El MPP busca postergar la anulación

VALERIA GIL

El MPP quiere postergar la votación en Diputados del proyecto que anula la ley de Caducidad. En tanto, el PCU y las bases de Montevideo se mantienen firmes en que el proyecto se vote el jueves 19.

La Mesa Política del Frente Amplio (FA) resolverá mañana la convocatoria de un Plenario Nacional para el sábado 14, en el que se pretende revocar el mandato que obliga a los legisladores a votar el proyecto interpretativo que deja sin efecto la Caducidad.

Sin embargo, la falta de acuerdo político para revisar la decisión del Plenario hizo que el Movimiento de Participación Popular (MPP) adelantara a algunos sectores de la coalición que pedirá el aplazamiento de la fecha de votación en Diputados.

Según dijeron a El País fuentes frenteamplistas, la postura del MPP debe ser aprobada como moción en el Plenario y tendría como ventaja la extensión del tiempo para negociar una "salida alternativa" al proyecto interpretativo de la Caducidad.

La fecha de consideración de la iniciativa, puede ser modificada si se consiguen las mayorías en el Plenario. En tanto, se podría proponer también la conformación de una comisión encargada de redactar un proyecto derogatorio de la Ley de Caducidad.

Esta salida es vista por sectores como el MPP y Asamblea Uruguay "como la solución menos mala" para el Frente Amplio.

Sin embargo, el Partido Comunista y las bases de Montevideo no están de acuerdo con postergar la votación del 19 en la Cámara Baja.

El senador comunista Eduardo Lorier dijo a El País que "no hay razones para un nuevo aplazamiento de la fecha de votación, dado que el mandato del Plenario fue votado por unanimidad".

Lorier explicó que "será muy difícil revocar el mandato a los legisladores, si este lunes no se plantea una alternativa concreta a la anulación de la ley de Caducidad".

En los hechos, no hay votos suficientes para hacerlo, ya que los comunistas, el Nuevo Espacio y el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) se oponen a modificar el mandato a los diputados. Estos grupos políticos junto a las bases (50% del Plenario) tienen más del 60% de los 170 delegados.

Además, para revisar una decisión del Plenario se requiere el 100% más uno de los votos que decidieron el mandato. Es decir, más de 136 votos, que fue el número de delegados presentes en el Plenario anterior.

El bloque compuesto por el MPP y Asamblea Uruguay (AU) trabaja en una propuesta que incluye la derogación de la norma y la revocación de actos administrativos de gobiernos anteriores que impidieron juzgar a militares por estar amparados en la ley de Caducidad.

Si bien los comunistas están dispuestos a negociar sobre esta base, entienden que debe haber una propuesta formal y por escrito que justifique que la medida implica los mismos efectos que genera la anulación de la ley.

En tanto, fuentes de las bases adelantaron a El País que realizarán una serie de movilizaciones con el objetivo de que se cumpla con el mandato que obliga a votar la anulación de la Caducidad.

Las bases del interior presentan algunas divergencias respecto a estas medidas y están dispuestas a consensuar un "camino alternativo" en el marco de un Plenario Nacional, contaron a El País algunos dirigentes.

Por su parte, la nueva Dirección Nacional del MPP anunciará oficialmente hoy su postura respecto a la votación del proyecto interpretativo.

Tras la reunión que mantuvo el presidente José Mujica con la bancada del FA -en la que expresó su opinión contraria a la interpretativa- varios legisladores plantearon sus dudas respecto a si se acatará el mandato del Plenario.

Mujica pidió a los diputados que "reflexionaran" acerca de la decisión que tomarían el 19 y advirtió los costos políticos que puede sufrir la coalición en las próximas elecciones nacionales.

"No hay argumento que se pueda usar en campaña electoral que rebata el hecho que se pasan por alto a dos plebiscitos. Esta ley compromete el futuro del Frente en el gobierno", sentenció Mujica el miércoles pasado cuando concurrió al Parlamento.

Algunos legisladores del MPP advirtieron en una reunión interna del sector, que "no pueden ir en contra del presidente" y tienen la obligación de respaldarlo como fuerza política. Por lo que de mantenerse la fecha del 19, se presume que no estarán los votos suficientes para anular la ley de Caducidad.

