Juez mandó a su casa a menor que rapiñó local

EDUARDO BARRENECHE

La Justicia de Menores dictaminó el arresto domiciliario para dos hermanos que el miércoles 18 rapiñaron un local de celulares en la Curva de Maroñas y tomaron de rehén a una cliente. "Ahora tengo miedo que vuelvan", dijo la dueña del comercio.

Dos días después del atraco, la menor de 16 años y su hermano, de 14, declararon ante el juez de Menores Hugo Morales y la fiscal Mariana Malet.

Tras las audiencias, Malet pidió al magistrado la internación de la adolescente porque consideró que había cometido un hecho grave -tomó de rehén y amenazó a una cliente colocándole un cuchillo en la garganta- y el arresto domiciliario para el menor de 14 años.

En cambio, el juez Morales decidió iniciar el proceso infraccional para los dos adolescentes rapiñeros y el arresto domiciliario para ambos.

El magistrado dijo a El País que "no estoy obligado" a adoptar medidas cautelares para todos los menores infractores que pasan por el Juzgado.

"Al chico no podía internarlo aunque quisiera y la chica era primaria y confesó el delito", explicó Morales.

Tras reconocer que la adolescente cometió "un hecho grave", el magistrado de Menores señaló que es "un error pensar que ello lleva directamente a la internación".

"Se entiende que la internación de un adolescente es el último recurso. Todos sabemos que la cárcel es mala tanto para adolescentes como para adultos", señaló.

Luego de reiterar que ambos menores deberán enfrentar un proceso judicial por la rapiña, Morales expresó que su decisión generará polémicas. "Lo fácil sería internarlos para satisfacer lo que pide la gente. Pero un juez está para aplicar la ley", dijo.

Expresó que la Justicia debe buscar la forma de evitar que la adolescente vuelva a cometer un delito.

"Considero que las medidas asistidas serán más eficaces que la internación que puede ahondar los elementos negativos que esta ya posee", dijo.

Morales señaló que su turno -se desarrolló entre el martes 16 y el domingo 22-, se caracterizó por el elevado número de internaciones en comparación con otros: 18 menores infractores fueron derivados a hogares del INAU.

Por su parte, la propietaria del local "La Curva del Celular", Alejandra Curbelo, expresó a El País que el arresto domiciliario de los dos menores "es algo indignante" y que "provoca mucho dolor".

Curbelo, quien ahora atiende tras las rejas después de sufrir el asalto, dijo que la resolución judicial "me dio bronca y miedo. Yo vivo en el mismo barrio que los rapiñeros y ahora tengo miedo que vuelvan al local a lastimarme a mí o a uno de mis hijos".

Discrepó con la medida de que ambos asaltantes sean entregados al cuidado de sus padres. "No se trata de padres que carecen de antecedentes penales. El padre de esos menores está detenido y la madre recientemente fue liberada por un caso de drogas", relató. "¿La Justicia de Menores espera que los adolescentes maten a alguien para encerrarlos o que alguien se defienda y mate a un menor? Las leyes deben cambiar en este país", señaló.

El asalto ocurrió el miércoles 18 en el local "La Curva del Celular", ubicado en 8 de Octubre y G. Piccioli. La adolescente entró, miró algunos celulares y salió. Poco después, volvió a ingresar al local acompañada por su hermano de 14 años. Este abrió su mochila y sacó un cuchillo. "Esto es un asalto", dijo.

La hermana del rapiñero, de 16 años, tomó a la cliente por detrás y la tiró al piso. Utilizando el cuchillo, lo colocó en la garganta de la cliente, una joven de 18 años. "Dame todo lo que pido o la corto", dijo la rapiñera a la dueña del local, Alejandra Curbelo.

La comerciante fue sacando los celulares que la rapiñera le decía. El hermano los guardaba dentro de la mochila. Ambos rapiñeros huyeron del lugar con $ 10.000 y cinco celulares de última tecnología.

No sabían que habían sido filmados. Horas después, fueron identificados por la Policía y detenidos.

Proyectos: Diputados votará el 31

Con la aprobación en la Cámara de Representantes de dos proyectos sobre minoridad infractora el 31 de mayo, los partidos cumplirán a medias el compromiso político asumido de tener las leyes en vigencia para esa fecha. La extensión de la discusión interna en el Frente Amplio por los vaivenes en torno a la ley de Caducidad conspiró contra el acuerdo establecido ante la Asamblea General.

Mañana, la comisión de Constitución y Códigos abordará el tema, incluso con la presencia de las autoridades del INAU que explicarán aspectos de las recientes y reiteradas fugas de sus hogares. Y está previsto que el martes próximo el plenario de la Cámara apruebe dos proyectos: uno de ellos establece la creación del instituto nacional de rehabilitación para menores infractores, mientras que el otro modifica artículos del Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA) tipificando como punible la tentativa de hurto y ampliando el plazo de que disponen los magistrados para dictar sentencia en los casos que involucran a los menores infractores.

Otro de los aspectos acordados ante la Asamblea General ahora parece no contar con consenso. Es la decisión de mantener los antecedentes de los menores infractores al pasar a la adultez.

El Frente Amplio pretende que la conservación de los legajos sea por dos años, que su eventual uso lo determine el juez de la causa y que la utilización de esos antecedentes se establezca como dato auxiliar en el proceso.

El senador Carlos Moreira explicó a El País que el Partido Nacional aspira a que el uso de los registros sea preceptivo, que se consideren esos antecedentes en más delitos, como el narcotráfico, y que se mantengan por hasta cinco años.