Los "femicidios"

Julia Rodríguez Larreta

Por favor no hablen más de crimen pasional", es un pedido reiterado de quienes se dedican a la lucha contra la violencia doméstica. "Hay que hablar de asesinato, de crimen, de femicidio" insisten con razón, ya que el lenguaje es el gran vehículo de transmisión cultural y hay que utilizarlo con cuidado para no caer en viejos clichés que en el fondo responden a parámetros culturales de dominación machista. Ese arrebatarle la vida a su compañera, a su mujer, es la culminación de ese anhelo de poder sobre la otra persona y en la mayoría de los casos es una mujer la que muere, siendo la actual o la expareja, el victimario.

No ha terminado aún el año y en este Uruguay de escasa población, ya han muerto de esta forma 38 mujeres, según información que recoge el Centro Interdisciplinario Caminos, una ONG especializada en esta tarea.

Así como toda la población quedó espantada con la crueldad de unos niños que torturaron hasta matarla, a una pobre perra y la sociedad reaccionó fuertemente, sobre todo a partir de la morbosa filmación y posterior transmisión del aberrante hecho, no se nota algo equivalente cuando aparece la noticia de que una mujer ha muerto a manos de su concubino, su anterior pareja, o su marido. Tal vez se deba a que de tan reiterado el episodio -un promedio de más de tres muertes por mes en lo que va del 2011- ya no llama la atención, al mismo tiempo que la indiferencia va creando una caparazón impenetrable en mucha gente, grandes y chicos, a fuerza de absorber cada día ingentes dosis de violencia a través de los noticieros y otros programas de la televisión, de juegos y entretenimientos varios, cuando no, desde el propio entorno.

Y lo peor es que no hablamos de ficciones, sino de una tremenda realidad que requiere de mayor esmero por parte de las autoridades, si tenemos en cuenta, según lo dicho por el Ministro del Interior, Eduardo Bonomi, que del total de homicidios ocurridos el año pasado, 85% ocurrieron en un contexto de violencia de género. Sin embargo, no se percibe una política de Estado, un verdadero compromiso para poner en práctica todos los mecanismos que se requieren para contener este flagelo, tal como lo afirma alguien interiorizado en el tema, la coordinadora de la Red Uruguaya Contra la Violencia Doméstica y Sexual, Roxana Medina, en la nota aparecida el martes pasado en este diario, al manifestar que en la respuesta de las instituciones "existen deficiencias" y en el Ministerio "no es de principal preocupación el combate contra la VD". Actitud que naturalmente repercute en el sistema.

En el 2002 se sancionó la ley de Violencia Doméstica (17514) y ella significó un avance en la materia, pero hoy está claro que hace falta lo que se llama una ley integral, como hay en otros países del mundo occidental, que abarque desde los agresores, hasta la protección de las maltratadas o amenazadas, sanciones más severas, seguimiento y preocupación por los huérfanos. Es necesaria la existencia de una política sistémica, que contribuya a mejorar la capacidad de los jueces y los operadores del Poder Judicial, así como de las fuerzas del orden, tanto para el diagnóstico y análisis de los casos, como para la prevención o el castigo.

En la actualidad, las denuncias han aumentado notablemente en comparación con otros tiempos y es posible que se deba a que el ambiente de violencia ha ido en aumento o a que ha comenzado a levantarse el velo, (no del todo) que solía ocultar estos tratamientos vejatorios de la dignidad humana, ya sea por miedo o por ignorancia, en especial de los derechos individuales. Hoy se puede acudir a los juzgados de familia creados en el 2004, (existen solo en Montevideo) y a cualquier comisaría, en lugar de las dos "de la mujer" destinadas anteriormente. Esto ofrece una ventaja de cercanía, pero también implica que no siempre las personas que reciben la denuncia estén debidamente capacitadas, pues es alta la rotación del personal, aparte de que no se la ha prestigiado en la carrera. A la vez, los juzgados se hallan desbordados, de acuerdo a declaraciones de los propios integrantes del Poder Judicial, dado que en ellos se presentan también las demandas contempladas en el Código del Niño, que abarcan desde el abandono hasta el maltrato, la violencia sexual y los delitos cometidos por menores de 13.

Hace varios meses, la prensa dio cuenta del anuncio del Ministro de una próxima utilización de pulseras electrónicas, el método más eficaz para proteger a las posibles víctimas de sus agresores. Se requiere un buen montaje con monitoreo y GPS, pero hasta ahora, ni siquiera se ha hecho la licitación para adquirirlas.