Los diputados vinculados al Movimiento de Liberación Nacional (MLN-T) entienden que el proyecto interpretativo para anular la Caducidad "no es la solución, porque viola la soberanía popular y pasa por alto dos plebiscitos".

El tupamaro Julio Marenales, militante más votado por las bases en el MPP, fue uno de los dirigentes que más cuestionó la ley interpretativa que redactó el FA.

Fuentes cercanas a Marenales explicaron a El País que "en la interna no había voluntad para impulsar el plebiscito de anulación en el 2009, pero se terminó accediendo a su realización para evitar resquebrajar la unidad partidaria". En ese momento, se consideró que la realización de un plebiscito conjuntamente con las elecciones nacionales constituía un "error político".

La posición de Marenales está dentro de la misma postura que asumió el senador Jorge Saravia, al votar en contra de la anulación de la Caducidad en el Senado.

Sin embargo, por razón de "disciplina" los diputados del MPP decidieron apoyar la iniciativa, al igual que lo hicieron los demás senadores del FA el pasado 14 de abril en la Cámara Alta, cuando se le otorgó media sanción al proyecto.

Si bien la votación en Diputados estaba prevista para el 4 de mayo, un pedido de prórroga de la oposición hizo cambiar la fecha para el viernes 20.

Pero cuando todo indicaba que se votaría en esa sesión extraordinaria, el presidente José Mujica pidió cambiar la votación a través de sus legisladores del MPP y se fijó una nueva sesión para reconsiderar el tema el jueves 19.

Por otra parte otros sectores que mantienen reparos con el proyecto de anulación, como lo son Asamblea Uruguay y la CAP-L ya definieron que la votarán por "disciplina partidaria".

En tanto, la Dirección Nacional de la CAP-L resolvió ayer respaldar lo actuado por el senador Eleuterio Fernández Huidobro, que renunció a su banca por discrepar con el proyecto de ley interpretativo de la Caducidad, pese a haberla votado. Además, la CAP-L ratificó la posición tomada en diciembre de 2010 por la que sus legisladores votan a favor del proyecto, pero fundamentan en contra.

El diputado Juan Carlos Souza (CAP-L) explicó a El País que el Ejecutivo del sector quedó habilitado a convocar a una nueva Dirección Nacional en función de cómo se desarrollen las negociaciones entre los distintos grupos políticos que integran la coalición de izquierda.

Por otra parte, la Vertien- te Artiguista (VA) y el Nuevo Espacio también se mantienen en su postura de anular la Ley de Caducidad. Estos sectores entienden que los legisladores que violen el mandato del Plenario, deberían ser enviados al Tribunal de Disciplina del FA.

A pedido del PVP, el caso de Saravia permanece a estudio del tribunal por haber "incumplido con la disciplina partidaria y violado la unidad de acción".

Por su parte, Asamblea Uruguay se reunirá este lunes al igual que el Ejecutivo del Partido Socialista (PS), para seguir analizando el rumbo de las negociaciones tendientes a lograr un "acuerdo político" entre los distintos sectores que componen el partido de gobierno.

Korzeniak: "La fórmula de Risso es mejor que la ley interpretativa de la Caducidad"

El constitucionalista José Korzeniak dijo a El País que la solución que propuso el jurista Martín Risso, para revocar actos administrativos de gobiernos anteriores, es "mejor" que la ley interpretativa de la Caducidad.

Korzeniak explicó que el proyecto interpretativo no cumple con la misión de "interpretar" a la ley de Caducidad, sino que "cambia el sentido de lo que quisieron expresar los legisladores que la crearon para que no se juzgara a los militares. La palabra interpretativa para mí no era lo más correcto".

El constitucionalista añadió que "la salida de Risso es muy buena, aunque se podría realizar algún emprolijamiento y la redacción debe estar muy clara".

Según dijo, la solución de Risso es correcta porque el juez es el que define en última instancia si el encausado es culpable o inocente. "Esta no me parece una mala fórmula, sino todo lo contrario: me parece una solución ingeniosa".

En ese sentido agregó que para mejorar la propuesta se debe redactar un decreto y una ley que plasme lo que planteó el catedrático en la Comisión de Constitución y Códigos de Diputados.

Korzeniak colaboró en la redacción de la ley interpretativa de la Caducidad, pero siempre admitió que "no era la mejor solución" en términos jurídicos.