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La noticia es de la máxima trascendencia: una serie de ciudadanos, "cansados de la zafralidad", han ocupado un campo en Bella Unión, desilusionados de esperar por un regalo al que creen tener derecho, y porque -sostienen- van perdiendo la batalla por la tierra iniciada en los 60. Los que al margen de la ley vienen desarrollando esta acción delictiva son trabajadores zafrales de la caña de azúcar, llamados comunmente "peludos".
No es de extrañarse que en esa zona haya mucha gente confundida acerca de los derechos de un ciudadano común, y de sus responsabilidades para con la sociedad. Así por ejemplo, la condición de trabajador en la caña ha valido el acceso a la tierra en la Colonia Raúl Sendic, y la de "peludo" la de poseer una fracción, por ejemplo, en el llamado campo de Placeres, que no sabemos si es o no una colonia formal. Honrar la ideología ha sido el mérito para tener tierra antes que tantos otros que no habiendo trabajado la caña pudieran querer un regalo de campo.
La confusión sigue porque además de tierra se les ha tenido que dar todo lo demás, accediendo así a un derecho que no tienen los ciudadanos de otras localidades o de otros rubros. El caso es que además éste, el de la caña, no sólo no resiste ningún análisis económico o simplemente agronómico, sino que para ponerlo en marcha hubo que destruir el sistema de precios por el que se rigen todos los ciudadanos. Así pues, cada año los productores, que son en realidad empleados del Estado y de Chávez, negocian con Alur un precio por su producción, sin referencia alguna al valor del azúcar en el mundo; se trata de una simple discusión referida a costos de producción, otra vez un privilegio del que nadie dispone, que pagamos luego los consumidores de azúcar o, en su caso, los dueños de Ancap que somos todos.
La ideología ha permitido soñar pues con un cultivo agronómicamente imposible, económicamente insustentable, socialmente fabricador de privilegiados, que además expande penosas confusiones. Así por ejemplo, si se planta caña en una zona del planeta equivocada, luego parece mucho menor que dentro del departamento de Artigas se la plante también por razones políticas más cerca de Brum que de Bella Unión, donde se suponía que había un microclima mejor. Es que cualquier análisis económico en esa zona no funciona porque nada se hace conforme a una administración responsable de recursos escasos. El tema no es menor porque cuando se genera una estirpe de ciudadanos privilegiados, para quienes no rigen las leyes económicas, el tema deja de ser económico y se transforma en una injusticia que va mucho más allá del encarecimiento derivado del 35% del arancel de hoy, o de los precios mínimos de ayer. Y es esta confusión total promovida por el gobierno la que está en la base de esta ocupación de tierras a un ciudadano brasileño que trabaja en el país hace 40 años.
El gobierno tiene aquí la oportunidad de reaccionar rápido y mostrarnos a todos que la institucionalidad funciona, que el derecho de propiedad rige, que la justicia no se atropella, que las formas de transferir el dominio son las que marca la ley, y no la lucha de los 60, o la condición de peludo, o la ocupación violenta, o la de miembro de un sindicato. Ante la generalizada sensación de que en el país no funcionan adecuadamente ni la justicia ni la seguridad, y que todo ello deriva de la tolerancia ideológica del gobierno, la oportunidad se plantea para poner en práctica lo expresado oficialmente para la tribuna del Conrad.
El atropello de esta gente viene de una confusión alentada desde el gobierno sobre el origen de los delitos, sobre el alcance de la propiedad, sobre el accionar de los jueces. En los últimos quince años un área equivalente a 13 millones de hectáreas cambió de titular de su explotación, entre ventas y arrendamientos. Esta enorme transformación, desarrollada en un contexto general de crecimiento y en paz, es poco conocida. Por ella mucha gente llegó a la explotación de la tierra dentro del derecho y del sistema capitalista. Sin atropellos, sin atajos. Como corresponde.









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