Varios estados se suman contra la inmigración

PHOENIX | AP

Varias cosas cambiaron en Arizona después de la aprobación de la ley contra inmigrantes y muchos se fueron por sentirse discriminados. Igualmente, las criticadas iniciativas para controlar el ingreso de ilegales se mantienen en ciertos estados.

Luis Carlos Arellano notó que tras la aprobación de la controvertida ley para combatir a los indocumentados varios negocios hispanos cerraron. Oía hablar de inmigrantes que hacían las maletas y se mudaban a Nuevo México. Se cancelaron cumbres y conferencias de negocios. Y empezó a ver que la oficina del vicealcalde para la cual trabajaba recaudaba menos en impuestos.

"Fue un año muy agitado", dijo Arellano, de 26 años, y quien hasta diciembre trabajó como coordinador de asuntos hispanos del vicealcalde Michael Nowakowski y ahora planea montar una empresa de consultoría política.

La ley SB 1070 exige a la policía que, al hacer cumplir las leyes, investigue el estatus migratorio de aquellas personas que sospecha podrían estar en el país ilegalmente.

Generó muchos temores y hubo hispanos se fueron del estado. El Centro Hispano Pew (PHC, Pew Hispanic Center), con sede en Washington, asegura que en Arizona había unos 500.000 inmigrantes indocumentados en 2008 y que en 2010 el número cayó a 400.000, aunque la mala economía podría ser también uno de los factores de la marcha.

Si bien la ley de Arizona está siendo debatida en las cortes, en al menos 20 estados se han presentado proyectos inspirados en la SB 1070. En cinco de ellos -Indiana, Kentucky, Misisipí, Nebraska y Carolina del Sur- hay posibilidades de que estas leyes sean aprobadas, según los últimos datos del Foro Nacional de Inmigración, una organización de defensa de los derechos de los inmigrantes que monitorea la situación en cada estado.

Legisladores de estos estados aseguran que están llenando un vacío. Dicen que si el gobierno nacional no hace lo suficiente para frenar la llegada de indocumentados, no tienen más remedio que ponerse manos a la obra ellos mismos y aprobar sus propias medidas.

"Lo que estamos viendo es que hay varios legisladores como yo que están básicamente hartos de la incapacidad o falta de voluntad del gobierno para solucionar el problema de la inmigración ilegal, que francamente, está fuera de control", dijo Randy Terril, un republicano miembro de la cámara baja de Oklahoma.

"Yo lo llamo federalismo en acción: los estados asumen la responsabilidad porque el gobierno nacional no puede o no lo hace", aseguró Terril.

El republicano presentó una medida llamada "Arizona Plus", que además de contener los mismos elementos que la ley de Arizona, permitirá la incautación de los vehículos o propiedades usados para transportar, proteger o esconder a indocumentados, entre otras cosas.

"Trataríamos a los inmigrantes ilegales como contrabando humano. En la práctica, no es distinto de cuando alguien transporta algún otro tipo de contrabando, como drogas ilegales, o usan su propiedad para facilitar algún delito", dijo Terril. La medida ha sido aprobada en el Senado estatal, pero aún no ha de llegar a la cámara baja de Oklahoma.

La llegada de más republicanos a las asambleas estatales han propiciado las iniciativas, aseguran los activistas. Muchos legisladores argumentan que los indocumentados aumentan los niveles de criminalidad y dejan a los estadounidenses sin trabajo.

Los esfuerzos para frenar la llegada de indocumentados se han reflejado también en las propuestas de anular la ciudadanía estadounidense automática a bebés nacidos en el país con padres indocumentados. Legisladores de Oklahoma, Georgia, Arizona, Pensilvania y Carolina del Sur ofrecieron una conferencia de prensa conjunta en enero para promover esa propuesta, que algunos sectores califican de inconstitucional.

Organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes -reunidas en una coalición de 800 agrupaciones llamada Reforma Migratoria PRO América- están trabajando con organizaciones locales para frenar las propuestas estatales.

"Hay muchos deseos de imponer mano dura en temas de inmigración", opinó Katherine Vargas, portavoz del Foro Nacional de Inmigración. "Y hay estados que no se sienten inhibidos por el enredo jurídico que tiene Arizona".

