Jueza obliga a reintegrar a un obrero de PUL

CERRO LARGO | NÉSTOR ARAÚJO

La jueza letrada de Melo, Gabriela Rodríguez Marichal, declaró ayer nulo el despido de un obrero del frigorífico PUL de Cerro Largo, y dispuso que el trabajador debe ser reintegrado a sus tareas en un plazo de 24 horas.

El cese del trabajador tuvo lugar el pasado 24 de agosto, debido a que la empresa lo acusó de haber agredido a un capataz. El despido motivó que durante una semana el sindicato de PUL ocupara la planta de la empresa como medida de protesta.

La jueza Rodríguez Marichal, en la resolución en la que ordenó reintegrar al trabajador, estableció que la empresa debe pagar "la totalidad de los jornales que le hubiere correspondido cobrar desde el día en que fue despedido".

Sin embargo, el trabajador, con 14 años en la empresa, no se reintegrará a su puesto porque hace diez días acordó con el frigorífico PUL una indemnización extrajudicial de $ 700.000, según confirmaron a El País fuentes de la empresa.

Con motivo de ese acuerdo, PUL no apelará la resolución de la jueza Rodríguez Marichal, debido a que ya pactó con el propio trabajador que no regresará a su cargo, señalaron las fuentes.

OCUPACIÓN. El despido del trabajador motivó una dura reacción del sindicato de funcionarios de PUL, que durante una semana ocupó las instalaciones del frigorífico ubicado sobre la ruta 8, en los accesos a la ciudad de Melo, capital de Cerro Largo.

La medida fue apoyada por la Federación de Obreros de la Industria Cárnica (Foica), que denunció que el trabajador despedido era víctima de una persecución sindical.

Sin embargo, la ocupación terminó el pasado 8 de septiembre, tras la presentación de una acción de amparo por parte de los trabajadores no sindicalizados del frigorífico. De los 600 funcionarios de la empresa, 250 están agremiados, y de ese total solamente 100 estaban llevando a cabo la ocupación de la planta.

Durante la ocupación -que inicialmente se había previsto por 48 horas- los trabajadores bloquearon el ingreso de los funcionarios que pretendían cumplir con sus labores, la salida de camiones con carne con destino a la exportación y el ingreso de ganado para ser faenado.

Tras el levantamiento de la medida gremial, Gustavo Soria, presidente del sindicato de PUL, dijo que "el conflicto se extendió más de lo previsto y que lo mejor sería resolver el reintegro al trabajo sin perjuicio que se siga negociando en la Justicia y ante el Ministerio de Trabajo el retorno del funcionario cesado".

En su momento, Rodrigo Goñi, miembro del Directorio de PUL, explicó que el trabajador cesado "agredió a un capataz", y ese hecho motivó la decisión de la empresa de despedirlo.

"Nada tiene que ver el cese del trabajador con el sindicato, no tiene connotación ninguna con el gremio", destacó Goñi, quien además integra el Directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo.

"Hay disposiciones que se deben cumplir. En caso de no acatarlas la empresa procede en consecuencia, lo saben al firmar el contrato de ingreso y además ahora existen cámaras de seguridad que pueden probar todo; hay imágenes que muestran los hechos", sostuvo Goñi.

El conflicto entre PUL y el sindicato motivó que la Junta Departamental de Cerro Largo convocara a las partes para que explicaran la situación y dieran su visión del hecho.