"Medidas ejemplarizantes" para los responsables de las revueltas

A. MENDIETA Y R. MERNIES

Están identificados unos 25 presos como responsables de las revueltas del sábado en el Comcar. "Con ellos vamos a tomar medidas ejemplarizantes", afirmó a El País el Insp. Mayor Eduardo Pereyra Cuadra. Las visitas fueron suspendidas.

El coordinador del área metropolitana del Instituto de Rehabilitación, y ex director nacional de cárceles, Eduardo Pereyra Cuadra, no escondió su molestia por la situación generada en el establecimiento carcelario y afirmó que "se van a tomar severas medidas de carácter administrativo y disciplinario; de eso que no queden dudas", dijo.

El sábado por la tarde dos grupos de reclusos de diferentes celdas del Módulo 4 del Comcar intercambiaron golpes y se atacaron con armas blancas de fabricación casera en medio del horario de visita. Con el transcurso de los minutos y la intervención policial, que redujo a los convictos con balas de goma, unos 500 presos terminaron combatiendo unidos en contra de la Policía, que terminó controlando la situación. Afuera, los familiares de los presos cortaron la calle y quemaron cubiertas.

Pereyra Cuadra agregó que están identificados unos 25 reclusos como responsables de las revueltas del sábado y que con ellos "se terminó el recreo".

"Tenemos identificados a un número de presos que fueron los que comenzaron el tumulto. Con esas personas tomaremos medidas de carácter ejemplarizante, para que no se repita", afirmó.

La primera medida a tomar es la suspensión de las visitas al módulo. El responsable carcelario explicó que esta resolución se extenderá "lo que dure la investigación administrativa", a través de la que se pretende adjudicar las responsabilidades y además, "si hay destrucción de los bienes públicos", dijo, "vamos a hacer la denuncia penal al juez de turno, o a quien corresponda".

El jerarca policial afirmó: "no puede ser que unos energúmenos destruyan módulos que cuestan miles y miles de dólares y que los paga la sociedad".

A lo largo de esta semana se llevarán adelante las acciones administrativas "y si hay implicancia y excesos de algún funcionario", dijo Pereyra Cuadra al ser consultado sobre el trascendido de que los presos tenían armas de fuego en su poder, "se harán los sumarios correspondientes", expresó.

Las autoridades expresaron que los problemas tienen un solo hecho motivador y es la búsqueda de mantener el liderazgo en el centro de reclusión.

"Se terminó la vieja lógica de buenos y malos. El gobierno y la sociedad tienen una mirada diferente sobre las cárceles, pero algunos energúmenos no lo entienden así. Seguimos con la tontería de buscar un liderazgo, o tratar de ser brazos gordos dentro de las cárceles. Eso conspira contra los planes del país y no puede continuar", apuntó Pereyra Cuadra.

Agregó que es imprescindible "cortar definitivamente con estos eslabones de la cadena que están gastados" y agregó que quienes conspiran son unos pocos. "Tenemos más de 3.000 presos en el Comcar y estoy seguro que hay 2.800 que quieren trabajar", puntualizó.

Explicó que la idea es aislar a quienes "creen en la pasta base y en la estupidez". Y para lograrlo son necesarias "medidas administrativas más duras".

"Pero nada de eso se puede hacer si cuatro bobos nos tiran los esfuerzos por tierra y nos ganan en esta gran cruzada", afirmó, otra vez dejando ver su molestia.

El ex director nacional de Cárceles afirmó que buscará las condiciones y las garantías con las autoridades para "ser durísimo con las sanciones". Enfatizó en que no dejará que "25 vejigas rompan un módulo que vale miles de dólares y a los tres días estén abrazados con sus familiares".

Traslados. "Esta semana quiero que pasen a la historia las famosas `latas` del Penal de Libertad. Las voy a vaciar", afirmó Pereyra.

Desde hoy se comenzará con el traslado de 458 presos. "Eso se va a hacer sí o sí, y no tiene vinculación directa con este otro tema. Se van a trasladar a los nuevos módulos del penal y allí hay 10 celdas de particular seguridad", dijo.

Además, fuentes vinculadas al sistema carcelario dijeron a El País que en la construcción del módulo se tomaron en cuentas aspectos edilicios que faciliten la tarea de vigilancia de los presos y la seguridad de los custodios.

Traslados. Desde hoy se hará el traslado de 458 presos a nuevos módulos más seguros.

