Contra los privados

Antonio Mercader

En un Uruguay que clama por mejorar su educación hoy se hace lo posible por ahogar el desarrollo de las universidades privadas y consolidar la posición dominante de la Universidad de la República (Udelar). Se hace soterradamente a través de un Consejo Consultivo instalado en el Ministerio de Educación en donde los delegados del sector privado son minoría. Delegados que, en estos días, cansados de luchar contra un sistema que los desdeña, renuncian a sus cargos.

Renuncian hartos de una máquina burocrática que acoge sus propuestas con lentitud, desgano y cuidando que la educación privada no se distinga demasiado de la brindada por la Udelar. Es una máquina de homogeneizar y de poner palos en la rueda a las iniciativas privadas en un sector como la educación superior en donde debería alentarse la innovación, la creatividad y la diversidad de carreras en beneficio de los alumnos. Baste decir que el tiempo promedio de autorización de una nueva carrera es de cinco años.

Al crecimiento y dinamismo de los privados "se le oponen restricciones provenientes de una regulación que otorga escasas posibilidades de expansión", anota Pablo Landoni, uno de los renunciantes, en un reciente estudio sobre el tema. Claudio Rama, exdirector del Instituto de Unesco para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, denuncia a su vez "un enfoque político restrictivo de alta regulación derivado de un enfoque ideológico". Agrega que los controles "se aplican exclusivamente al sector privado, en tanto que el sector público no está sujeto a ninguna supervisión externa".

He ahí la madre del borrego. Se trata de mantener intacto el monopolio histórico de la Udelar, desafiado por un sector universitario privado que hoy concentra al 20% del total de los matriculados. Una Udelar con presencia dominante en ese Consejo Consultivo, cuyos delegados opinan y deciden a su aire sobre las ofertas académicas de sus competidores al tiempo que fruncen el ceño ante toda iniciativa que amenace su posición. Y peor aún, exigen a los demás unos estándares de calidad que la propia Udelar no está obligada a respetar.

Así actúa una universidad pública que mira de reojo a los privados. No sólo los mira sino que los ataca como quedó de manifiesto cuando Carlos Delpiazzo renunció como consejero de la Facultad de Derecho debido a la discriminación de que fueron víctimas los doctores Daniel Hugo Martins y Mariano Brito. Según Delpiazzo, a ambos se les negó el título de profesores eméritos debido a su actuación en universidades privadas.

Lejos de ser imparcial, el Ministerio de Educación y Cultura, que alberga en su seno al Consejo Consultivo, hace poco por refrenar a una Udelar renuente a someterse a toda supervisión, tal como lo demuestran sus cabildeos con relación al proyecto de crear una agencia de acreditación y evaluación, la Apacet. El proyecto está varado en una comisión parlamentaria desde hace un año porque a la Udelar, tan propensa a controlar a los demás, no acepta que le controlen la calidad de la enseñanza que imparte.

Así las cosas, es difícil que la educación mejore.