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HERNÁN SORHUET GELÓS
El deterioro de la educación pública uruguaya es una triste realidad que preocupa a amplios sectores de nuestra sociedad.
Los resultados están a la vista. Han demostrado que no alcanza con asegurar una educación pública laica, gratuita y obligatoria -durante la niñez. Hace falta mucho más para construir una sociedad educada, ilustrada, más justa y preparada para enfrentar los desafíos de los tiempos modernos.
A la generalización y democratización de la educación hay que agregarles valores y contenidos de la más alta calidad posible. Hoy esos componentes esenciales de toda buena educación, están presentes en escasa proporción. Lo que significa que se está desperdiciando lastimosamente todo el tiempo, el dinero y las capacidades humanas invertidas en el proceso; en otras palabras: está en serio riesgo el futuro de nuestros jóvenes.
Ignoramos cuánto tiene que ver el deterioro de la educación con la creciente pérdida de valores, la violencia y la intolerancia que día a día parecen ganar terreno en esta sociedad.
Al mismo tiempo, no podemos subestimar el profundo cambio ocurrido en la estructura y el funcionamiento de las familias, realidad que perturba las relaciones afectivas e impacta en las personalidades y comportamientos de las personas, en especial de las más vulnerables -por edad, personalidad y salud.
La educación en nuestro país, que fuera ejemplo y referente en Latinoamérica, ha dejado de serlo.
Silenciosamente seguimos perdiendo lo que va quedando de muchos de los logros del pasado -que tanto nos enorgullecieron e impulsaron a seguir superándonos- paradojalmente cuando los desafíos de inserción laboral y realización personal exigen, como nunca, ir tras la excelencia.
La consecuencia más dura del problema es que este proceso descendente, está provocando un aumento en la brecha entre la calidad de la educación a la que pueden acceder los sectores pudientes de la sociedad, y los menos favorecidos.
Como dice el refrán: "no hay peor ciego que el que no quiere ver". En este caso es aplicable a las autoridades educativas y de gobierno, quienes no dejan pasar ninguna oportunidad para relativizar el problema y justificar lo que está sucediendo; aunque, al mismo tiempo, también ellas optan por la educación privada de mejor calidad, cuando se trata de sus hijos y nietos.
No hay tiempo que perder. Cada día cuenta porque los niños y jóvenes formados en un sistema empobrecido resultarán muy perjudicados, y estas carencias son muy difíciles de subsanar.
La magnitud del problema es tan grande que se necesitará tomar medidas de fondo, audaces y valientes, contando con los mayores consensos posibles, para que no se posterguen las soluciones, ni se neutralicen los buenos intentos de transformación propuestos.
Mientras los grandes responsables de las políticas educativas no se deciden a dar el golpe de timón que le cambie el rumbo a la educación de este país, el daño avanza y aumenta el número de víctimas.



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