Deporte nacional

En este mes de mayo el Frente Amplio decide si avanza en un proyecto de reforma constitucional que, sin duda, concitará la atención del sistema político por un buen tiempo. De definirse, retomaremos con una práctica recurrente en nuestra historia. En efecto, desde 1918 no pasan veinte años sin que el país se aboque con energías a reformar su Constitución. En 1934, 1942, 1952, 1967 y en 1997 (período de treinta años, pero que incluye la dictadura de 1973-1985 que, por cierto, también tuvo su proyecto de reforma en 1980), se aprobaron distintos textos.

¿Hay dificultades institucionales que exijan esta reforma? En lo más mínimo. El sistema de balotaje y de internas de 1997 hizo más fuerte la figura presidencial a la vez que introdujo cierta disciplina que vigorizó la labor partidaria. No han habido problemas de gobernabilidad: ninguna administración ha culpado a la relación de fuerzas entre los poderes del Estado por no poder cumplir con algunos de sus objetivos gubernativos. En 2002, en una de las peores crisis económicas del país, la arquitectura institucional mostró su capacidad para generar acuerdos y encontrar rumbos de salida. Luego, la alternancia histórica de los dos triunfos de la izquierda se llevó adelante sin inconvenientes y sin trabas institucionales que impidieran al Frente Amplio implementar su programa.

Así, si se concreta la iniciativa, nos perderemos en tan bizantinas como apasionadas discusiones sobre diseños institucionales en los que, seguramente, habrá lugar incluso para la crítica populista y trasnochada a la lógica de representación liberal. Si además el debate se instala desde la convocatoria a una constituyente, mejor aún. Porque agregaremos toda la cuestión electoral y se sumarán entonces centenares de interpretaciones acerca de los apoyos con los que cuentan tales o cuales candidatos o partidos, pensando en 2014.

En realidad, esta iniciativa responde a esa suerte de deporte nacional que gustamos practicar los uruguayos. Se trata de debatir y perder energías analizando y reestudiando temas que ya conocemos, en vez de esforzarnos por enfrentar con éxito los problemas que tenemos por delante y que nos impiden progresar hacia una sociedad más próspera y más justa.

En eso estamos, por ejemplo, con la violación a los derechos humanos en dictadura, discutiendo y rediscutiendo, una y mil veces, sobre las responsabilidades de unos y otros, sobre la ley de Caducidad, sobre los deberes de la memoria, sobre las consecuencias económicas para tales o cuales, etc. Se convoca al pueblo a votar, dos veces en el espacio de veinte años, pero nunca se da por terminado un asunto que ocupa un espacio en la agenda del país como si fuera una prioridad nacional ineludible para el futuro. Cuando, en realidad, más de la mitad de los uruguayos nació luego de 1973 y, para ellos, todo este problema "ya fue": es historia ya.

En vez de discutir sobre lo que ya sabemos, haríamos bien en esforzarnos por entender lo que nos pasa y cómo afrontar las dificultades del mundo real.

¿Tenemos problemas con la Justicia y los menores infractores? No demoremos más una modernización del Poder Judicial que pasa por la capacitación de sus funcionarios, la puesta en red de sus juzgados y la conexión de información con el Ministerio del Interior y el INAU. ¿Tenemos una de las peores educaciones públicas del mundo occidental? Abrámonos a soluciones novedosas de países exitosos, que pasan por enfrentar las anquilosadas y corporativas estructuras educativas nacionales. ¿Apostamos a un país natural? Exijamos calidad y multiplicidad de estudios ambientales en el litoral que nos informen sobre las consecuencias del boom de la soja, y en el Este para valorar el proyecto de minería Araratí. ¿Estamos al límite de capacidad vial y energética en el país? Debatamos sobre qué alternativas a las carreteras y a los hidrocarburos tenemos y cuán rápido podemos implementarlas.

El futuro nacional precisa de otros debates. No caigamos en la tentación de la haraganería intelectual y ciudadana de una reforma constitucional.