Fumar cubrió $ 2 de $ 3 exonerados a inversores

De cada $ 3 que se dejaron de recaudar en 2010 por exoneraciones tributarias a proyectos de inversión, $ 2 fueron recuperados con el aumento de la carga impositiva sobre el consumo de cigarrillos y tabaco, según revela el Boletín Estadístico anual de la Dirección General Impositiva (DGI).

El informe recoge las pérdidas netas en la recaudación de 2010 frente a la del año anterior por cambios en la normativa tributaria que respondieron a diversos objetivos de política.

Tomando como base los precios promedio del año pasado, los incentivos fiscales a la promoción de inversiones significaron una pérdida de $ 1.691 millones, mientras que la campaña contra el consumo de tabaco derivó en una ganancia de $ 1.133 millones (por los cambios al Imesi que grava cigarrillos y tabaco, así como su repercusión en la base imponible del IVA).

Los productos derivados del tabaco tuvieron modificaciones en la tributación unitaria los pasados dos años. En 2009, se fijó un impuesto unitario de $ 28 para los cigarrillos comercializados en plaza y de $ 24,7 para los bienes que se dirigen al free shop (por el decreto 268/009). Al año siguiente, el Poder Ejecutivo elevó el impuesto llevándolo a $ 38 tanto para cigarrillos de plaza como free shop (decreto 69/010).

Tabacos y cigarrillos quedaron gravados con una misma tasa de 70%, elevando su impuesto unitario a $ 17. Además de los resultados directos en la recaudación del impuesto, estos cambios "afectan a la recaudación de IVA, ya que el Imesi integra la base de cálculo de ese impuesto", señala el boletín.

En 2010, esos cambios normativos más que compensaron la caída de las ventas en volumen físico (-14%), haciendo que la recaudación de Imesi correspondiente al rubro tabaco y cigarrillos creciera 22,2%. En tanto, las exoneraciones fiscales por promoción de inversiones supusieron pérdidas en los ingresos por IVA, IRAE e Impuesto al Patrimonio.

Otros incentivos fueron dirigidos a la producción y empleo. Por ejemplo, la DGI resigna ingresos por la deducción de IVA a la producción manufacturera y actividades extractivas, por facilidades a la pequeña empresa y por ajustes a la imposición a la renta de las personas físicas que optan por núcleo familiar.