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SERGIO ABREU
La OCDE, una organización de Cooperación Internacional, conocida como la Sociedad de los países ricos, ha colocado al Uruguay desde hace un tiempo, en una lista gris, que supone que la conducta fiscal del Estado uruguayo no tiene la transparencia necesaria para combatir la evasión tributaria de grandes capitales volátiles. El último informe de la OCDE nos asimila al sultanato de Brunei y a otros Estados argumentando que no han superado las pruebas que impiden un debido acceso a la información tributaria. Es más, el mantenimiento del Uruguay en esta lista gris se acompaña con amenazas de esta organización de aplicar sanciones futuras.
Nadie podría estar en contra de la lucha contra la evasión tributaria, el lavado de dinero y menos aún con su vinculación con el crimen organizado. Aunque -reconozcamos- la crisis global que estamos atravesando se debe a la inconducta, la especulación y la ausencia de todo control en los sectores financieros de los países desarrollados. Fue en los Estados Unidos, en Europa y en las zonas de mayor prosperidad y desarrollo donde se produjeron las crisis que llevaron al mercado mundial a la más profunda incertidumbre. Quebraron los bancos, las empresas de seguros, los sistemas hipotecarios, se produjeron los sacudones de las economías de los EE.UU. y Europa y subsiste una creciente sensación de que cada día es más difícil recuperar la estabilidad de las monedas más importantes del mundo.
Frente a esta situación siempre se busca un chivo expiatorio, ya sea un sistema, una serie de instrumentos e incluso la identificación de algunos Estados, a los que se los coloca en listas negras y grises que hacen las veces de un destierro ético y moral para ellos en la comunidad internacional.
Como sucede en tantas áreas, los países y las economías más fuertes quieren buscar los culpables de sus errores y de sus inconductas en los más débiles, en los que cumplen con el Derecho, y en el caso del Uruguay en especial, en un país que atrae las inversiones, no basado en el oscurantismo sino en la confianza que despiertan sus instituciones, sus reglas de juego y fundamentalmente, la independencia de su función jurisdiccional que no se somete a la presión del Poder de turno.
Pero eso poco le importa a los poderosos del mundo, a los socios de Gaddafi, de Mubarak, a los especuladores, a los oscuros capitales que financian el gobierno de las grandes potencias y las impulsan luego a perseguir y a estigmatizar a países, como el Uruguay, que tienen más dignidad que fuerza económica y más transparencia que este selecto grupo de hipócritas que, amparados en una organización de cooperación, sólo defienden sus propios intereses y viven de sus rencores más menores.
El foro mundial sobre transparencia a nivel tributario aplica con insensibilidad burocrática y cinismo político el artículo 26 del modelo de la OCDE para concluir que el Uruguay todavía no ha completado los doce acuerdos de doble tributación o información tributaria con que se lo extorsiona para sacarlo de la lista gris. Es más, agrega que sería importante celebre estos tratados con los "socios relevantes" del Mercosur, léase Argentina y Brasil. Conclusión sintomática, que no debe ser ajena a la mano negra de algún vecino que se caracteriza más por perseguir a quienes no son amigos de su gobierno que a alcanzar la transparencia en el sentido integral de la expresión ética.
Pero, lamentablemente, al socaire de este escenario el gobierno uruguayo ha salido rápidamente a asegurar que hará los deberes que la OCDE le impone y que buscará todos los mecanismos posibles para complacer este absurdo e inconsistente planteo. El Poder Ejecutivo no puede seguir zigzagueando en este tema. Menos aún cuando el Uruguay ha celebrado acuerdos con Alemania, México, España, Suiza y Francia entre otros, sin insistir con la fuerza suficiente en que el Uruguay no fue nunca ni es actualmente un paraíso fiscal. Que tampoco entró en default como lo hizo la Argentina, ni se enfrenta a una seguidilla de destituciones, renuncias y acusaciones por corrupción como sucede en el Brasil. Que salió de la crisis no sólo con transparencia, sino con una visión responsable que lo ha transformado en un "paraíso", no precisamente fiscal. Por eso, a pesar de las serias discrepancias que tenemos con el gobierno, no podemos disimular la indignación que despierta esta prepotencia farisaica asociada a las pequeñas revanchas de los que falsamente proclaman una hermandad cada día más cuestionada.
No es el caso de responder con agravios, y tampoco de ignorar que los poderosos siempre pueden más aunque no tengan razón; pero aceptar que al Uruguay se lo trate de la manera con que la OCDE lo hace y nuestros dos socios del Mercosur lo permiten (y lo aplauden), tiene su límite. Y que sólo puede canalizarse con el respaldo a una posición tan firme como serena de todo el sistema político en preservar el capital moral que tanto tiempo nos ha llevado construir.










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