Expertos tributaristas apoyan no dar información a Argentina

PABLO MELÉNDREZ

La "regla general" es que los jueces uruguayos no cooperan ante pedidos de colegas extranjeros. Expertos defendieron la actuación de la jueza Gatti en el cruce que mantuvo con un magistrado argentino, que le negó colaboración en una causa.

El juez federal argentino Javier López Biscayart, que a fines de junio denegó un pedido de colaboración enviado por la jueza especializada en crimen organizado Graciela Gatti, no cooperará con sus colegas uruguayos porque, según entiende, no hay "reciprocidad" de su parte.

Fuentes cercanas a López Biscayart dijeron ayer a El País que el magistrado mantendrá esa posición "mientras la normativa legal sea la misma y un juez pueda decidir que no colabora sin más explicación".

El cruce entre los dos magistrados se plantea cuando desde Argentina se reclama que Uruguay libere información financiera sobre argentinos residentes, cosa a la que el gobierno se ha negado para respetar el secreto bancario.

Según las fuentes, la "esperanza" del juez argentino es que la situación de "falta de reciprocidad" desde Uruguay cambie ya sea por la celebración de un nuevo tratado regional o un convenio entre ambos países.

El juez alegó que en 2006 y 2009 Gatti le denegó una solicitud suya, que había realizado en el marco de una investigación de un ilícito tributario, que finalmente "quedó trunca", según dijeron fuentes judiciales argentinas.

En su resolución, López Biscayart rechazó el pedido de Gatti "teniendo en cuenta la falta de cooperación demostrada por la propia magistrada exhortante, no corresponde hacer lugar al cumplimiento de las medidas requeridas".

NO COOPERACIÓN. "La regla general es que los jueces uruguayos no cooperan", dijo a El País el abogado Carlos Álvarez Cozzi, encargado de la Autoridad Central, unidad del Ministerio de Educación y Cultura que se ocupa de enviar y recibir los exhortos judiciales internacionales.

En cuanto a las solicitudes de colaboración cursadas desde países que integran el Mercosur por casos de defraudación tributaria, Álvarez Cozzi informó que la "abrumadora mayoría" de los jueces rechazan los pedidos por lo que prevé el artículo 5° del Protocolo de Asistencia Jurídica Mutua que rige para los miembros del bloque.

Esa norma, que en su momento Gatti usó para rechazar el pedido de su colega, establece los motivos por los cuales un juez puede desestimar una solicitud. La denegatoria puede registrarse cuando "se refiera a un delito tributario".

"Se ha interpretado que la no obligación es una prohibición", dijo Álvarez Cozzi, quien dijo no tener claro a qué obedece tal situación.

Por su parte, el abogado Jorge Barrera, experto en derecho penal económico, dijo a El País que en la medida que el Protocolo de Asistencia Jurídica Mutua así lo prevea, los jueces uruguayos "no incurren en ninguna ilegalidad" al negarse a colaborar en casos tributarios.

"El secreto bancario y el secreto tributario son pilares de nuestro ordenamiento jurídico", señaló Barrera sobre la posición de los jueces de no cooperar en estos casos.

El Protocolo de Asistencia Jurídica Mutua del Mercosur "recoge la tendencia restrictiva rechazando la colaboración ante presuntos delitos tributarios", dijo Barrera.

Y en tal sentido, Álvarez Cozzi, experto en temas de cooperación jurídica, cuestionó el argumento planteado por el juez argentino López Biscayart sobre la "falta de reciprocidad" de parte de la magistrada Gatti.

"Los textos modernos ya no hablan de falta de reciprocidad como excepción para negarse a colaborar", dijo el encargado de Autoridad Central.

"Si hay países que quieren modificar el artículo 5° (del Protocolo de Asistencia Jurídica del Mercosur) que lo planteen. Pero mientras tanto, en temas tributarios los jueces tienen derecho a negar la colaboración", expresó Álvarez Cozzi.

Al respecto, el abogado destacó que, desde el punto de vista legal, cuando en su momento Gatti rechazó el pedido de cooperación planteado por López Biscayart, "lo que hizo fue aplicar la dogmática penal, y eso es lo que da garantías al sistema democrático", dijo.

Barrera agregó que los jueces deben regirse "por lo que establecen las normas legales" y no por criterios de "empatía o simpatía" personal entre sí.