Controlan motín en la cárcel de Rivera

Prevén incidentes ante el inminente traslado de presos

RIVERA | FREDDY FERNÁNDEZ

La policía logró, al cabo de una hora, controlar un motín en la cárcel de Rivera, donde reclusos de los pabellones 1 y 3 quemaron colchones, prendas de vestir y objetos de madera. Un preso debió ser trasladado al hospital "por precaución", afectado por la inhalación de humo.

Las autoridades del penal resolvieron suspender las visitas a los reclusos.

Fue el segundo incidente que se registró en los últimos días en la cárcel departamental, situada en el centro de la ciudad.

Este tipo de situaciones, han sido calificadas como "altamente previsibles" por las autoridades carcelarias, en virtud de que es inminente el traslado de penados a la nueva cárcel regional de Cerro Carancho, inaugurada en los primeros días de mayo.

Para atender a eventuales motines y otros desbordes, los efectivos policiales instrumentaron y están aplicando el denominado "plan Rodó", que pusieron en marcha precisamente para dominar el motín de ayer.

Pese a que restan aún varios detalles administrativos para que se cumpla el traslado de los reclusos a la nueva cárcel, se estima que en diez días, a lo sumo, se estaría cumpliendo la transferencia de los procesados.

Por ello, las autoridades permanecen en estado de alerta, ya que son conscientes que mientras no se concrete la transferencia de los presos al nuevo penal, la cárcel de la calle Rodó se convertirá en una olla a presión. Claro ejemplo de ello fueron los "ruidos" verificados en el pabellón 1 en la madrugada del viernes.

Entre los aspectos a definir, figura lo relativo a la guardia perimetral, que estará a cargo del Ejército.

Virtual fracaso del acuerdo por seguridad

A una semana del plazo para las leyes, partidos sin diálogo

A una semana del vencimiento del plazo que se dieron los partidos políticos -bajo compromiso ante la Asamblea General- para impulsar una serie de leyes para mejorar el combate a la minoridad infractora, no hay todavía proyectos redactados ni se han mantenido contactos formales, particularmente a raíz de la atención que la bancada del Frente Amplio ha dado a la discusión interna y la dilucidación en el Parlamento del proyecto para la anulación de la ley de Caducidad.

A mediados de marzo, la comisión bicameral formada en 2010 para estudiar soluciones legislativas para la minoridad infractora arribó a un acuerdo que fue suscrito por los cuatro partidos para impulsar una serie de medidas contenidas en tres leyes: la modificación del Código de la Niñez y la Adolescencia (CNyA) para tipificar como punible la tentativa de hurto, así como la extensión del plazo de que disponen los magistrados para dictar sentencia en el caso de los menores infractores; la creación de un instituto nacional de rehabilitación juvenil y, por último, la conservación de los antecedentes.

Estos proyectos no han llegado aún a la comisión de Constitución de Diputados, deben ser aprobadas allí, tratados en el plenario de la Cámara y repetir el proceso en el Senado, todo, supuestamente, antes de fin de mes.

Las iniciativas ni siquiera tienen una redacción definitiva y además, en los casos de ideas que se han conversado, se ha presentado un punto de disenso, como es el caso de la mantención de los antecedentes de los menores. En este caso es donde más lejos está el oficialismo de la oposición.

De acuerdo con lo que se conversó informalmente, el Frente Amplio pretende que la conservación de los legajos sea por dos años, que su eventual uso lo determine el juez de la causa y que la utilización de esos antecedentes se establezca como dato auxiliar en el proceso.

Los blancos, mientras tanto, aspiran a que el uso de los registros del menor infractor sea preceptivo, que se consideren esos antecedentes en una amplia gama de delitos graves, y que se mantengan por un período de hasta cinco años.

Hoy lunes, los legisladores nacionalistas Carlos Moreira y Jorge Gandini mantendrán una reunión donde definirán qué hacer. En caso de mantenerse la situación, Gandini adelantó a El País que presentarán el proyecto sobre el instituto de rehabilitación y luego cobrarán cuentas políticas al oficialismo.

Según la oposición, las discusiones internas en el oficialismo por la caducidad han jugado en contra del cumplimiento del compromiso.

"El tema está frío", subrayó Gandini.

"Con todo lo que pasó con la ley de Caducidad, el Frente ha estado con la cabeza en otro lado", dijo el diputado Iván Posada (Partido Independiente), que agregó que "es probable" que las leyes sobre seguridad queden para más adelante.

La cifra

31 es el día de mayo que los partidos establecieron como límite para tener las leyes sancionadas en el Parlamento.