
|
||||||||
800 trabajadores reclamaban pagos por $ 80 millones
Los funcionarios que se desempeñan en ASSE bajo el régimen de Comisión de Apoyo son unos 11.000. Se trata de un sistema de naturaleza privada que funciona en el ámbito público, permitiendo al Estado contratar gente sin presupuestarla. El gobierno se ha propuesto regularizarlos, aunque aún no se ha avanzado demasiado.
Desde que se ideó el sistema, durante la década de 1990, se incluyó a todos esos trabajadores en un grupo laboral que no les corresponde y que les implica pérdidas salariales. Por ese motivo hay varios juicios en puerta contra el Estado, y en uno de los más antiguos hubo pronunciamiento de la Justicia el 31 de agosto. La jueza Cristina Cabrera desestimó la demanda que hace seis años iniciaron 800 empleados. Reclamaban pagos por $ 80 millones más el 50% por daños y perjuicios.
Los trabajadores, decepcionados, dijeron a El País que ha habido algún juicio de la misma índole en que otros jueces fallaron de forma favorable a sus compañeros. Anunciaron que apelarán la sentencia.
En la misma, Cabrera consideró algunos convenios que el gremio de Comisión de Apoyo (Afasse) realizó años atrás con las autoridades. En esos acuerdos se estableció determinada nocturnidad y antigüedad que no es la correspondiente al grupo de la salud.
Quienes demandaron al Estado son enfermeros, técnicos radiólogos o choferes de ambulancia, y sin embargo integran el grupo 20: "entidades gremiales, sociales y deportivas". Reclaman estar en el grupo 15: "servicios de salud y anexos".
En la sentencia no hay referencias a estos grupos, que constituyen la esencia del reclamo. Según explicaron a El País, pertenecer al grupo 20 en vez de al 15 les implica 20 días de licencia en vez de 30, y 20% de nocturnidad en vez de 30%. No cobran antigüedad, cuando deberían. También reclaman que se les proporcionen uniformes y que puedan lavarlos en los hospitales donde trabajan.
En tanto, Afasse inició un juicio similar meses atrás. Quienes acaban de perder aseguraron a El País que el secretario general del gremio, Luis Pérez, ofició como testigo de la parte demandada en el juicio de ellos, y ahora reclama lo mismo. Los empleados cuestionaron las intenciones de Pérez.








El Ministerio de Economía presentó un proyecto que incorpora una franja de 30% en el IRPF y amplía la de 25% para gravar más a ...
La IMM desestimó una oferta de construir 3.000 refugios peatonales que no tendrían costo para el municipio. La inversión era de ...
El cerrojo de un rancho quebrado con una uña de metal por un funcionario de la Intendencia de Rocha, ante las protestas e ...
En los últimos 20 años, la brecha tecnológica en la asistencia médica en Uruguay ha crecido con respecto a países vecinos. Según ...
El secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, exhortó ayer al "sistema político" a que no se pronuncie acerca de decisiones ...