Rechazan críticas al fiscal que pidió procesar a Arana

Martín Tornaría, exabogado y amigo personal de Juan Carlos Bengoa, fustigó a los dirigentes del FA que criticaron al fiscal que pidió los procesamientos de Arana, Muñoz y Rosselli. El exintendente quiere hacer público su patrimonio.

Tornaría, quien ejerció la defensa judicial del exdirector de los Casinos de la Intendencia de Montevideo durante varios meses, rechazó las críticas hacia el fiscal Diego Pérez, quien el martes 30 pidió los procesamientos con prisión de Mariano Arana, María Julia Muñoz y Alberto Rosselli.

"¿A qué estamos jugando? Si lo quieren sacrificar (a Pérez) ya les digo que tengo entendido que es gente de izquierda. Que no le echen la culpa a blancos, colorados ni cívicos. Se les cayó el antifaz y descubrimos lo que hay", dijo Tornaría, al ser consultado ayer por El País.

El abogado recordó que Pérez "está dentro del Poder Ejecutivo", ya que todos los fiscales dependen desde el punto de vista administrativo del Ministerio de Educación y Cultura.

"Espero que cumpla el ex-presidente (Tabaré Vázquez) y que siga cortando manos. Salió en todos los muros del país que tenía que cortarle las manos a Bengoa. Puede llevar varias manos con uñas pintadas", expresó Tornaría, con ironía.

El miércoles, el senador Enrique Rubio, líder de la Vertiente Artiguista, sector al que pertenece Arana, dijo que el dictamen del fiscal es producto de un "error garrafal" y consideró "absolutamente desproporcionado" el pedido de procesamiento del exintendente.

La exsecretaria general de la comuna, María Julia Muñoz, cuyo procesamiento también solicitó Pérez, fue más lejos y dijo: "Lo que hay acá es una mano atrás que le mueve las piolas al señor fiscal".

Pérez, en un dictamen que presentó el martes ante la jueza Fanny Canessa, pidió los procesamientos con prisión de Arana, Muñoz y del exdirector de Desarrollo Económico de la comuna, Alberto Rosselli.

El fiscal pidió que se los impute por los delitos de fraude, concusión (coimas) y abuso de funciones, al concluir que "estaban prohijando y viabilizando" los hechos de corrupción desarrollados por Bengoa durante su gestión al frente de los Casinos de la Intendencia de Montevideo.

Ayer, el abogado de Rosselli, Diego Camaño, se notificó en el juzgado sobre el dictamen del fiscal. Los defensores de Arana y Muñoz, Daoiz Uriarte y Cecilia Salom, tomaron contacto el miércoles con el extenso documento de 88 carillas.

Ahora, la jueza Canessa deberá fijar una audiencia para tomar declaraciones a los indagados, paso previo a tomar resolución. Esa instancia tendrá lugar recién a mediados de octubre, estimó la magistrada.

PATRIMONIO. Arana brindó autorización a su abogado para que entregue a la Justicia y a los medios de prensa un resumen de su estado patrimonial, en respuesta al pedido que realizó el fiscal, quien además de su procesamiento, solicitó evaluar la evolución de su patrimonio.

Arana dijo a El País que no tiene problema de dar a conocer su patrimonio. "Lo hice antes de que me lo pidieran, ahora le di autorización al abogado, para que todo lo que pueda entenderse de transparencia suficiente para la Justicia y para la prensa se divulgue", señaló.

Por su parte, el presidente José Mujica respaldó ayer al exintendente. "Yo no sé lo que dicen los papeles, pero tengo juicio formado con respecto al arquitecto Arana y María Julia Muñoz. Los conozco bastante. Pudieron haber cometido algún error o alguna chambonada, pero nada de mala fe. Tengo plena confianza en ellos", dijo.

Mujica opinó que "la Justicia también se equivoca" en sus resoluciones, pero resaltó que el fallo que adopte la jueza Canessa en torno a los exjerarcas de la Intendencia de Montevideo deberá acatarse.

"Una cosa es un error que cualquiera lo puede cometer y otra es una intención de enriquecimiento. Y me consta que el arquitecto Arana, por iniciativa propia, cuando comenzó el proceso (judicial) colocó toda su declaración jurada en manos de la Justicia", dijo, por su parte, la senadora y esposa de Mujica, Lucía Topolansky.

INOCENTE. En tanto, el abogado Víctor Della Valle, actual defensor de Bengoa, consideró que la estrategia seguida por Arana, Muñoz y Rosselli fue "equivocada" porque "se la agarraron" con su cliente "pensando que se salvarían echándole la culpa de todo".

Della Valle sostuvo que no ejerció la defensa de Bengoa intentando responsabilizar a las jerarquías. "No me deja contento que nadie vaya preso; nosotros no hicimos nuestra defensa acusando a nadie", dijo.

Para el abogado, los pedidos de procesamientos contra Arana, Muñoz y Rosselli "no mejoran ni empeoran" la situación de Bengoa, para quien el fiscal Pérez pidió que sea condenado a cinco años de prisión.

Sin embargo, Della Valle señaló a El País que, a su juicio, si el fiscal le imputa a Arana, Muñoz y Rosselli el delito de fraude, ese ilícito no debe ser atribuido a Bengoa, ya que en ese caso no habría existido engaño a las jerarquías comunales.

Della Valle ya respondió la acusación que Pérez presentó contra Bengoa, y reclamó que se lo absuelva de todos los delitos. "Con la misma prueba que pidió el fiscal, se demuestra que es inocente", dijo.

"A las 48 horas ya estaba procesado"

El abogado Martín Tornaría, exdefensor y amigo personal de Juan Carlos Bengoa, manifestó su malestar por las "diferencias en el tratamiento" en el juzgado de su excliente y Mariano Arana, María Julia Muñoz y Alberto Rosselli. Tornaría recordó que en diciembre de 2007, luego de que la entonces fiscal del caso, Olga Carballo, pidiera su enjuiciamiento con prisión, "a las 48 horas Bengoa ya estaba procesado".

Pero ahora, antes de resolver si procesa o no a Arana, Muñoz y Rosselli, la jueza Fanny Canessa "se toma un mes largo para citarlos y ahí recién esperar la prueba que soliciten, que espero tenga la misma resultancia que pedí yo, que diga que la van a hacer durante el proceso y que los procesen, que es lo que corresponde, según sostiene el fiscal", dijo Tornaría.

Según informó la jueza, recién podrá citar a declarar a las exautoridades municipales a mediados de octubre. En esa audiencia, Arana, Muñoz y Rosselli deberán presentarse con sus abogados, y tendrán la posibilidad de pedir el diligenciamiento de nuevas pruebas antes de que Canessa comience a estudiar el pedido del fiscal Diego Pérez y resuelva si ordena o no sus procesamientos con prisión. "Se fijará la audiencia ratificatoria en presencia de sus abogados, quienes tendrán la posibilidad de ejercer sus defensas, quedando en pie de igualdad con el representante del Ministerio Público y con las garantías del debido proceso", señaló Canessa.