Denuncian a socialista suplente

RIVERA | FREDDY FERNÁNDEZ

Un diputado suplente de Rivera, el socialista Rubenson Silva, fue denunciado por falsificación de documentos por el propietario de un local utilizado como sede del Partido Socialista en la ciudad de Rivera. El diputado Silva es suplente del legislador frenteamplista Julio César Fernández.

Además de la pericia correspondiente, los demandantes citan a declarar, entre otros, al ex- canciller Reinaldo Gargano, en su condición de autoridad del Partido Socialista.

"La casa del pueblo" ubicada en Ituzaingó y Paysandú, a una cuadra de la avenida principal, fue adquirida recientemente por un comprador riverense. El viernes, el nuevo propietario de la finca utilizada como sede del Partido Socialista presentó ante el juzgado civil de primer turno una denuncia por "tacha de falsedad" del contrato de alquiler, cuyo titular es Rubenson Silva.

Según fuentes allegadas al caso, los demandantes presentaron un peritaje que asegura que el contrato fue falsificado para extender en un año el plazo del alquiler.

La anterior propietaria, cuando enajenó el bien, declaró que el contrato estaba vencido, asumiendo una multa de US$ 100.000, por eventual incumplimiento.

De acuerdo con los procedimientos judiciales, si se prueba la adulteración del documento, la jueza titular de la sede civil deberá elevar las actuaciones al juez penal de turno.

Juan Pablo Fajardo Bellido, abogado patrocinante del demandante, señaló que "los elementos son claros, hubo adulteración del contrato, según lo establece el dictamen de la perito Martha Gálvez Zambra", una profesional especializada en Psicología de la Escritura y Pericia Caligráfica por el Departamento de Medicina Legal de la Universidad Complutense de Madrid.

El abogado estableció que la jueza debe notificar a las partes. Si la magistrada comparte el dictamen, "deberá dar intervención al juez penal, ya que se estaría ante una estafa", sentenció Fajardo. Según los demandantes, la actitud de "manipulación" de documentos del legislador "amerita la imposición de las máximas sanciones procesales"

El documento de denuncia impugna la cláusula vigésima- tercera del contrato de arrendamiento por falsedad material e ideológica.

Fajardo calificó este episodio como "atípico", anotando que "un vulgar juicio por desalojo puede derivar en un episodio penal", y además involucrando a un integrante del Poder Legislativo.

También fueron citados a declarar el propietario de la inmobiliaria que arrendó originalmente el bien, y la persona que ahora administra dicha propiedad.