A raíz del despido de un dirigente sindical de Buquebus se desató una serie de medidas que impidió la salida de los servicios de Tres Cruces en hora, pero la Unott alcanzó un acuerdo con la empresa y quedó sin efecto el paro general del transporte de pasajeros que se amenazaba con realizar a partir de la medianoche.
Pese a ello, los atrasos se arrastraron a lo largo de toda la tarde y recién fueron normalizados sobre las 8 de la noche.
Se espera que en la próxima mediano se produzca un nuevo pico de pasajeros que comienzan sus vacaciones de Semana Santa.
CONFLICTO. El dirigente Guillermo Aguerre dijo a EL PAÍS digital que finalmente se instalará un ámbito de negociación tripartito, integrado por representantes del PIT-CNT, de la Unott e integrantes de la empresa.
Según dijo, se evaluará el reintegro del trabajador. Aunque no se puede asegurar, se intentará que siga como chofer dentro de la empresa, ya que "nada se lo impide". Se estima que en unos 15 días se tomará una resolución.
El conflicto surgió luego que la empresa cesara de sus funciones al presidente del sindicato, Jorge Fernández.
La empresa decidió el despido luego que la Justicia Penal lo condenara por el homicidio culposo de una persona, en un siniestro fatal ocurrido en Rocha. El dirigente sindical conducía un ómnibus de la empresa en momentos del accidente, explicó a EL PAÍS digital el abogado de Buquebus, Daniel Roca.
El abogado sostuvo que en la decisión "nada tuvo que ver la actividad gremial. El despido está fundado en la condena penal y en la notoria mala conducta que viene como consecuencia de la misma".
Augusto Victorica, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Transporte Terrestre por Autobús (Anetra) dijo a Subrayado que la empresa, tras el procesamiento, siguió pagándole el sueldo a Fernández, lo cambio de área, y cuando recuperó su libreta de conducir volvió a comandar un ómnibus de Buquebus. Cuando salió la sentencia, la empresa decidió despedir al sindicalista.
Guillermo Aguerre confió que en Buquebus "hace meses se practica persecución sindical" y consideró que la condena judicial no amerita el despido del funcionario.
No obstante, un comunicado de Buquebus (
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) sostiene que "el proceder que la empresa ha seguido en este caso se ajusta a derecho y se funda en una decisión judicial que condenó por homicidio al ex trabajador".
El comunicado sostiene que el juzgado penal actuante, previa acusación del Ministerio Público, condenó al conductor despedido "como autor penalmente responsable de un delito de homicidio culposo, a la pena de veinticuatro meses de prisión, con descuento de la preventiva cumplida, y de su cargo las accesorias legales previstas en el art. 105 lit. E del Código Penal".
La empresa sostiene que "la decisión judicial es contundente respecto a la responsabilidad del encausado en un gravísimo accidente que le costó la vida a un joven de 33 años y serias lesiones a la esposa de la víctima".
PROPUESTAS. Para desactivar el paro de 24 horas de todo el transporte nacional con el que amenazó la Unott, la empresa había ofrecido que Fernández pasara a seguro de paro hasta la Justicia se expida en segunda instancia sobre la condena. En caso que se ratifique el fallo, el trabajador será despedido.
Por otro lado, el gobierno ofreció que el trabajador tome licencia, que luego pase a seguro de paro y en ese tiempo se instale una comisión tripartita que estudie su caso y decida el desenlace, informó a El País el Ministro de Trabajo, Eduardo Brenta.
Finalmente, la propuesta que se aceptó, dijo Aguerre, fue que el trabajador tome licencia. El día de comienzo de la misma será el que el trabajador fue despedido. En este periodo, se debe llegar a una resolución.
CAOS. La Unott desplegó una serie de protestas en Tres Cruces, la Terminal de Río Branco y el Puerto de Montevideo demorando la salida y llegada de turistas en esos puntos.
La situación fue caótica y los ánimos se caldearon, pero pasado el mediodía comenzó a normalizarse la salida de los vehículos.
Más temprano, el ministro de Turismo, Héctor Lescano, había dicho a radio Carve que "a priori" el gobierno no descartaba adoptar ninguna medida, incluso la esencialidad del servicio, en caso de que se activara el paro.
"No se descarta ninguna de las posibles soluciones que tenemos, porque el Estado tiene la obligación de preservar el bien común y el interés de la mayoría de los ciudadanos", indicó el secretario de Estado.