Sicóticos y neuróticos

Sergio Abreu

La soberanía popular es la piedra angular de la Democracia; es la base de la convivencia pacífica entre mayorías y minorías; es la que asegura el pluralismo, la rotación de los Partidos en el Gobierno y garantiza el respeto de todos los Derechos Humanos, en especial, la libertad de expresión.

Sin embargo, una vez más, parece que no todos tienen las mismas convicciones sobre estos valores.

Para algunos, y no pocos, la Democracia liberal es una expresión burguesa que solo sirve para acceder al poder y puede desconocerse cuando se erige en obstáculo frente a la pretendida imposición de criterios hegemónicos.

El Gobierno del Frente Amplio nos trae a la memoria aquella historia que diferencia a un sicótico de un neurótico; el primero cree que dos más dos son cinco; y el segundo sabe que suman cuatro, pero no tolera el resultado.

Esta podría ser la mejor explicación para poder entender el doble discurso y el incumplimiento de la palabra empeñada del Presidente y del Vicepresidente de la República, cuando en noviembre de 2009 aseguraron que iban a respetar el resultado de los dos plebiscitos.

Ahora bien, ha sorprendido a todos la conducta del Poder Ejecutivo que luego de imponer en el Senado, a marcha forzada, la aprobación de un proyecto de Ley de su autoría, ha cambiado de opinión al advertir que los costos políticos que su promulgación acarrearía, podrían llegar a incidir en el resultado de la elecciones nacionales del 2014, en virtud de ignorar la voluntad del pueblo expresada en dos oportunidades.

Los sicópatas y neuróticos del cuento se han enfrentado a un "susto" que les ha hecho recuperar la lucidez, como les sucede a los dormidos y a los alcoholizados frente a un impacto de esa naturaleza.

Las "caretas" se han caído. La defensa de los Derechos Humanos que se ha esgrimido para violar los límites constitucionales tiene como contrapartida desconocer la soberanía popular; ironía histórica en tiempos de conmemoración del Proceso de Emancipación regido por el pensamiento artiguista de que "Mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana".

Es difícil de explicar, pe- ro tampoco es nada nuevo cuando los violentistas de todos los tiempos se han aferrado a la vieja fórmula autoritaria de que "el fin justifica los medios".

No creemos que la estabilidad institucional esté en peligro, pero sí sostenemos que el Gobierno del Frente Amplio viene recorriendo un camino de deterioro progresivo de la calidad institucional, en innumerables situaciones, sobre todo cuando interpreta a su antojo la Constitución de la República sin respetar la voluntad popular, a diferencia de la reacción de la propia dictadura militar ante su derrota en el Plebiscito de 1980.

Esto ya lo vivimos; y, también, sabemos cómo termina porque las afinidades ficticias y los diálogos metálicos entre los extremos, han sido el atajo que los "iluminados" escogieron para ignorar al pueblo que tiene como única arma el voto secreto y soberano.

Lamentablemente, cualquier solución que se impulse modificando los efectos de la Ley de Caducidad va a crear otro escenario, basado en la prepotencia política y en la inseguridad jurídica.

Quienes integramos un Partido que no participó del pacto del Club Naval, que entregó a su candidato natural para que la salida democrática se concretara y que sigue siendo el referente ético de la convivencia pacífica y de la reconciliación nacional, no po- demos resignarnos a tanto desvarío y pragmatismo demagógico.

El Gobierno debe entender que la voluntad del soberano se defiende fortaleciendo la credibilidad del sistema político, teniendo un Estado fuerte en sus aspectos institucionales y ejerciendo sus responsabilidades generando respeto y respetando.

De otra manera, cualquiera sea la Ley que se apruebe va a habilitar la presentación de nuevos recursos de inconstitucionalidad y, por tanto, un aumento de la incertidumbre sobre la estabilidad de las reglas de juego.

Lo que significa, en otras palabras, que el subdesarrollo que se define generalmente como de naturaleza económica y tecnológica, también puede ser político en la medida en que se sustituye la calidad de ciudadano por la de súbdito.

Los numerosos cambios de posición del Gobierno nos llevan a perplejidad y sorpresa, porque es difícil entender cómo un Poder Ejecutivo puede pensar tantas cosas a la vez y tan contradictorias entre ellas.

Por eso, si pudiéramos incidir en algún momento sobre las decisiones del Presidente y de su Fuerza Política, le haríamos un pedido simple y concreto: que deje las cosas como están, que así lo ha querido el pueblo, y no permita que una solución forzada afecte la conciencia ciudadana en su independencia y en su dignidad. También es un Derecho Humano.

Dos más dos son cuatro. Y hay que aceptarlo en paz y con respeto.