Grupos como el suyo alegan que las medidas ya han costado millones de dólares a los estados. Un estudio del Centro para el Progreso Estadounidense reportó en noviembre que Arizona perdió los 217 millones de dólares que se hubieran gastado los participantes en convenciones que se organizarían allí pero que fueron canceladas al anunciarse la ley SB 1070.

Debido a esas cancelaciones se perdieron también 4.236 puestos de trabajo, dejaron de ingresar 133 millones de dólares a la economía local y la recaudación de impuestos bajó 14,4 millones de dólares en los meses posteriores a la firma de la ley por la gobernadora Jan Brewer, según reportó el estudio "Stop The Conference".

"Otros estados que consideran legislación migratoria deberían evitar tomar medidas apresuradas como la SB 1070 y entender las consecuencias económicas y fiscales potencialmente desastrosas de esa decisión", señaló el reporte. Hace pocos días el senador Russell Pearce presentó en Arizona un nuevo paquete de medidas -el SB 1611- que obligaría a los padres a demostrar que sus hijos están legalmente en el país cuando los ingresan en la escuela, entre otras propuestas que ya generaron protestas.

INFORME. A todo esto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por el impacto que la creciente detención de migrantes en Estados Unidos y el rápido incremento de leyes migratorias. En el informe sobre "Inmigración en Estados Unidos: Detenciones y debido proceso", divulgado el jueves pasado, la CIDH indicó que el impacto se registra "principalmente con relación al derecho a la representación legal que afecta directamente el derecho a solicitar la libertad", por lo cual es necesario ampliar las alternativas a la detención. Señaló que en muchos casos la detención es una medida "desproporcionada".

El presidente de la CIDH y relator para los derechos de trabajadores migrantes y sus familias, Felipe González, explicó que las condiciones de detención de los inmigrantes se asemeja a las de los imputados en causas penales, con la diferencia de que no tienen derecho a representación legal. "Ellos tienen lo peor de los dos mundos", señaló. Según el documento, "no hay un sistema genuinamente civil en que las condiciones generales cumplan con los estándares de respeto por la dignidad humano; tampoco se dan las condiciones especiales requeridas para casos de detención no punitiva". El informe de 182 páginas señaló que la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) no ha desarrollado una supervisión adecuada para garantizar que la aplicación local de leyes migratorias no incurran en discriminación mediante "el uso de perfiles raciales".

El director de ICE, John Morton, dijo ante el Congreso que su despacho deportó más de 779.000 personas -cifra sin precedentes- en los años fiscales 2009 y 2010. La CIDH concluyó el reporte en agosto de 2010, tras visitar centros de detención en Arizona y Texas.

"Con la SB 1070 se rompió el tejido social que existía en Estados Unidos"

Según Jennifer Allen, directora ejecutiva del grupo Border Action Network, en Tucson, Arizona, la ley SB 1070 "deshumanizó" a muchos inmigrantes que contribuían al desarrollo del Estado y promovió el racismo.

La organización de Allen creó un línea telefónica a la que se puede llamar para reportar diversos "casos de abusos" por parte de las autoridades del Estado.

Desde mayo de 2010, unas 100 personas han hecho denuncias, pero Allen sospecha que la cantidad de abusos es mayor, ya que muchos hispanos no se atreven a llamar. Allen dijo que la gente que habla español en espacios públicos siente ahora que está siendo observada y que la ley ha restringido las vidas de muchos.

"La gente no quiere aventurarse muy lejos de sus casas", dijo. "Se ha roto el tejido social que existía", agregó.

El mexicano Luis Carlos Arellano, que llegó a Arizona con su familia a los cinco años, piensa algo similar. "Los hispanos tomaron esa ley de forma muy personal. Afectó su moral", manifestó el inmigrante. AP

Las cifras

400 Son los miles de inmigrantes indocumentados que había en Arizona en 2010, 100.000 menos que en 2008, según el PHC.

800 Son las organizaciones que forman la coalición Reforma Migratoria Pro América, que intenta frenar propuestas estatales.

14,4 Son los millones de dólares que se dejaron de recaudar en impuestos en Arizona después de la aprobación de la ley SB 1070.

779 Son los miles de personas que la Oficina de Información de Aduanas deportó en 2009 y 2010, una cifra inédita.