La polémica entre López Biscayart y Gatti refleja, en cierta medida, los insistentes planteos realizados desde Argentina para que el gobierno libere información tributaria y financiera sobre argentinos residentes en Uruguay.

En los últimos tiempos, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ha planteado varias veces su intención de que Uruguay brinde esa información. Sin embargo, desde este margen del Río de la Plata, no ha encontrado eco.

"La tradición del Uruguay siempre fue no cooperar en materia tributaria, tanto a nivel judicial como administrativo", dijo a El País el abogado tributarista Carlos Loaiza.

Aclaró que por más que Uruguay y Argentina firmen un acuerdo de intercambio de información, los jueces podrán seguir negándose a cooperar en causas tributarias, en función del Protocolo de Asistencia Jurídica Mutua del Mercosur.

"No por firmar un acuerdo con Argentina los jueces van a dejar de aplicar este criterio", dijo Loaiza, quien es partidario de que Uruguay brinde información, pero en el marco de un convenio que evite la doble imposición tributaria.

Desde abril de 2009, Uruguay está en la "lista gris" de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). El organismo entiende que el país colabora poco con la transparencia fiscal.

Los Jueces enfrentados

Contra el crimen organizado

La jueza Graciela Gatti tiene 47 años. Ejerce en el cargo desde fines de 2009, cuando el gobierno decidió crear juzgados específicos para combatir los delitos tributarios, de narcotráfico y contra la administración pública. Gatti inició su carrera en la magistratura en 1992. Trabajó en sedes de Carmelo, Paso de los Toros, Maldonado y Montevideo. Antes de ocupar el juzgado especializado en crimen organizado se desempeñó durante varios años en un juzgado penal de Montevideo. En los últimos tiempos ha tenido sonados casos de corrupción pública, como por ejemplo las investigaciones por irregularidades en compras en la Armada -por las que fueron procesados varios oficiales- y las maniobras de sobrefacturación de horas de limpieza en el Hospital Maciel.

Empresario primero, y ahora juez

El juez Javier López Biscayart tiene 48 años de edad. Se recibió de abogado en la Universidad de Belgrano y cursó estudios de especialización en Argentina y también en España. Es docente de derecho en universidades públicas y privadas del vecino país. Inició su carrera como magistrado en 2002, cuando fue designado juez penal tributario de la capital federal, constituyéndose así en el primer magistrado con esa especialización. Antes de asumir como juez, ejerció la abogacía y se desempeñó como director de varias empresas. Como juez, López Biscayart ha tenido a su cargo varias causas de corrupción, la más sonada es la que se conoce como el "caso Skanska", donde se investigan presuntos pagos de coimas por parte de esa empresa sueca.

Solo 5% son por casos tributarios

Cada año, Autoridad Central, en contacto con sus oficinas pares de otros países, tramita unos 3.000 pedidos de cooperación (en materia penal) y rogatorias (a nivel de juicios civiles).

Según informó el encargado de la unidad, Carlos Álvarez Cozzi, por lo general las solicitudes de colaboración llegan a Uruguay, ya que es muy poco usual que los jueces locales pidan asistencia al exterior. Básicamente, quienes más utilizan el mecanismo, son Graciela Gatti y Jorge Díaz, quienes se encuentran al frente de los juzgados especializados en crimen organizado.

Del total de 3.000 solicitudes que Uruguay recibe y envía hacia el exterior, el 65% tienen relación con causas civiles (casos de familia y reclamos laborales). Y muchos de ellos son solicitudes que solo implican la notificación de determinada prueba que se realizará en un juzgado extranjero.

A su vez, del 35% restante de solicitudes de colaboración judicial que se tramitan por Autoridad Central y que hacen referencia casos penales, un tercio están relacionados con organizaciones de delincuencia organizada transnacional.

De ese 35%, según dijo Álvarez Cozzi, "con suerte" el 5% tienen relación a casos de presunta defraudación tributaria, que llegan, en su mayoría, desde Argentina y Brasil. Uruguay, en relación a esos delitos tributarios, casi no pide colaboración.

Autoridad Central, que depende jerárquicamente del Ministerio de Educación y Cultura, también actúa en casos de extradiciones, pero su labor en esa materia es más acotada, ya que con muy pocos países Uruguay tienen acuerdos que así lo establecen.

Según indicó Álvarez Cozzi, actualmente la dependencia interviene solamente en casos de extradiciones con Argentina, España y Panamá.