próximo 1° de enero.

El miércoles, durante una la "mesa redonda online" con portales hispanos de Internet, Obama explicó las razones de la ofensiva de su gobierno contra las leyes estaduales. "Existe el gran peligro de que ciudadanos naturalizados, personas con apellidos latinos, puedan potencialmente ser vulnerables a interrogatorios", dijo Obama.

Según el mandatario, "las leyes pueden potencialmente ser utilizadas de manera abusiva, de maneras que no son justas para con los ciudadanos latinos". El presidente se declaró contrario a "un collage de 50 leyes migratorias distintas en los 50 estados" que forman el país.

Sospecha en Gran Bretaña

Académicos y profesores universitarios de Gran Bretaña reportaron a las autoridades de inmigración más de 1.500 estudiantes extranjeros por mes por sospechas de sus visados para permanecer en el país, según un informe dado a conocer ayer.

Al menos 27.121 extranjeros fueron reportados a la Agencia de Fronteras del Reino Unido por universidades y colegios terciarios entre marzo de 2009 y agosto de 2010.