Jueza rechaza acusación de la Aduana argentina

La jueza de Fray Bentos, Livia Pignataro, negó que su intervención en un caso de narcotráfico haya perjudicado una investigación que se estaba llevando a cabo en Argentina, tal como lo aseguró la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) del vecino país.

"En ningún momento la actividad de la Justicia uruguaya entorpeció las pesquisas de AFIP como erróneamente se afirma en un comunicado publicado en el sitio web de dicha dependencia estatal argentina", indicó la jueza en una declaración enviada a El País a través de la División de Comunicación Institucional de la Suprema Corte de Justicia.

Según la nota, "tampoco hubo intromisión de la Justicia uruguaya en cuestiones que no eran de su competencia sino que, por el contrario, se actuó siempre en el marco de la normativa vigente". Agrega que tal situación "surge con claridad" en la resolución de la magistrada mediante la cual el pasado 14 de marzo procesó a cuatro personas por el delito de "importación de estupefacientes".

Para la AFIP, la intervención de la jueza Pignataro, que ordenó los procesamientos luego de que los implicados fueran detenidos por la Prefectura uruguaya con casi seis kilos de cocaína en el puente internacional de Fray Bentos, perjudicó la investigación que se estaba realizando en Argentina en torno a esa organización que se dedicaba al tráfico de drogas "con triangulaciones en España y Uruguay".

Según la visión de la AFIP, la actuación de la magistrada uruguaya constituyó una "intromisión" que "impidió el normal desarrollo de las investigaciones", que en Argentina son dirigidas por el juez federal en lo penal económico, Gustavo Meirovich.

El organismo oficial argentino, en un comunicado divulgado en su página web, aseguró que la "megabanda" de narcotraficantes planeaba "cambiar las rutas de viaje sumando a Uruguay como nuevo origen e inclusive iban a comenzar a utilizar cruceros de lujo en lugar de la vía aérea", según el comunicado de la AFIP.

A raíz de este episodio, la Cancillería argentina solicitó al cónsul en Fray Bentos, Raúl Sosa, que realizara gestiones ante la magistrada Pignataro, aunque no hubo resultados concretos para los investigadores del vecino país.

Además, según la AFIP, el "altercado" se está resolviendo por la vía diplomática. Sin embargo, una fuente de la Cancillería uruguaya consultada ayer por El País, afirmó que no existe ninguna queja formal de parte del gobierno argentino.

"La jueza uruguaya actuó correctamente porque el hecho ocurrió en Uruguay. En todo caso, las autoridades argentinas tendrían que pedir las extradiciones de los implicados", indicó la fuente, que pidió no ser identificada.